El proceso de expropiación para el colector recibe tres alegaciones

El expediente para la expropiación de los terrenos por donde se construirá el colector de la nueva cárcel ha recibido alegaciones por parte de tres particulares, según confirmó ayer la Subdelegación del Gobierno en Soria. Los planes del Ejecutiva pasan por agilizar los trámites al máximo aunque hay que respetar los plazos marcados por la normativa. En este sentido se espera que la resolución de las alegaciones se produzca a principios del mes de noviembre como muy tarde, según confirmaron ayer desde la Subdelegación.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria explicaron que la documentación relativa al expediente y las alegaciones ya está en manos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) que es la encargada del desarrollo de las obras. El plazo para la resolución de las alegaciones finaliza oficialmente el próximo seis de noviembre.

Una vez resueltas las alegaciones de los particulares afectados por la construcción del colector el proyecto podrá continuar su tramitación administrativa. En este sentido, uno de los aspectos claves debe ser la declaración de urgencia del procedimiento. Según explicaron desde la Subdelegación hace unos meses, esta figura es clave porque permitirá que el proceso expropiatorio y las obras avancen de manera paralela agilizando las obras. Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria informaron de que se espera que esa declaración llegue a mediados del mes de noviembre.

El proyecto de construcción del emisario de saneamiento de la nueva cárcel, entre el enlace de la carretera SO-P6006 y el punto de conexión de la red municipal, afecta a un total de 51 parcelas, todas ellas de carácter rústico y en su mayoría dedicadas al labradío de secano, aunque también se destinan a pastos.

Los propietarios de toda esta superficie rondan el centenar, principalmente particulares, en algunos casos hermanos que han heredado los terrenos, aunque también el propio Ayuntamiento de Soria cuenta con alguna parcela, como el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Autovía SO-20. En este último caso, el aprovechamiento es urbano-vial y la superficie que se expropiará será de 46 metros cuadrados, aunque la ocupación temporal afectará a 1.570 metros cuadrados.

Hay que recordar que se estima que la construcción del colector se extenderá durante un plazo de unos 8 meses a contar desde el inicio de las obras, por lo que los plazos cada vez van más ajustado en el sentido de que el centro penitenciario abra por fin sus puertas. Descartado el 2018, se esperaba que el inicio de la actividad en la infraestructura, cuyo coste se eleva por encima de los 100 millones, fuera en el 2019. El precio estimado del colector es de unos 900.000 euros más impuestos.

Además de esta infraestructura, para concluir las obras de la cárcel es necesario dotar el centro del mobiliario. Ya se ha encargado parte de los enseres para que se construyan en los talleres que se desarrollan en las cárceles españolas. Se estima que será necesaria una inversión de 4,1 millones y un plazo de entrega de alrededor de 6 meses. Una vez resueltos estos aspectos, quedaría pendiente la ampliación de la plantilla aunque, al tener prevista la apertura por módulos, los primeros meses de vida de la nueva cárcel podrían afrontarse con el personal de la actual penitenciaría.