El PSOE critica la pérdida de 200 ayudas a pacientes dependientes

La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León Esther Pérez acusó ayer a la Junta de estar «desmantelando y privatizando los servicios sociales» haciendo especial hincapié a la ley de dependencia, «que está tratando de desmontar porque nunca le gustó al PP». En este sentido recordó que en el mes de marzo se registraron en Soria 839 prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia, frente a las 1.055 de agosto de 2011, lo que supone una caída del 20%, cerca de 200. La caída ha sido progresiva, registrándose 1.011 en junio de 2012, 922 en marzo de 2013 y 851 en diciembre del año pasado.

Pérez señaló que la Comunidad  ha pasado de tener 106.085 peticiones en febrero a 107.087 solicitudes en marzo, de las que se han dictaminado 101.155 en este último mes. «De febrero a marzo han desaparecido 1.037 prestaciones en Castilla y León», criticó. Aseguró que las prestaciones se reducen mientras se incrementan el número de solicitudes y de dictamines.

A su juicio, hay varios factores que inciden en esta reducción de prestaciones, entre ellos las mayores dificultades que pone la Junta para acceder al sistema, el fallecimiento de personas dependientes y revisiones del grado de la dependencia. «Se produce un efecto curioso: a medida que avanza la edad de la persona dependiente, según la Junta están en mejor estado, cambian de grado y dejan de percibir la prestación», declaró.

«Lo cierto es que con las buenas notas de los observatorios no se soluciona ni el drama de las personas dependientes ni de sus familias», lamentó. Además descalificó las «buenas notas» que obtiene la Junta en la aplicación de la ley de dependencia porque, a su juicio, no se pueden comparar comunidades autónomas con realidades diferentes. Pérez también puso de manifiesto la evolución del acuerdo marco de servicios sociales en la Diputación «que ha pasado de los 68 euros por habitante al año a los 56», y en el caso del Ayuntamiento de los 34 a los 27 euros.

Según la procuradora socialista «desde 2009 hasta 2014, periodo de crisis cuando los servicios sociales se hacen más necesarios, el acuerdo marco se ha reducido en un millón de euros. La procuradora también exigió que se garanticen las ayudas a las personas víctimas de la violencia de género, «existe un convenio firmado en el año 2005 con el Colegio de Abogados de Castilla y León por el que la Junta financiaba con 250.000 euros la atención a todas las mujeres víctimas de violencia de género. En los dos últimos años esta cantidad se ha reducido a los 50.000 euros y la propuesta para este año era reducirla a los 30.000 euros». Concluyó que los servicios sociales a las personas con discapacidad «los llevan a cabo las asociaciones y las entidades locales, pero cada vez hay mayor demora en las aportaciones».

Con respecto a las críticas de la socialista, la consejera Milagros Marcos, aseguró que fue el PSOE quién cambió el baremo de acceso a las prestaciones, cambio que fue rechazado por la Junta porque suponía menos financiación para las Comunidades Autónomas. «Pedíamos financiar en función de los servicios y no de los grados», señaló. Marcos incidió además en la Junta respondió al cambio del baremo aumentando la cuantía destinada a las prestaciones.