Siete años de cárcel para 6 acusados de amañar parejas de conveniencia

Eligieron pueblos de Soria como Ágreda, Garray, Almarza y Quintana Redonda para empadronar a las supuestas parejas, él extranejro y ella con nacionalidad española, y formalizar allí su relación de hecho. Una vez concluido el trámite, solicitaban el permiso de residencia en la Subdelegación de Soria o de Málaga, de donde provenían los acusados. Los hombres pagaban por este servicio y las mujeres recibían también compensación económica. Hasta que las sospechas de los funcionarios municipales hicieron saltar la voz de alarma y las pesquisas policiales acabaron en los juzgados con la acusación de diez personas por el delito continuado de falsedad en documento oficial y el de pertenencia a banda criminal. Dos de ellas fueron juzgadas ayer en el Juzgado de lo Penal, otras seis se conformaron con la rebaja de la pena que permitió el acuerdo entre Fiscalía y defensa, mientras que otros dos acusados se encuentran en paradero desconocido.

El pacto entre las partes alcanzado ayer concluyó con una condena (a falta de que el juez emita la sentencia) para seis de los acusados por un total de siete años y tres meses de cárcel. Para los encausados B.S. y S.J.M. se eleva a un año y nueve meses de prisión y una multa de 1.620 euros por continuidad en falsedad documental y tres meses más por pertenencia a grupo criminal. Para otros tres, N.C.M., A.A.G.C. y S.V.S. la pena fijada es de nueve meses de cárcel en total y multa de 1.080 euros, al no contemplarse la continuidad en el tiempo del delito, y en el caso del sexto, la condena es de un año de prisión y 1.080 euros.

Únicamente dos acusadas rechazaron el acuerdo entre las partes y el juicio se celebró ayer en Penal, quedando visto para sentencia.

J.C.G.A., a la que se le atribuye el haberse casado en 2014 con uno de los cabecillas, K.K., de nacionalidad marroquí, ahora desaparecido, para que éste consiguiera la nacionalidad española, negó los hechos ante el juez condisiderándose una víctima objeto de engaño. A la pregunta, de qué conoce a K.K., ella, residente en Fuengirola (Málaga), no dudó, «es mi esposo», dijo, al que conoció en una fiesta en 2013, un año antes de contraer matrimonio. Negó que fueran pareja de hecho y que hubiera realizado los trámites en la localidad de Ágreda, algo que corroboraron en el juicio las funcionarias de ese Ayuntamiento al reconocer que fue él quien realizó la formalización argumentando que ella estaba en casa, indispuesta tras un largo viaje desde Málaga. K.K. les empadronó en el domicilio de un tío suyo que residía en Ágreda, aprovechando que los tiempos eran mucho más cortos entre el empadronamiento y la concesión de la condición de pareja de hecho que en la provincia de Málaga. K.K. habría propiciado ese mismo modus operandi en otros pueblos de Soria y con otros ciudadanos extranjeros, si bien no ha podido ser juzgado por estar en paradero desconocido.

J.C.G.A. no reconoció su firma en dichos papeles y aseguró que su relación «íntima» era verdadera y que podían preguntarle sobre «la anatomía» de su esposo, rechanzando que recibiera ningún dinero una vez que él consiguió la residencia. Justificó que vivieran en distintas casas, él en Nerja y ella en Fuengirola, porque ambos tenían hijos de una relación anterior y residían con ellos a semanas, en virtud del régimen compartido.

No obstante, a preguntas del fiscal sobre el nombre de su suegra no supo responder, «no sé pronunciarlo, porque es marroquí», apuntó. Tampoco conocía el de los hermanos de K.K., algo que para la acusación pública es lo suficientemente significativo como para determinar que la acusada no mantenía una auténtica relación de pareja y que sus fines eran que él lograra la documentación para dejar de estar en situación irregular en España.

