El Gobierno dice ahora que Soria pague el 65% de la depuradora

El Ministerio de Medio Ambiente aclaró ayer la situación actual del proyecto de la nueva depuradora de Soria. El planteamiento del Gobierno pasa por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el Ayuntamiento debe decantarse por la construcción de una nueva planta en Sinova o por la ampliación de las actuales instalaciones y en segundo lugar, y más importante, los fondos europeos solo alcanzarán el 35% de la actuación, es decir, el Ayuntamiento de Soria, que corre con el mayor porcentaje de los gastos, y el de Golmayo, deberán aportar el 65% del coste.

La directora general del Agua, Liana Artiles, fue la encargada de transmitir la posición del Gobierno al alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez y a la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, que acudieron ayer a Madrid. En la reunión también participó la directora de Acuaes, Aránzazu Vallejo. Aunque en principio se esperaba un desbloqueo del proyecto, la iniciativa vuelve a estar en punto muerto y sin un futuro claro.

Las dos opciones para la depuradora tienen su ventajas e inconvenientes. La primera opción pasa por recuperar el último proyecto, que contempla la construcción de una nueva estación depuradora en el municipio de Los Rábanos, en la fina de Sinova. Este proyecto cuesta unos 50 millones de euros y según informó el Gobierno «gracias a las gestión del Ministerio podrá ser financiado con fondos procedentes de la UE correspondientes al periodo 2014-2020». Entre las ventajas de esta opción hay que destacar que ya las obras de la estación están incluso adjudicadas por lo que «una vez que se firme la adenda –que rechazaron en su momento Soria y Golmayo– al convenio vigente (que incluya las nuevas condiciones financieras) podría comenzar de inmediato las obras de la depuradora».

El mayor inconveniente de esta opción es el coste que tendrán que asumir los ayuntamientos. Con el planteamiento inicial, Soria y Golmayo asumirían el 20% del coste del proyecto que viene a representar unos 10 millones de euros. Con el nuevo escenario de financiación la aportación municipal se dispara al 65%, es decir, de los 50 millones los ayuntamientos tendrían que poner 32,5, una cantidad que además deberá repercutirse a los vecinos a través del recibo.

La segunda opción pasa por recuperar el proyecto original que contempla la remodelación y ampliación de la actual planta depuradora. En este caso el coste es algo menos, unos 30 millones de euros, según el Gobierno. También en este caso la aportación de la UE se limitaría al 35%. Aunque este proyecto es viable «desde el punto de vista técnico» el Ministerio advierte que «obligaría a iniciar una nueva declaración de impacto ambiental y a suscribir un nuevo convenio».

«A su favor está el hecho de que la ampliación tiene un menor coste económico y no produce tanta afección al medio en la medida que no es necesaria la ocupación de nuevos terrenos», afirmaron ayer desde el Ministerio. Además, explican que «los trabajos a ejecutar permitirían que Soria contara con un moderno sistema de depuración, que incorporaría el tratamiento de nutrientes, para todo el caudal que llega a la planta, incluido el producido en época de lluvia».  El coste de esta opción, tal y como está explicado con anterioridad, se sitúa en los 30 millones de euros lo que supone que la aportación de los municipios, que tienen que asumir el 65% del coste, se elevaría a unos 19,5 millones de euros.

¿Sanción para Soria?

En la comunicación remitida ayer por el Gobierno tras la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Medio ambiente se recuerda que «el alcalde rechazó firmar la adenda en 2014 lo que motivó que el proyecto siga en el mismo punto y que los problemas de depuración no se hayan solucionado». De la misma forma se da cuenta de que «se ha recibido «una carta de emplazamiento por una infracción en materia de depuración por parte de la Comisión Europea en 2016». Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria confirmaron que el Ministerio ha recibido una «carta de emplazamiento» en la que básicamente se informa de inicio de un proceso sancionador derivado de la no construcción de la depuradora de Soria.

Estas mismas fuentes explicaron que desde el Ministerio se está recopilando la información necesaria para elaborar un «pliego de descargo» en donde se dará cuenta a la Comisión Europea de que se ha tratado por todos los medios de desarrollar este proyecto y que no se ha podido llevar a cabo por las negativas del Ayuntamiento. Según explicaron fuentes gubernamentales «el Ministerio sabe quién es el culpable de que no se hiciera la depuradora, expondrá los hechos y explicará porque no se acometieron las obras», indicaron. Esta circunstancia podría derivar en que la posible multa que imponga Europa repercuta sobre la capital provincia, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno.