Mínguez dice que el Ayuntamiento se ajusta a la legalidad en el cobro del IBI

«Nosotros tenemos la certeza de que lo que vamos a hacer se ajusta a la legalidad vigente». Así respondió ayer Carlos Martínez Mínguez al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española que aseguró el pasado jueves que el Ayuntamiento de Soria no puede cobrar el IBI a la iglesia. «No vamos a transgredir ninguna obligación legal, pero tenemos los informes de los servicios jurídicos y económicos de la Casa de que existen 18 inmuebles que hoy por hoy son propiedad del Obispado que tienen la obligación legal de ajustarse a las cuentas y los recibos que se pasen desde el Ayuntamiento de Soria, y eso es lo que vamos a hacer», explicó.

El regidor soriano evitó entrar en una discusión con la Conferencia Episcopal pero advirtió que «el Ayuntamiento de Soria está en la obligación moral y legal de trasladar y cobrar esos 18 inmuebles de la iglesia y ocho de la Diputación provincial». El Consistorio remitió esta semana un listado con dichos edificios tanto al Obispado como a la Institución Provincial en el que se les daba 10 días de plazo para presentar alegaciones al cobro del IBI. Martínez Mínguez confirmó ayer que «hasta la fecha» ninguno de los dos han alegado nada al Ayuntamiento.

Respecto a las declaraciones del presidente de la Diputación, Antonio Pardo, en las que acusó al Consistorio capitalino de una irresponsabilidad por no haber cobrado el IBI en los últimos años, Martínez Mínguez respondió que «puede llevar razón». «Nosotros hemos detectado demasiadas irregularidades durante demasiado tiempo en este Ayuntamiento, algunas en los primeros días, otras en los primeros meses y otras con el tiempo en cada una de las revisiones de los distintos departamentos que estamos desarrollando», aclaró el alcalde que explicó que «dentro de ese margen de revisión si la Diputación tiene alguna obligación fiscal con este Ayuntamiento que hemos detectado ahora mismo, estamos en la obligación de subsanarlo y en esa línea lo vamos a solventar». «Más allá de eso no voy a confrontar con el señor Pardo, que pague lo que le pasemos si es acorde a la legalidad y punto», añadió.

Carlos Martínez Mínguez advirtió además la posibilidad de cobrar el IBI de años pasados al Obispado y a la Diputación. «Haremos lo que marque la legalidad. Lo que no haya prescrito lo podremos cobrar con carácter retroactivo y lo que no, no», explicó el alcalde que negó que se trate de una decisión política. «Se ha detectado una irregularidad con respecto al compromiso fiscal que tienen algunas instituciones con este Ayuntamiento y la regularización pasa por intentar exigir el cumplimiento de este pago en aquellas situaciones que no hayan prescrito», manifestó.