Asden presenta el recurso contra la sentencia que avala el PEMA

La representación legal de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden) presentó el pasado viernes el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) del pasado mes de mayo en la que avalaba el desarrollo del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) ubicado en Garray. El abogado del colectivo ecologista, Manuel Rodrigo, indicó que la documentación se remitió el viernes al procurador y que ahora habrá que esperar para conocer si se admite a trámite el recurso.

El letrado no quiso desvelar las razones esgrimidas en el recurso para tratar de revertir el sentido de la sentencia del TSJ. Este medio se puso en contacto con el portavoz de Asden, Carlos González, que afirmó desconocer el estado en el que se encontraba el proceso ya que no había podido hablar con el abogado todavía. González desveló que está previsto celebrar una reunión el miércoles donde se hablará de esta cuestión.

Desde el colectivo ecologista ya se había anunciado su intención de presentar el recurso de casación aunque todavía faltaba la materialización. El efecto más inmediato es que este movimiento paraliza por completo el posible desarrollo del proyecto así como la llegada de empresas. Varias firmas, según confirmó la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, habían manifestado su intención de implantarse en el PEMA, pero con un proceso judicial abierto esa posibilidad queda en suspenso. Se estima que la resolución del recurso podía alargarse entre uno y dos años.

La sentencia del TSJ es clara y contundente a la hora de avalar la legalidad del PEMA y desmontar los argumentos de los ecologistas. La parte de la sentencia en la que el magistrado se muestra más contundente es la relativa a la justificación del proyecto. «No solo contiene un estudio de alternativas, sino que además, se recogen los motivos y argumentos en virtud de los cuales se opta por una determinada alternativa», explica. Para la Sala la elección de la Junta «es razonada» y «justificada» porque «esta alternativa permite aprovechar lo ya urbanizado, alejar las actuaciones del Duero, limita las incidencias ambientales y suprime el uso residencial». En el documento también se rechazan las quejas esgrimidas por Asden por la catalogación del suelo o la inundabilidad del terreno que ocupa el PEMA.

Desde que se conociera la sentencia a principios del mes de junio, desde Asden se han realizado diversos movimientos que han retrasado aún más la resolución definitiva del contencioso que mantiene desde hace años con la Junta a cuenta del PEMA. Unos quince días después de conocerse la sentencia, Asden sorprendió durante una comparecencia con una propuesta dirigida a la Junta. Si el Ejecutivo Autonómico aceptaba derribar las Cúpulas de la Energía y eliminar las calles de la malograda Ciudad del Medio Ambiente (CMA), los ecologistas no presentarían recurso de casación y por tanto no se paralizará la concesión de licencias para empresas interesadas. La propuesta no fue atendida por la Junta.

Paralelamente a la insólita iniciativa, Asden presentó un escrito ante el TSJ solicitando la aclaración de algunos puntos de la sentencia. Como consecuencia de este trámite los plazos para la presentación del recurso se alargaron. Inicialmente, la fecha límite para presentar el recurso de casación finalizaba a principios de julio, pero con la petición de aclaración ese plazo se alarga un mes. Teniendo en cuenta que acababa en agosto, mes inhábil, Asden podía estudiar y presentar su recurso con el 6 de septiembre como fecha límite.

El propio TSJ afeó a los ecologistas la petición de aclaración ya que «la parte actora (Asden) lo que realmente pretende es que la sala reconsidere, como si de un recurso de apelación o casación se tratase, los argumentos jurídicos y la valoración de la prueba realizada en la sentencia». Además, explicaba a Asden que «si no se muestra conforme a lo reflejado por la sala en la sentencia, siempre tiene la oportunidad de manifestar su disconformidad interponiendo el correspondiente recurso».

A finales del mes de agosto, el delegado territorial de la Junta, Manuel López Represa aseguró que la sentencia emitida a principios de junio por el TSJ se expresa de forma «clara y contundente» sobre la legalidad del proyecto por lo que «la Junta seguirá luchando para que pueda salir adelante». El delegado territorial reiteró que desde los servicios jurídicos consideran que la sentencia del TSJ despeja cualquier tipo de dudas sobre la legalidad del proyecto incluyendo algunas de las cuestiones más polémicas como la «inundabilidad» de los terrenos o las cuestiones «urbanísticas». No obstante, el propio López Represa reconoció que en el caso de que los ecologistas recurrieran «supondrá un retraso» para los planes que tiene la Junta para el desarrollo del PEMA. «Los servicios jurídicos creen que es difícil que prospere este recurso», insistió.