El Ministerio cubre con psicólogos externos la vacante que paraliza el Juzgado de Familia

La Administración de Justicia en Soria continúa sufriendo la vacante de la plaza de psicólogo que forma parte del Instituto de Medicina Legal de Soria y que elabora informes para el Juzgado de Familia. Este técnico pidió el traslado y desde el 30 de enero de 2018 la plaza está vacía lo que está repercutiendo en el funcionamiento de la Justicia y, especialmente, en el mencionado juzgado, donde está atascados los asuntos de familia y de violencia de género, materia que está adscrita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria.

La ausencia de este psicólogo y la incidencia que en el trabajo de áreas tan sensibles como son los temas de violencia de género y de Familia han motivado la reacción en varias ocasiones del presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Sánchez Siscart, y del delegado sindical de Comisiones Obreras, Javier Sanz, quienes han exigido al Ministerio de Justicia la contratación del técnico con el fin de desatascar una situación enquistada y que no tiene visos de solucionarse ante la dificultad que supuestamente, y según apunta la Gerencia Territorial de Justicia, existe para la contratación del psicólogo al ser personal laboral contratado.

El caso es que la ausencia de este profesional ha provocado, de acuerdo a los datos del primer semestre que son los últimos oficiales, que sólo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria haya 139 asuntos de Familia pendientes, que en la actualidad serán muchos más, y una docena de violencia de género.

Además, según apuntan tanto el propio Sánchez Siscart como Sanz, además del número asuntos bloqueados, que es significativo, hay que tener en cuenta la sensibilidad de los mismos.

Después de ocho meses con la plaza vacante, el Ministerio de Justicia pretende aprovechar el convenio existente en esta cartera y el Colegio de Psicólogos a fin de que profesionales de Soria puedan realizar los informes que se les encarguen, según confirmaron a este periódico fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Según las mismas fuentes, esta solución es provisional mientras se resuelve la contratación de la vacante, si bien desde la Gerencia Territorial de Justicia prácticamente se ha descartado que pueda ser una realidad durante este ejercicio 2018. La propuesta de Justicia confirmada por la Subdelegación del Gobierno no agrada ni al presidente de la Audiencia Provincial ni al delegado de Comisiones Obreras en Justicia, quienes cuestionan esta medida provisional y exigen que se adopte una solución definitiva que tiene que ser la contratación de un psicólogo.

Sánchez Siscart y Sanz son claros. El presidente de la Audiencia Provincial califica de provisional la decisión de que sean psicólogos externos los que realicen informes necesarios para el Instituto de Medicina Legal y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria. «No entiendo que no se cubra la plaza, máxime cuando es un puesto esencial y que condiciona el funcionamiento del Juzgado ya que ahora se están señalando juicios que en el momento de la celebración se tienen que suspender porque no están los informes», indicó Sánchez Siscart, quien añadió que: «Que no haya una solución inmediata rompe cualquier esquema».

Además, el máximo representante de la Audiencia Provincial advirtió de que los asuntos que dependen directamente de los informes de este técnico del equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Soria requieren que los profesionales tengan una formación «específica» y que los trabajadores estén «preparados y sean profesionales».

Por su parte, el delegado de Comisiones Obreras en la Administración de Justicia, Javier Sanz, calificó de «chapuza» la medida provisional adoptada por el Ministerio de Justicia para cubrir la ausencia del psicólogo. Sanz criticó la resolución adoptada al Ministerio de Justicia que calificó de «externalización» de la plaza ya que la vacante del organigrama se cubre a través de trabajadores de fuera de la administración.

En opinión del representante sindical, la decisión del Ministerio de Justicia de no cubrir, de momento, esta plaza y de dos informáticos, que desde hace varios años están cubiertas por empleados externos, evidencia «el abandono» de dicha cartera al servicio en Soria.

Además, Sanz denuncio la desinformación que sufren los empleados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 y del Instituto de Medicina Legal, que desconocen la intención del Ministerio para cubrir la plaza que está provocando la paralización de procedimientos de Familia y de violencia de género.