Los empleados exigen cubrir las vacantes de la plantilla en Soria

A los problemas de seguridad y del inicio del expediente digital, que arrancó en junio ahora se suma un tercero en el funcionamiento de la Administración de Justicia en la provincia, que es el de personal.

La Junta de Personal de la Administración de Justicia en Soria denunció ayer la negativa del Ministerio de Justicia a sustituir las plazas vacantes de la plantilla argumentando que no cuenta con personal en las bolsas de trabajo y declinar a acudir a las listas de desempleados del servicio público para contratar empleados públicos interinos.

El delegado de CC OO en Justicia y presidente de la Junta de Personal, Javier Sanz, explicó que esta misma semana había comunicado personalmente al gerente de Justicia en Castilla y León, Pedro González Barriuso, la necesidad de cubrir una vacante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, debido al traslado de una empleada pública que estaba en situación de interinidad, a fin de que fuera reemplazado el puesto, máxime cuando la próxima semana dicho órgano judicial estará de guardia.

En este sentido, Sanz explicó que la normativa del Ministerio de Justicia contempla como obligatorio contar con todos los empleados del órgano judicial durante el periodo de tiempo de la guardia. En este caso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria debería contar al menos durante dicho periodo de guardia con cuatro funcionarios.

Sin embargo, la conversación resultó estéril para el delegado sindical que representa a los empleados de la Administración de Justicia en Soria ya que, según su testimonio, el gerente poco menos que consideró imposible reemplazar dicha plaza ya que en la bolsa de empleo está vacía y no cuenta con personal que pueda realizar sustituciones. Sanz recordó que el Ministerio no había convocado la bolsa de trabajo correspondiente a los juzgados de Soria cuando debía y ahora no cuenta con personal para poder reemplazar las vacantes.

Además, según Sanz, la Gerencia de Justicia de Castilla y León declinó durante la conversación mantenida esta semana acudir al servicio de Empleo Público, el Ecyl, para contratar trabajadores y cubrir la plaza y poder, por un lado, reemplazar la vacante y que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria cuente con los funcionarios mínimos necesarios para poder atender el servicio de guardia que asumirá la próxima semana. Sanz advirtió a los responsables de Justicia que «están incumpliendo su propia normativa» en cuanto a la dotación de personal de los órganos judiciales que están de guardia y lamentó la desidia del ministerio en materia de personal para cubrir las necesidades en la provincia Soria y poder desarrollar el servicio de la mejor manera posible.

El problema de personal en la Administración de Justicia explota cuando los empleados esperan una reacción del Ministerio ante los problema de seguridad que están surgiendo en los juzgados de capital y en Almazán, dependencias en las que la juez titular sufrió amenazas de un ciudadano. El pasado 1 de agosto, la Junta de Personal, constituida por los representantes de los trabajadores, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Sánchez Siscart, acordaron el desarrollo por escrito de un nuevo protocolo que servirá para aumentar la protección del personal adscrito a la Administración de Justicia.

El protocolo de actuación a desarrollar contempla que los trabajadores puedan reportar cualquier incidencia que se pueda registrar en el interior del Palacio de Justicia con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones que acogen los órganos de Justicia. Además, existe otro problema por la falta de seguridad en los edificios de Justicia de las localidades Almazán y El Burgo de Osma, en los que no hay efectivos de las Fuerzas de Seguridad, como en Soria, ni servicio privado de vigilancia.

Tras las denuncias de los representantes de los trabajadores, la Inspección de Trabajo está comprobando las condiciones de trabajo en las dependencias judiciales de la capital, ubicadas en el Palacio Condes de Gómara, y en los municipios de El Burgo de Osma y Almazán.

Según explicó el presidente de la Junta de Personal de Justicia, un representante de la Inspección de Trabajo verificó las condiciones de trabajo y la vigilancia en el Palacio de Justicia de la capital y durante esta semana tenía previsto desplazarse a Almazán y El Burgo de Osma para comprobar, en este caso, la ausencia de vigilancia en los inmuebles y el resto de las condiciones laborales.