La encausada tampoco supo decir dónde se encuentra actualmente K.K. porque ya desde que se casaron él era esquivo a la hora de darle explicaciones de en qué estaba trabajando o qué hacía. «Empezó con actitudes muy raras», declaró ayer, y aunque cuando la detuvieron ya no quiso mantener el matrimonio, no le ha sido posible divorciarse porque no ha podido localizarle, afirmó.

Lo que sí reconoció J.C.G.A. es que una vez que programaron la boda, él le puso al corriente de su situación: «Dijo que le querían deportar, que tenía un hijo y que no quería dejarlo, por lo que consideramos que había que agilizar el matrimonio». Hasta el punto de que le entregó su DNI para que realizara los trámites, algo que él utilizó en Ágreda, aunque la acusada sostiene que fue para tramitarlo en Nerja, lugar donde residía la familia del futuro esposo y donde se tenía que empadronar para que les concedieran cuanto antes la fecha de boda.

Una vez casados, fue K.K. quien le consiguió un trabajo en un restaurante, donde ella conoció que el dueño no pagaba a los empleados. Posteriormente, la exmujer de K.K. contrató a los recién casados en septiembre y en noviembre de 2014 hasta enero de 2015 en que dio de baja el negocio de marroquinería que regentaba. Curiosamente, destacó la Fiscalía, justo el día después de que el acusado obtuviera la tarjeta de residente, el 15 de enero, ambos finalizaron su contrato de trabajo, que, según sus conclusiones, permitió a la encausada generar más días para el subsidio de desempleo, donde residiría el beneficio para J.C.G.A.

Un aspecto que rechazó su defensa al recordar que contaba con paro de su anterior trabajo en una cadena de comida rápida, negando cualquier implicación de su cliente en los hechos. Según destacó la letrada, no tenían necesidad de recurrir al matrimonio cuando los trámites del permiso de residencia podrían haberse conseguido sólo con la declaración de pareja de hecho.

Asimismo, la defensa puso el acento en que la investigación policial adolecía de «defectos», al haber mantenido la vigilancia apenas tres días seguidos en la localidad de Nerja y sólo en la vivienda de él y en la tienda de marroquinería, considerando que no era tiempo suficiente para determinar que no vivían juntos puesto que, dijo, la pareja alternaba su residencia por los hijos.

A la afirmación policial de que durante meses, desde enero a abril, el matrimonio no se puso en contacto telefónico en ningún momento, la abogada recriminó que no se tuviera constancia de haber pinchado todos los teléfonos del acusado, lo que podía implicar que él tenía más teléfonos con los que llamarla, por lo tanto «no son hechos suficientes, porque ella no tenía voluntad de falsear», según la defensa.

Los agentes que comparecieron ayer ante el juez afirmaron que de las pesquisas se desprende que «él no estaba en la vivienda de ella, no tenían ningún tipo de relación», mientras que sí la mantenía con su exmujer, también acusada, L.B., a tenor de las conversaciones que detectaron. «Fue ella (L.B.) quien le llevó la ropa cuando le detuvimos», aseguraron los agentes, dando idea del grado de implicación entre ellos.

Por su parte, L.B., que requirió la intervención de un intérprete, declaró que contrató a los recién casados en su tienda de Nerja porque necesitaba marcharse a Marruecos, por un problema familiar, y debía dejar a alguien al frente del negocio, además de ayudar a K.K. a conseguir «los papeles», sin pensar que en ello hubiera nada «ilegal». En cualquier caso, no fue J.C.G.A. quien le pidió el trabajo sino su esposo, de modo que él regentaba la tienda por la mañana y ella por la tarde durante la ausencia de su propietaria, así hasta que el establecimiento cerró en enero.

Para la defensa de L.B., ésta es una «víctima más» de K.K., y respecto a la coincidencia de la fecha de la obtención del permiso de residencia y la extinción del contrato, lo achaca a la casualidad, ya que existía previsión de cerrarlo en enero ante las dificultades económicas que arrastraba.