La privatización de la guardería municipal pone en peligro ocho puestos de trabajo

Preocupación y cabreo mayúsculo. Las trabajadoras de la guardería municipal de la ciudad tildaron ayer de «encerrona» la decisión del equipo de Gobierno socialista de «privatizar» este centro. Una decisión que, según entienden, provocará el despido de las ocho empleadas actuales ya que la empresa que obtenga la nueva concesión tendrá plena libertad a la hora de gestionar este espacio. 

El cambio de modelo de gestión de la guardería municipal es una de las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Soria, dentro del plan de ajuste que aprobó el viernes y que remitió  ese mismo día al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una decisión que han tenido que tomar para poder acogerse al plan Montoro y pagar los 8,2 millones de euros que deben, en facturas anteriores al 31 de diciembre. Concretamente,  el Consistorio pega un tijeretazo de 165.000 euros -cantidad anual que venía abonando- a este servicio. 

La concejal de Acción Social, Cooperación e Igualdad, Ana Alegre, mantuvo ayer una reunión con los padres de los niños para informarles de la situación. Se trata del segundo encuentro que tiene la edil socialista, ya que el viernes por la tarde, una vez aprobado el plan de ajuste, mantuvo una cita con el personal de la guardería. 

Las trabajadoras, que prefirieron realizar una declaración conjunta para que su queja no fuera personalizada en ninguna de ellas, criticaron ayer que «la privatización» de la guardería provocará el despido de las ocho empleadas porque «una empresa privada no puede mantenernos a todas». Además, denunciaron que el Ayuntamiento les ha «engañado» porque hace mes y medio les confirmó delante de los sindicatos que su continuidad estaba garantizada.

«Si al Ayuntamiento no le salen aquí las cuentas, a ver a que empresa sí le salen», comentó ayer una de ellas, para subrayar después que no es descabellado que la guardería se pueda cerrar al año que viene si ninguna compañía se interesa por su gestión. 

Por su parte, Alegre defendió que lo que hace el Ayuntamiento es «cambiar la gestión» de un servicio, que no es de su competencia, para reducir los costes. «El contrato con la actual empresa termina en septiembre. Si no hubiéramos decidido cambiar la forma de gestión ese mes tendríamos que volver a adjudicar el servicio y se podría dar a la empresa actual u a otra, por lo que su empleo tampoco estaba asegurado». 

Alegre negó que el Consistorio  garantizara el empleo a estas trabajadoras hace meses, e insistió que «no vamos a cerrar la guardería, sino cambiar la forma de gestión», para reducir los 5.000 euros que venían abonando por cada uno de los 43 niños matriculados. 

La concejala adelantó que «el Ayuntamiento va a asumir en la próxima concesión parte de los gastos de gestión -mantenimiento y y limpieza- para que el contrato sea más atractivo para las empresas». Además, el equipo de Gobierno estudia una línea de financiación para los niños que, a partir del curso que viene, vayan a este centro.

Ante el futuro de las ocho trabajadoras, la concejala dijo que remitirán sus datos a la empresa que se haga con el servicio, para intentar que sean contratadas, ya que considera que «están haciendo un buen trabajo».