LA CAPITAL
El interventor pide que se le devuelva la productividad y un pago por daños morales
Entrega el documento en el Registro del Ayuntamiento a pesar de las sentencias
El interventor municipal junto a Luis Rey. / ÁLVARO MARTÍNEZ-
El interventor del Ayuntamiento de Soria, José Luis López Navarro, ha solicitado al Consistorio soriano que se le devuelva el complemento de productividad que sendas sentencias del Tribunal Contencioso-Administrativo de Soria y del Tribunal Superior de Justicia de Burgos (TSJ) declararon ilegal, y que en el caso del primero le obligó a devolver desde el uno de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2011, a razón de 1.500 euros al mes. En concreto, el alto funcionaro tuvo que hacer frente a una devolución de 41.175 euros que percibió como complemento de productividad, mediante retenciones en sus nóminas. Este dinero se le asignó por resolución de Alcaldía.
La solicitud se ha cursado en el Registro del Ayuntamiento, y en el documento, según ha podido saber DIARIO DE SORIA / EL MUNDO, también pide una cantidad por «daños morales». El propio interventor reconoció ayer a este medio la presentación del escrito, aunque no quiso realizar declaraciones ni especificar el total del dinero reclamado. De igual modo, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, también confirmó este extremo, y el capítulo relacionado con «los daños morales», aunque tampoco precisó la cuantía total que reclama el alto funcionario. El complemento de productividad del interventor fue uno de los temás más polémicos relacionados con el personal del Ayuntamiento, y que puso en pie de guerra a los sindicatos.
Como se recordará, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió el pasado 30 de diciembre de 2011 un decreto por el que acordaba «retener los saldos» de las cuentas bancarias que tenía el interventor José Luis López Navarro en dos entidades, para «cubrir las cantidades pendientes de devolución». El alto funcionario municipal todavía tenía que devolver por entonces al Ayuntamiento de la capital 31.786,16 euros.
El decreto precisaba que esta orden iba a ser remitida a la entidad bancaria, la encargada de su cumplimiento «en el mismo momento de su recibo», con la expedición de certificados de las cantidades que el interventor tenía en la cuenta.
Este decreto llegaba quince días después de que el mismo Juzgado emitiera un auto por el que exigió al Ayuntamiento de Soria que le notificara los bienes del interventor «cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución y/ o solicite las medidas de averiguación que estime oportunas» para ello. El magistrado-juez de lo Contencioso Administrativo de Soria señaló al alto funcionario municipal que el dinero que percibió como complemento de productividad «nunca debió pagarse».