Continúa la lucha para endurecer las penas en los atropellos de ciclistas

Mamen Rubio, madre de la joven triatleta atropellada hace ahora cinco años, cuando tenía 15, durante un entrenamiento en carretera, insiste en que las imprudencias menos graves de un conductor no pueden quedar impunes cuando se producen víctimas, mucho menos si son mortales. Una lucha en la que está acompañada por miles de firmas, que ya se presentaron al Ministerio de Justicia, y por otros damnificados por este tipo de accidentes en los que «matar con un coche sale gratis», recalca Rubio, en el día en que se cumple el aniversario del atropello de María, un día tan duro como todos los demás desde entonces.

El próximo lunes finalmente no podrá estar en la reunión concertada con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que asistirá Anna González, cuyo marido falleció arrollado por un camión cuando circulaba en bicicleta, y que va de la mano en la batalla para conseguir «una ley justa». En el encuentro, además de representantes de ciclistas, como el presidente de la Federación de Triatlón, también estará el profesional de las dos ruedas Alberto Contador.

Sus peticiones pasan por que las imprudencias menos graves que derivan en accidentes sean consideradas delito y no faltas, implicando así que sean juzgadas penalmente y no sólo por lo civil, lo que se solventa únicamente con una indemnización, en el caso de que se consiga demostrar. «Estas faltas se despenalizaron en 2015 y de este modo las víctimas quedaron desprotegidas por los fiscales y también por los forenses», explica Rubio, quien lamenta que, con el cambio de Gobierno, el avance conseguido al ser admitida a trámite en el Congreso la reforma del Código Penal ahora se vea dificultado. Algunos partidos, como Podemos, consideran que el Código Penal ya es «suficientemente duro», apunta esta madre que no ha parado de buscar protección para los ciclistas en los últimos años, mano a mano con Anna González.

Sus otras dos peticiones pasan por que se eleve en uno o dos grados la pena a imponer, dependiendo de la gravedad y de la pluralidad de perjudicados, en el caso del delito penal, y por último, que se cree un delito autónomo para los casos en los que los conductores se den a la fuga tras un atropello. Hasta ahora, el no prestar ayuda, si la persona ya está fallecida, no se considera delito.

«Están haciendo una ley que no nos convence en absoluto», afirma Rubio, reconociendo al mismo tiempo que no tienen muchas esperanzas en la reunión con la ministra. En su opinión, el despenalizar las faltas fue una medida adoptada para liberar los saturados juzgados de penal, lo que ha ido en contra de las víctimas por atropellos, no sólo ciclistas, también peatones, recalca la madre de la triatleta atropellada.

Sin móviles

Los promotores de esta campaña Por una ley justa, defienden que «si las condenas fueran mayores y ejemplares los conductores se lo pensarían dos veces antes de consumir alcohol o drogas, o prestarían más atención al volante, por ejemplo en el caso del uso de teléfonos móviles», resume Rubio, parar quien sería incluso conveniente que existiera algún tipo de inhibidor en los vehículos, «igual que en el avión», únicamente disponible para casos de emergencia. «Es un problema muy serio y está en juego la vida de las personas».

Rubio apunta que el 90% de los accidentes por atropello desde 2015 son juzgados por la jurisdicción civil, donde no existe fiscal y tampoco el forense puede actuar para analizar los daños de las víctimas.