Piden cinco años de cárcel para dos policías por detención ilegal

El escenario, un bar. Los protagonistas, dos policías locales, un empresario hostelero, un empleado municipal, su mujer, una ex presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Soria y, quizás, su pareja.

Y es que no está claro que este último individuo estuviera en los hechos pese a que ayer declaró como testigo en el juicio contra dos policías locales acusados por un empleado municipal y los herederos del empresario de sendos delitos de detención ilegal y de faltas de lesiones y para los que piden penas de cinco años de prisión, inhabilitación durante ocho años y alternativamente inhabilitación por dicho periodo de tiempo y multas de 1.080 euros.

Las contradicciones de los testigos marcaron el juicio celebrado ayer contra los agentes de la Policía Local Tomás Zanfaño e Inmaculada González que quedó vista para sentencia. La acusación particular, representada por los herederos del empresario hostelero Víctor Chicote, que persiguen la reparación de la honorabilidad de este, y del empleado municipal Alfredo Bravo, considera que los dos policías locales detuvieron de manera ilegal a ambos la madrugada del 10 de julio de 2012 en Soria porque uno de ellos se negó a facilitar las imágenes que presuntamente había captado con su teléfono móvil de la policía local.

Para los dos abogados que representan los intereses del empresario y del empleado municipal no existe «causa de delito» que provocara las detenciones.

Sin embargo, para los policías locales el motivo de la detención de Chicote y de Bravo aquel día, que coincidía con el cumpleaños del empresario hostelero, fue por insultarles, amenazarles, al margen de mostrar desobediencia y resistencia a la autoridad. Desde luego, motivos bien diferentes para unos y para otros. El Ministerio Fiscal, por su parte, no acusa a los policías locales pero sí solicita una multa de 600 euros para el empleado municipal Alfredo Bravo como autor de una presunta falta de desobediencia y respeto a los agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron el mencionado día 10 de julio de 2012 en un bar de la capital. Chicote, Bravo, su mujer, la ex presidenta de la Cámara Pilar Sánchez Barreiro y su pareja celebraban el cumpleaños del primero. Entraron en un bar donde había un cliente natural de la localidad leonesa de Astorga, y, prácticamente al mismo tiempo, aunque después, accedieron los dos policías locales aprovechando un descanso durante la jornada laboral.

El grupo del cumpleaños, en el que según los policías locales y el cliente no estaba la pareja de Sánchez Barreiro, y que ayer declaró en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, se pusieron cerca del único individuo que había en el bar, de reducidas dimensiones.

Según testigos que ayer declararon en el juicio, algunas personas que acompañaban a Chicote en la celebración entablaron conversación con el cliente que se subió de tono debido a la diferencia del precio de ciertas bebidas alcohólicas entre establecimientos de las provincias de León y Soria y también por cuestiones políticas y sobre la relevancia de León en la Comunidad.

Algunos testigos llegaron a considerar el motivo de la discusión como «auténtica idiotez». Sin embargo, los policías declararon que en medio de la discusión,Víctor Chicote «levantó el brazo» para presuntamente intentar agredir al cliente, si bien no llegó a concretar la agresión ya que estaba sentado en un taburete y al levantarse se resbaló y cayó al suelo. El supuesto ademán del empresario hostelero hizo que el policía local Tomás Zanfaño interviniese para garantizar la seguridad del cliente y evitar un altercado en el local.

Sin embargo, la versión que dieron Sánchez Barreiro, su pareja y la mujer de Alfredo Bravo no coincide y afirmaron o insinuaron que el agente Zanfaño agredió sin mediar palabra a Chicote, quien para algunos testigos salió despedido hasta tres metros. Sánchez Barreiro afirmó que el policía dio un codazo a Chicote, su pareja que le empujó «a lo bestia» y la mujer del empleado público dijo que vio al empresario que salió lanzado. Los dos agentes locales negaron que Zanfaño agrediera a Chicote al igual que el cliente, que dijo no haber visto cuál fue la causa de la caída del hostelero aunque estaba prácticamente a lado cuando ocurrieron los hechos.

Otro motivo de discrepancias en el juicio fue el presunto enfrentamiento entre Bravo y el agente Zanfaño. El primero declaró que le dijo que hasta que no habían llegado los dos policías no había ocurrido nada, mientras que el agente declaró que aquel le retó a que saliera del bar para solucionar lo que estaba ocurriendo.

Además aseguró que tanto Bravo como Chicote les profirieron insultos a ambos agentes y se mostraron amenazantes. Además, la policía local González solicitó a Bravo el móvil a lo que este negó, motivo por el que dijo que creía que había sido detenido ya que no le comunicaron ni a él ni a Chicote el motivo de la detención, ni les leyeron sus derechos.

Los dos policías negaron la acusación de Bravo y declararon que como este y Chicote se negaron a facilitar la identificación, les detuvieron, les identificaron y les leyeron los derechos. Ambos agentes calificaron la detención de legal y Zanfaño, en concreto, negó que redujese por la fuerza a Chicote, que le tirase al suelo y le pusiera la rodilla en la espalda y le esposara como declararon algunos testigos.