Los abogados defienden la justicia gratuita y rechazan su privatización

Soledad Borque, la decana del Colegio de Abogados de Soria, reivindicó ayer la justicia gratuita como servicio público y puso en valor el trabajo de los letrados adscritos al turno de oficio. Además, defendió el modelo actual, porque «responde a las expectativas de los ciudadanos», frente a otras opciones como podría ser su privatización

Borque realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Jesús Manuel Rodríguez, vicedecano del Colegio, y Eliseo Lafuente, presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes de Soria.

Una comparecencia que tuvo lugar con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita. Borque leyó un manifiesto elaborado por la Abogacía Española al que Soria también se adhirió.

Éste, que fue leído por Borque, tiene cinco puntos. En el primero defienden el actual modelo, prestado por abogados independientes y organizado por los colegios de abogados, «ya que garantiza el acceso de los más desfavorecidos al Derecho de Defensa y a la tutela judicial efectiva». «Este modelo se ha mostrado eficaz y eficiente para canalizar, atender y resolver las demandas de millones de ciudadanos a un reducido coste», exponen.

Por otro lado, reivindican que la reforma de la asistencia jurídica gratuita «se debe de llevar a cabo previo diálogo y consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los prestatarios del servicio (colegios de abogados y procuradores), «con la finalidad de consolidar este modelo y dignificar la función que realizan los abogados que lo prestan».

En tercer lugar, reivindicaron que la reforma «prevea una mejora en las condiciones en las que el abogado presta el servicio». Entre otros aspectos, apuestan porque se garantice el cobro de los honorarios del letrado; se disponga la posibilidad de su renuncia cuando quiebre la confianza abogado-cliente; se establezcan unas cargas administrativas razonables; o, entre otras cosas, se adecúen y actualicen los baremos conforme al IPC.

Además de pedir una mejora de la retribución de los honorarios de los turnos de oficio, Borque recordó –en este sentido– que hay estudios que indican que la hora del abogado de turno de oficio se paga a un promedio de dos euros la hora. «Se debe hacer una nueva valoración de los baremos y una revisión o actualización de los mismos conforme al IPC».

Los abogados mostraron su apoyo a «las legítimas reivindicaciones» que tienen, ya que «a pesar de la reducción de baremos, de su no revisión, del retraso reiterado en los pagos por parte de la administración o del impago de las actuaciones efectivamente prestadas, han garantizado y garantizan la prestación de un servicio que los ciudadanos califican de muy satisfactorio».

También rechazaron «cualquier intento de privatización» de este servicio y solicitaron que los poderes públicos «asuman con responsabilidad su obligación de garantizar la efectividad de este derecho y pongan a disposición de este servicio los fondos públicos necesarios para preservar su funcionamiento y avalar su sostenibilidad económica».

«La justicia gratuita es un servicio público que goza de respaldo constitucional, garantiza el acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos económicos y de los colectivos más desprotegidos y vulnerables», recordó Borque. «Gracias a los abogados y a los colegios funciona con eficiencia y eficacia contribuyendo a mantener la paz social en España. Valorarla, defenderla, mejorar su calidad y acercarla a los ciudadanos es un objetivo básico e irrenunciable de la abogacía».