TRIBUNALES
Ocho denuncias en Soria por mal uso de datos personales
Videovigilancia e inclusión en ficheros de morosidad, entre las principales quejas
Durante 2014 se presentaron enSoria un total de ocho denuncias previas sobre el uso de datos personales ante la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, ninguno de los procedimiento sancionadores y de apercibimientos resueltos terminó con imputados en Soria. No hubo ninguno el año pasado.
Así se desprende de las estadísticas que ofrece la Agencia de Protección de Datos en su memoria del año 2014. «La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad, las cuestiones relativas al recobro de deudas y las comunicaciones comerciales centran la mayor parte de las denuncias que se plantearon ante la Agencia en 2014», explican fuentes de la entidad.
A nivel nacional, las mismas fuentes explican que de las casi 100.000 consultas que han realizado los ciudadanos a través de la web de la Agencia, más de un 12% han estado relacionadas con ficheros de solvencia y recobro de deudas. «Estas inquietudes se relacionan indudablemente con un entorno de crisis económica, con las importantes consecuencias negativas que supone la inclusión en este tipo de ficheros y con la incorporación indebida a los mismos de personas víctimas de suplantación en la contratación de servicios básicos como agua o energía», apuntan.
En el ámbito nacional, los ciudadanos presentaron ante la Agencia 12.173 reclamaciones y denuncias, lo que supone un aumento de casi el 15% frente al año anterior, cuando hubo 10.604. De ellas, 10.074 se corresponden con denuncias y 2.099 con reclamaciones para que la Agencia tutele sus derechos. «El nuevo incremento producido en 2014, que se suma a los de años anteriores, supone la constatación de que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos. Así, en los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento del 81,6% en el número de reclamaciones presentadas», explican las mismas fuentes.
La Agencia es un organismo público creado en los años 90, que está encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en España.