Menos del 10% de los usuarios de bono social piden renovarlo

El plazo se acaba pero las solicitudes no llegan, no al menos en el montante en que se esperaba. Así lo reconocen las eléctricas que gestionan el bono social, un tipo de factura que recoge rebajas de entre el 25% y el 50% para sus beneficiarios. En la provincia de Soria suman cerca de 8.000 los clientes acogidos al bono social, pero apenas un 9% han pedido la renovación, y eso a pesar de que deben solicitarlo antes del 10 de abril, plazo máximo acordado para formalizarlo.

La aplicación del nuevo bono social no es automática para aquellos que disponían de este beneficio anteriormente, tal y como se aprobó por el Gobierno el pasado mes de octubre, dentro de una serie de modificaciones que afectaba a estos usuarios. Entonces se dio un plazo de seis meses que está a punto de concluir.

La comercializadora con más peso en la provincia, Iberdrola, cuenta hasta ahora con 4.246 clientes beneficiarios de este bono social, pero hasta la fecha sólo ha recibido 711 solicitudes de renovación. De ellas, la compañía ha respondido ya a 416, de las que a su vez 322, es decir, el 83%, han sido positivas. De las 72 restantes, señala Iberdrola, 43 están incompletas y 29 ha sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos.

En el caso de Endesa, la segunda con mayor presencia provincial, los clientes que disfrutan de este bono social son en estos momentos 3.622, pero tan solo cinco han solicitado el nuevo bono. Endesa matiza e informa, el resto de beneficiarios tienen que volver a tramitar la solicitud, según establece la normativa.

Asimismo, Gas Natural Fenosa, que apenas cuenta con una pequeña parte del pastel de las eléctricas en la provincia, casi restringido a la zona de Arcos de Jalón, ha recibido un millar de solicitudes de adhesión al bono social en el conjunto de Castilla y León, sin que disponga de datos provincializados.

Por su parte, Iberdrola, que ha remitido carta a sus abonados informándoles del cambio de normativa y de la necesidad de renovar el bono, está realizando jornadas formativas en diferentes provincias. De momento, en Castilla y León, Iberdrola ha recibido 32.900 solicitudes. De ellas ha dado contestación a 19.249, con el resultado de 16.367 positivas (85%). De las 2.882 restantes, 1.452 están incompletas y 1.430 han sido rechazadas por la compañía.

En la provincia de Ávila han sido 3.297 solicitudes, con un 87% de ellas con respuesta positiva;en Burgos se elevan a 6.109, con un 82% favorables; de León han partido 2.704 peticiones (un 87% positivas) y de Palencia 1.774, dos de cada diez aceptadas. De la provincia de Salamanca ha recibido 7.745 peticiones (86% favorables);en Segovia han sido 195, incluso menos que en la provincia de Soria, con 88% aceptadas;mientras que en Valladolid han sumado 6.346 (84% positivas) y de Zamora han llegado 4.020 solicitudes, de las que el 88% son positivas.

Categorías

El bono social se aplica a las familias acogidas al PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) y su formulación tiene varias categorías. Por un lado los considerados consumidores vulnerables. Aquellos con rentas bajas según los criterios establecidos por el Gobierno y referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, según se trate de familias con o sin menores a su cargo, familias numerosas y unidades familiares con cuantía mínima de pensión por jubilación o incapacidad permanente. A esta categoría se aplica un 25% de descuento en la factura.

La segunda categoría se refiere a los consumidores considerados vulnerables severos, con rentas aún más bajas que las anteriores, también establecidas por el gobierno y cuya referencia sería la mitad de las de los consumidores vulnerables. Cuentan con descuentos del 40%. Por último, son beneficiarios los consumidores en riesgo de exclusión social. Estos deben cumplir con los requisitos marcados por el Gobierno para ser considerados consumidores vulnerables severos. Además, los Servicios Sociales deberán asumir el pago de al menos el 50% de la factura, asumiendo el resto del importe las comercializadoras. En todo caso serán los Servicios Sociales quienes determinen a qué consumidores se les considerará en riesgo de exclusión social.