Dos años para 1.502 despidos en España-Duero

 

Las condiciones impuestas a CEISS por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea van en línea con la que ya aplicó a los cuatro bancos que han sido nacionalizados y que recibirán el grueso de la ayuda europea. Deberán reorientar su negocio a la concesión de créditos y depósitos a hogares y pymes y tendrán que reducir su vinculación con el negocio inmobiliario hasta un nivel «marginal».

Además, Banco CEISS tendrá que reducir el tamaño de su balance en un 30% con respecto al que tenía a finales de 2010. Esto supone un recorte del negocio próximo a los 1.270 millones de euros.Además, deberá eliminar 263 oficinas y despedir a 1.502 trabajadores, tal y como adelanto EL MUNDO y que ayer fue confirmado por el banco a la CNMV.

El plan aprobado por Bruselas era el esperado por Caja España-Duero y Unicaja, lo que mantiene intactas las expectativas de la fusión. No obstante, si se produce ésta será en condiciones más severas para el banco regional. Los consejos de ambos bancos analizarán hoy la decisión de Bruselas.

Si no prospera la fusión, la opción sería que CEISS siguiera en solitario e incluso con nuevas alianzas. Si Braulio Medel abortara la fusión, para 2017 el Frob deberá haber vendido su participación en CEISS a inversores privados y el negocio bancario se limitará a las zonas geográficas donde las entidades integrantes han operado tradicionalmente, es decir, a Castilla y León.

Los 604 millones de euros que recibirá la entidad representan menos de un 30% de las necesidades extra de capital que detectaron las pruebas de resistencia del pasado mes de junio (2.063 millones). Bruselas estima que el banco podrá obtener los fondos restantes con las desinversiones anunciadas por la compañía, la venta de activos inmobiliarios al banco malo (Sareb) y la conversión de participaciones preferentes y deuda subordinada en acciones con un descuento significativo.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, no especificó cuál será el descuento aplicado a ese canje de títulos y deja en manos de las propias entidades, junto con el Banco de España, la decisión de fijar el precio. Mientras tanto, CEISS no podrá pagar a sus clientes los cupones hasta que no se decida la depreciación.

Almunia recordó que muchos de estos títulos se han colocado mediante «abusos y engaños» pero se mantiene inflexible en la imposición de que esta operación se haga con un coste para el inversor que los compró: «Las autoridades españolas deberán encontrar las fórmulas para compensar a los clientes que han sido engañados», zanjó.

El reparto de cargas entre el contribuyente y los accionistas de estos bancos es un requisito imprescindible para que se produzca el préstamo procedente del fondo europeo de rescate. Y las condiciones también se aplicarán al equipo gestor, que tendrá las retribuciones limitadas conforme al decreto que aprobó el Gobierno a principios de este año.

Tampoco podrán pagar los intereses de deuda subordinada hasta que se haya hecho el canje en acciones.

El proceso de reestructuración, que se prolongará durante los próximos cinco años, será vigilado «estrechamente» por la Comisión Europea, según advirtió Almunia. Y eso implica una supervisión directa sobre las ofertas que CEISS y las otras tres entidades hacen a sus clientes, de tal forma que no podrán ser agresivas ni ofrecer, por ejemplo, depósitos con tipos de interés más elevados que los de sus competidores.

Con estos 604 millones de euros adicionales, que serán entregados previsiblemente en enero, CEISS habrá recibido un total de 4.322 millones de euros en ayudas públicas, de los cuales 1.129 son inyecciones de capital (en 2011 el FROB emitió bonos convertibles por valor de 525 millones) mientras que otros 3.193 millones corresponden a los avales que el Estado dio a las emisiones de deuda.