Heraldo-Diario de Soria

TRIBUNALES

La Audiencia ve indicios de delito en los tocamientos del sacerdote

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Publicado por
J. R. R.
Soria

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 La Audiencia Provincial ha ordenado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán la reapertura de la investigación sobre el sacerdote que impartía clases de Religión en Medinaceli, y que fue apartado temporalmente de la docencia, al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido los presuntos abusos sexuales a cuatro menores que denunció la Fiscalía. El Juzgado de Almazán no consideró, según el auto emitido en octubre, que el profesor hubiera cometido los presuntos abusos sexuales a cuatro alumnas del CEIP de Medinaceli y decretó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar la juez, María Luisa García, que «no existen motivos suficientes para atribuir la perpetración de los presuntos abusos sexuales a J.S.T.».  

Contra este auto, emitido con fecha del 18 de octubre, presentaron sendos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Soria el Ministerio Fiscal, que presentó una denuncia en el mes de abril contra el profesor por un presunto delito contra la libertad sexual de menores de 13 años, y la acusación particular que representa a dos de las menores.

Ahora, la Audiencia Provincial ha acordado estimar los recursos al considerar que pueden existir indicios de delito y ordena al Juzgado de Almazán que reabra la investigación del caso que comenzó el 4 de marzo cuando el sacerdote, hasta entonces párroco en la localidad de Morón de Almazán, fue apartado de la docencia por parte de la Dirección Provincial de Educación que, además, trasladó al Ministerio Fiscal un informe de los presuntos hechos denunciados por tres alumnas.

En el auto dictado ahora por la Audiencia, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que a juicio de la sala, de las diligencias de instrucción practicadas hay «indicios contra el recurrido que justifican que deben continuarse las diligencias previas al considerar la sala la posible existencia de hechos que pudieran considerarse constitutivos de infracción penal». Además, la sala matiza que «la conclusión del auto recurrido se basa en una ponderación y valoración de las diligencias practicadas en fase de instrucción, lo que, hay que decirlo desde ahora, excede de dicho trámite procesal de instrucción en el que se encuentra la causa». Y puntualiza que «una cosa es que no exista prueba, o que la que se ha podido aportar no es suficiente y otra bien distinta es que en este trámite procesal se pretenda valorar unas declaraciones, poniéndolas en relación con otras pruebas aportadas en esa instrucción, o se le de mayor credibilidad a unas versiones respecto a otras». Asimismo en el auto se añade que: «Y como no estamos ante el supuesto de falta absoluta de indicios de prueba o que los existentes sean manifiestamente falsos, hay que concluir por tanto que existen diligencias de instrucción que permiten constatar unos indicios razonables de la posible comisión de un hecho delictivo».

En este sentido, la sala matiza que el enjuiciamiento «corresponde a los trámites del procedimiento abreviado, y el paso siguiente de si es suficiente o no para desvirtuar el principio de presunción de inocencia o de crear la convicción en el juzgador, corresponde a otro momento procesal, el del plenario, siendo el órgano enjuiciador el que deberá valorar si queda o no acreditada la autoría de los hechos, así como, si son constitutivos de infracción penal».

La sala añade que: «No se justifica el archivo del procedimiento en el Juzgado de Instrucción por la existencia de una duda razonable, que es lo que ordinariamente determina el dictado de una sentencia absolutoria, sino por la constatación de una carencia tal, en relación con la entidad y consistencia de los indicios de los que se dispone, que convierte en irracional la continuación del procedimiento penal».

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