Ofensiva parlamentaria para que el Gobierno aporte fondos

Tal y como se preveía la reunión de ayer entre Acuaes y los ayuntamientos de Soria, Los Rábanos y Golmayo no supuso ninguna novedad en cuanto a los porcentajes de financiación. Sin embargo, sí hay una consecuencia directa. El PSOE ha iniciado la anunciada «batalla política» para tratar de cambiar la situación. El Ayuntamiento de Soria está dispuesto a pagar un máximo del 33% del coste del proyecto y para que cuadren las cuentas es necesario que el Gobierno participe económicamente en la financiación. Para lograrlo el alcalde de Soria, Carlos Martínez y el diputado socialista por la provincia, Javier Antón, mantuvieron ayer mismo un encuentro con el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en el Congreso, Gonzalo Palacín, con el objetivo de presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para «involucrar» al Ministerio de Medio Ambiente en el proyecto.

Durante el encuentro celebrado ayer en Madrid se volvió a constatar que la posición del Gobierno es, en estos momentos, inamovible. Hay tres posibilidades, construir una nueva depuradora en Los Rábanos (55 millones), una reforma integral de la actual planta (37,5 millones) y por último un «parcheo» de las actuales instalaciones (10 millones). La última de estas alternativas fue descartada por el Ayuntamiento de Soria desde un primer momento. En cuanto a las otras dos opciones, el principal problema radica en la financiación y es que los municipios beneficiarios deberán aportar el 65% del coste mientras que el porcentaje restante saldrá de los fondos europeos.

Desde la capital se rechaza frontalmente asumir esa cantidad –que deberá ser repercutida a los vecinos a través del recibo– y sustenta su defensa en dos argumentos. En primer lugar que la depuradora está declarada de interés general desde la ley de Presupuestos de 2010. Para el Ayuntamiento esta figura es clave porque considera que «conlleva una serie de obligaciones que el Estado no puede obviar». Soria sustenta su opinión en un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales en el que se concluye, a tenor del artículo 124 de la ley de Aguas, que la responsabilidad de ejecutar la obra es del Gobierno. El segundo argumento de la capital es el «agravio comparativo» con otras localidades como Cáceres, Plasencia o Nerja que cuentan con financiación del Gobierno al 100%.

Ante esta situación, el PSOE presentará próximamente una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados mediante la que se pueda ‘forzar’ al Gobierno a participar económicamente en el desarrollo del proyecto. Evidentemente, dada la actual configuración de la Cámara Baja, el PSOE necesitará conseguir el apoyo de otros grupos parlamentarios como Ciudadanos o Podemos. Desde el Ayuntamiento se anunció ayer que también está previsto realizar en las próximas fechas una «ronda de contactos» con otros grupos para «conseguir el compromiso necesario que haga que el Ministerio corrija su postura y se involucre económicamente en la ejecución de la depuradora». El alcalde manifestó ayer su confianza en que el trabajo político de sus frutos y se logre el respaldo de los grupos del Congreso. La iniciativa, si logra el acuerdo, debe estar aprobada antes del próximo 30 de abril, fecha límite dado que se cumple el plazo para comunicar a la adjudicataria (Aqualogy-Aldesa,) de las obras de la depuradora la rescisión o no del contrato.

«Alguien debe explicar por qué los vecinos de Soria deben pagar el 65% de una depuradora y los de otras ciudades cero euros», afirmó el alcalde. Martínez, además, ha recordado la propuesta municipal que «ya supone un importante esfuerzo. Nosotros sí nos hemos movido, hemos sido flexibles y hemos aceptado cofinanciar hasta el 33% de esos 50 millones de euros. Creemos que es una cantidad muy importante y que el Ministerio debería, al menos, contribuir con otro 33%. Nos avale el sentido común, la razón, la ley y la justicia y no vamos a resignarnos con esta propuesta totalmente discriminatoria». En opinión del regidor «debe existir solidaridad y consenso de todas las fuerzas políticas. No podemos hablar de discriminación en positivo, de medidas especiales en Soria y simultáneamente aceptar este trato desigual».