Fiscalía pide para la directora de un colegio tres años de cárcel por acoso y revelación

La Fiscalía de Soria solicita una pena de tres años de cárcel y 600 euros de multa para la directora del colegio público de educación especial Santa Isabel al considerarla responsable de los delitos de trato denigrante (acoso laboral), revelación de secretos y un tercero leve de maltrato de obra.

La denunciada, María Luisa Andrés Esteban, al frente del centro educativo durante los últimos ocho años y trabajadora del mismo hace cerca de tres décadas, está acusada de propiciar «un reiterado y sistemático trato gravemente desconsiderado» hacia la dignidad personal de la trabajadora M.Á.H.P.», según señala la acusación pública, «haciéndole objeto de humillaciones continuas, gritándole de forma habitual y dispensándole un trato denigrante».

M.Á.H.P. denunció unos hechos ocurridos en septiembre de 2016 como constitutivos de delito al sentirse objeto de dicho trato degradante durante el periodo en que prestó sus servicios en el colegio público Santa Isabel y en todo caso durante los últimos cuatro años, haciendo responsable a la directora de hacer prevalecer su relación de superioridad en el ámbito laboral.

La trabajadora denunciante fue destinada al Santa Isabel en mayo de 2008 y desde entonces y hasta septiembre de 2016 desempeñó allí sus funciones como ayudante técnico educativo.

A raíz de la denuncia derivada de estos hechos, la Dirección Provincial de Educación en Soria abrió un expediente informativo que se cerró sin consecuencias cuyas conclusiones fueron derivadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 que es el que ha llevado a cabo las diligencias previas antes de darle traslado al Juzgado de lo Penal, donde está previsto que se celebre el juicio oral en fecha aún por determinar.

«La Inspección de Educación abrió una investigación, una decisión que se adopta cuando existe algún problema, y su informe obra en poder del juzgado», explicó el director provincial de Educación, Javier Barrio, quien en un principio aseguró que la Junta de Castilla y León no tuvo que intervenir porque el caso estaba judicializado.

Barrio apuntó que la actividad en el centro escolar está «normalizada» y que la directora continúa en su puesto porque mantiene la confianza de la Dirección Provincial. «Hasta que no se resuelva el asunto en los tribunales no se adoptará ninguna decisión. Si es a su favor sin problema y si es en contra veremos entonces lo que hacemos», matizó el responsable provincial de Educación. «La directora lo lleva mal, pero conoce la opinión de sus compañeros y todo se sabe en estos entornos», reconoció Barrio, confesándose «con ganas de que acabe» cuanto antes esta situación, sobre todo por el juicio público que se emite sobre los acusados antes de que el juez se pronuncie, principalmente en un caso «muy enrevesado», calificó, como el actual.

Uno de los aspectos que destaca la acusación pública es el menosprecio como ayudante técnico educativo que la directora, asegura, dispensaba a la denunciante, hasta el punto de desacreditarla rechazando su intervención cuando solicitaba la presencia de un ayudante técnico educativo, labor que desempeñaba en condición de personal laboral fijo.

Se da la circunstancia de que el Juzgado de lo Social de Soria ha estimado, en sentencia del 27 de marzo de 2018, la demanda interpuesta por M.Á.H.P. contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la mutua Fremap, declarando que la baja médica iniciada por la trabajadora en septiembre de 2017 es de «carácter profesional por accidente de trabajo», derivado del acoso laboral. No obstante, el fallo del Juzgado de lo Social no es firme y contra él cabe recurso.

La denunciante, que ya no trabaja en el colegio Santa Isabel, inicialmente por la baja médica, pidió traslado y le fue concedido a otro centro de El Burgo de Osma, donde se incorporó en noviembre del año pasado, cambiando además su domicilio familiar, según indicaron fuentes próximas al caso. Precisamente una de las medidas que pide la Fiscalía por el delito de acoso laboral, además de 18 meses de prisión, es que la acusada no pueda acercarse a la denunciante, a su domicilio o cualquier otro lugar frecuentado por ésta, ni comunicarse por cualquier medio con ella a menos de 300 metros por un tiempo de tres años;lo mismo ocurre en el caso del delito de descubrimiento de secretos (18 meses de prisión y tres años de prohibición de aproximación y comunicación), mientras que en el delito leve de maltrato de obra el fiscal rebaja la prohibición de acercarse a seis meses.

Respecto al delito de revelación de secretos, penado en el artículo 199 del Código Penal, la Fiscalía se refiere al expediente abierto por la Dirección Provincial de Educación y que habría sido hecho público por la acusada al comité de empresa del centro, según ha podido saber HERALDO-DIARIO DE SORIA de fuentes próximas a la causa. El artículo se refiere al que «revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales» y al «profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona».

En cuanto al delito leve de maltrato de obra, referido a «una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental», según recoge el Código Penal, en el 147.3 que solicita el fiscal se concreta sobre quien «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión».

Tal y como indicaron allegados al caso, este incidente se produjo cuando la acusada se dirigió a la denunciante y cogiéndola del brazo la invitó a que acudiera el médico si se encontraba mal, en principio afectada por una amigdalitis. Las mismas fuentes sostienen que no ha existido en ningún momento trato degradante, que todo es «mentira» y que la directora del centro es una persona «muy organizada con el trabajo» en el centro de educación especial, donde comenzó a trabajar hace cerca de 30 años como cuidadora.

Otras fuentes consultadas aseguraron que el ambiente en el centro escolar actualmente «es bueno» y que la plantilla trabaja «contenta y tranquila», si bien este episodio ha supuesto un golpe psicológico para algunos, sobre todo durante la instrucción del procedimiento en el juzgado ante el que varios empleados tuvieron que prestar declaración, de las que se derivan los indicios de delito que ha encontrado la Fiscalía.

Como es evidente, el propio director provincial de Educación reconoció que existen «testigos a favor y en contra», recordando que en el centro no se había producido con anterioridad ninguna incidencia de este tipo en los años en los que la actual directora está al frente.

Tanto la denunciante como la acusada declinaron realizar declaraciones a este medio respecto al asunto judicial ahora en curso.

Por otro lado, el fiscal ha solicitado para la acusada una responsabilidad civil por valor de 30.500 euros, requiriendo una fianza por dicha cantidad.