El retraso en Valcorba motiva la devolución de ocho parcelas

Han pasado ya diez años desde que varios propietarios privados adquirieron terrenos en el polígono industrial de Valcorba con la confianza de poder desarrollar el suelo o al menos contar con esa posibilidad en el futuro. Pero dicho futuro se ha demorado tanto que ya son 22.000 metros cuadrados los que dichos propietarios han decidido devolver a sus vendedores, la junta de compensación del polígono, en un total de ocho parcelas. En cinco de ellas las devoluciones ya son firmes y tres están finalizando los trámites, según informaron fuentes de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Fomento, que cuenta con la titularidad del 41,6% de los terrenos de Valcorba.

El Juzgado de Primera Instancia número 1, y la Audiencia Provincial de Soria tras resolver el recurso de apelación, marcaron la pauta al fallar en el año 2016 a favor de una mercantil que adquirió dos parcelas de este suelo industrial en mayo de 2008 y ante la imposibilidad de desarrollarlo, al no estar concluida la urbanización del polígono, reclamó la reversión de la cantidad abonada y la devolución de los terrenos.

Tras esta decisión judicial otras cuatro denuncias también concluyeron del lado de los propietarios ya sin necesidad de celebrar el juicio al llegar las partes a un acuerdo previo. Estos procesos en los juzgados, ya firmes, han supuesto un desembolso de la junta de compensación de más de 490.000 euros, tal y como constataron fuentes próximas a las causas.

Además del revés económico, supone una involución para el polígono que en lugar de avanzar retrocede con la reversión de las parcelas, debido a un retraso que se ha prolongado durante años, entre otros motivos por las discrepancias surgidas en torno a la subestación eléctrica que tiene que dar servicio al polígono.

Esas 2,2 hectáreas devueltas por propietarios privados tendrán que incorporarse al porcentaje que poseen el resto de los titulares del suelo del polígono. Según indicaron desde Sepes, a su 41,6% se suma el 12,98% que es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, por lo tanto un 54,1% del terreno es público, mientras que otro 6,5% corresponde a la junta de compensación y el 38,7% restante es de los compradores que en su momento hicieron un desembolso por los mismos.

De este modo y teniendo en cuenta que el polígono de Valcorba está conformado por unas 105 hectáreas, de la Entidad Pública Empresarial de Suelo y 638.000 del resto, según informó Sepes, en torno a 40 hectáreas fueron las compradas por particulares.

A partir de ahora, Sepes, que contaba con 420.800 metros cuadrados, debe incorporar su parte de las devoluciones, con el resultado de 430.103 metros cuadrados en su haber, lo mismo ocurrirá con el resto de los titulares del suelo que se reparten 638.000 metros cuadrados.

Las devoluciones se producen diez años después de la compraventa y con el amparo de la ley ya que, como recogía el primer fallo judicial, el objeto del contrato era la entrega de las parcelas completamente urbanizadas, algo que no ocurre actualmente, con las obras de la subestación eléctrica todavía pendientes, así como la conexión por carretera a la N-234.

El hecho de que la urbanización esté sin concluir impide que exista una recepción parcial de las obras por parte del Ayuntamiento, condición para la concesión de la licencia de primera ocupación. La ley impide los trabajos de edificación hasta no contar con la licencia pertinente.

El plan parcial del polígono fue elaborado en diciembre de 2004 y la aprobación definitiva del proyecto de actuación tuvo el visto bueno en diciembre de 2006, fijando 30 meses para ejecutar los trabajos, que deberían haber concluido por lo tanto en 2009.

El juez señaló en la sentencia que ha existido «una dilación más que notable en la ejecución de los trabajos, lo que revela un incumplimiento contractual claro».

Entre los fundamentos de derecho de la sentencia se recoge que «los técnicos del Ayuntamiento no han realizado la recepción de la urbanización al estar pendiente de ejecución, entre los puntos de mayor relevancia, el suministro eléctrico necesario al polígono, dos de los enlaces previstos y la evacuación de aguas pluviales, entre otros».

Esta sentencia condenó a la junta de compensación a abonar 107.000 euros, más los intereses moratorios correspondientes. La cifra es el resultado de los 72.380 euros que la mercantil había pagado por los terrenos y otros 35.450 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El precio fijado por las dos parcelas fue de 305.600 euros sin IVA pero se fijó como forma de pago el abono de 35.450 euros mediante 24 cuotas a partir de 2008 y otros 35.450 euros que fueron entregados en la firma del contrato. El resto tenía que pagarse cuando se efectuara la entrega de las parcelas ya completamente urbanizadas en las condiciones estipuladas en el contrato, y dado que la urbanización no se ha culminado ese último paso no se ha efectuado.