El CGPJ propone reducir de 3 a 1 los partidos judiciales en Soria

La provincia de Soria podría pasar de tener tres partidos judiciales a sólo uno. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el jueves los principios básicos por los que se va a regir la nueva demarcación judicial. La idea es reducir los 431 partidos que hay en España hasta los 190 o 200. 

Esta propuesta, que está suscrita por los vocales Manuel Almenar, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Gabriela Bravo, todavía no es definitiva, ya que se tendrá que abordar por la institución en una reunión plenaria, de carácter extraordinario, que tendrá lugar el próximo 3 de mayo. Ese día está previsto que salga el primer borrador del nuevo mapa judicial.

Soria cuenta en la actualidad con tres partidos judiciales: Soria, El Burgo de Osma y Almazán. Si prospera el proyecto del nuevo mapa judicial, que tiene la intención de sustituir a la ley vigente de Planta y Demarcación Judicial de diciembre de 1988, sólo seguirá vigente el de la capital. Hay que recordar que, tal y como apuntó ayer el abogado José PedroGómez en declaraciones para este periódico,  anteriormente Soria llegó a tener cinco partidos judiciales. A los tres actuales, se sumaban entonces los de Ágreda yMedinaceli.

El Consejo General del Poder Judicial sostiene, a través de un escrito de dos páginas que se aprobó el jueves y al que ha tenido acceso este periódico, que hay que «abrir un debate» sobre el diseño territorial vigente en la actualidad, porque «ya no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda transformación». «La propuesta necesita ser entendida no de manera aislada, sino como un pilar más de la reforma estructural que necesita la Administración de Justicia española».

Entre otros parámetros, apuntan que el nuevo mapa de partidos judiciales debe ajustarse a una serie de requisitos. Subrayan que a partir de ahora «la atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios», y recalcan que «las circunscripc

iones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes».

Además de apuntar que la reordenación debe respetar «los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona», señalan que «la separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho juzgados para garantizar un funcionamiento correcto de la administración de Justicia, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra».

En principio, tal y como apuntó el jueves la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en una declaraciones recogidas por Europa Press, la nueva demarcación judicial «más que hablar de la desaparición de juzgados, habla de reagruparlos, con el objetivo de mejorar el servicio». En este sentido, Bravo recalcó que la idea es no cerrar los edificios, sino darles más utilidad. Todo apunta, de acuerdo a esas declaraciones, que la idea pasa por concentrar los juzgados y especializarlos, para aprovechar así al máximo las infraestructuras actuales.

En su propuesta, el Consejo concluye que la implantación de un nuevo mapa judicial «debe ser progresiva, flexible y en el marco de una reforma global mucho más ambiciosa de la administración de Justicia que atienda a la necesidad de ruptura del vínculo juez/juzgado con la implantación de los tribunales de instancia».

Además, el CGPJ apuesta por «una Justicia titular profesional con relegación de la interina a supuestos excepcionales, que facilite un despliegue flexible y ordenado de la oficina judicial, y  que permita el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías como medio de comunicación y garantía de accesibilidad y transparencia».

El pleno del jueves se limitó a la aprobación de los criterios que van a regir el diseño del nuevo mapa judicial. Además, se acordó dar dos semana de plazo para que los vocales que lo deseen puedan proponer cuantas observaciones estimen oportunas. Tienen de plazo hasta el 3 de mayo, cuando se aprobará un primer borrador del nuevo mapa, que será remitido a los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia.