«Si la gente sale a la calle es por los efectos de los recortes de 2012»

El malestar de la ciudadanía, evidenciado en movilizaciones como la del pasado viernes en Soria, es consecuencia de los recortes aplicados en la sanidad, asegura la ministra del ramo, María Luisa Carcedo, los efectos de los fatídicos reales decretos de 2012 y 2013 que el actual Gobierno está modificando progresivamente. No así la falta de médicos, motivada por una mala planificación estructural de años, que se trata de mejorar con medidas paliativas, como aumentar un 4,7% el número de plazas de formación de especialistas, sobre todo de médicos de familia y pediatras.

Pregunta.-El pasado viernes cerca de 5.000 personas salieron a la calle en Soria críticas con la situación de la sanidad. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria señalan que la solución al problema de la falta de médicos es potestad del Gobierno central. ¿Qué medidas deben adoptarse para solventar esta carencia?

Respuesta.-Qué más quisiera yo que tomar una decisión y que al mes siguiente pudiéramos resolver un problema que es estructural de nuestro sistema nacional de salud. Es un asunto que se evidencia ahora pero que es consecuencia de una falta de planificación estratégica de los recursos y especialmente del personal médico, no solamente por los recortes. Formar a un profesional médico exige muchos años, son 11 años, estamos hablando de un problema estructural. Lo que me sorprende es que desde el Gobierno autonómico digan que es un problema de la Administración General del Estado y se acuerden ahora. Todos estos años hemos asistido a una retirada de recursos permanente y a una falta de visión estratégica del sistema nacional de salud, más allá de los recortes bajo un supuesto título de sostenibilidad. Ahora se ven las consecuencias. Nosotros, de momento, ya en las plazas de convocatoria de formación de especialistas hemos reforzado un 4,7%, hemos incrementado sobre todo médicos de familia y pediatría, pero siendo conscientes de que éste es un problema que hay que resolver, aunque no se puede hacer de un mes para otro, ni de un año para otro. Es una cuestión estratégica.

P.-¿Qué horizonte contempla para esa solución?

R.-Ahora se pueden hacer medidas paliativas a corto plazo, como estimular la prórroga del periodo de jubilación, acelerar las acreditaciones de profesionales que vienen de otros países, sobre todo extracomunitarios, pero son medidas paliativas. Tenemos que resolverlo de forma más estructural.

P.-El lema que se empleó en la manifestación fue ‘Una sanidad de luto’, ¿no es muy fuerte algo así?

R.-Un poco fuerte, sí. Yo vengo diciendo, ya desde la oposición y como profesional del sector y responsable política del PSOE, las luces de alerta que están apareciendo sobre el sistema nacional de salud. Los últimos años ha habido recortes considerables y la falta de visión estratégica del sistema, y ahora están apareciendo los costurones por los lugares de mayor debilidad como es el caso de las zonas rurales, que son menos atractivas para los profesionales. Lo es más estar en un gran hospital donde hay nuevas técnicas que en uno comarcal, y menos en las zonas rurales. Y aquí unimos el asunto de la despoblación, donde la existencia de los servicios públicos es fundamental para retener la población, con los problemas que están surgiendo en el sistema nacional de salud. ¿Alguien podría pensar que todos los recortes que sufrió el sistema no iban a tener consecuencias? Hemos mantenido la satisfacción de la población porque hay una enorme profesionalidad del personal sanitario. Pero sí que la ciudadanía nos muestra, a través de las encuestas del CIS, su preocupación por la sanidad.

P.-El medio rural sufre el desmantelamiento de consultorios locales, menos médicos, ¿qué medidas deben aplicarse para garantizar el servicio en este medio rural?

R.-Vuelvo a la planificación estratégica. A partir de la Ley General de Sanidad de 1986, esta ley mandata a los poderes públicos a que la planificación de los recursos en centros sanitarios se haga pensando en lograr una cohesión social y territorial. En base a eso se planificaron los servicios para que el acceso a la salud estuviese garantizado en todo el territorio. Cuando hay que pensar en la distribución de recursos, hay que hacerlo con este objetivo. Esto hay que combinarlo con el derecho de los profesionales a elegir según su situación, su puntuación, carrera profesional, etc, pero hay que priorizar el cubrir estas plazas del ámbito rural.

P.-¿Y eso cómo se hace?

R.-Hay distintas medidas, hay iniciativas desde las comunidades autónomas, algunas primando puntuación…, cada una se fue inventando cómo resolverlo. Entra más en la materia de gestión. Habrá que pensar en esta realidad porque la existencia de los servicios públicos en las zonas rurales es la primera garantía para fijar población.

P.-Las deficiencias en las conexiones a internet provocan que los pacientes de muchos pueblos no puedan ser atendidos correctamente porque no es posible acceder a todo su historial. ¿Cómo se va a solucionar ese problema?

R.-Eso es combatir la brecha digital, que es otra política fundamental. Es más importante casi hoy el acceso a internet que las carreteras. Es un asunto más de la planificación territorial, desde las comunidades autónomas se tiene que velar por evitar que se produzca esta brecha digital.

P.-La Junta de Castilla y León va a preparar un plan de incentivos para puestos de difícil cobertura. ¿Esto realmente soluciona el problema o no es más que una competencia entre comunidades?

R.-Me parece bien que se esté pensando en incentivar de alguna forma, que puede ser a través de la carrera profesional o de forma retributiva, que el estar en el medio rural pueda reportar alguna ventaja al profesional, eso es fundamental. Como lo es el resolver la necesidad de profesionales de forma más estructural. Cuando no había estos déficits se cubrían las plazas porque había profesionales. El problema es que ahora, como hay escasez, eligen otros destinos.

P.-Castilla y León cuenta con 3.652 consultorios locales y 247 equipos de Atención Primaria. El modelo de financiación autonómica deja un déficit que la Junta cifra entre 400 y 500 millones de euros anuales. ¿Piensa el Gobierno dar una solución a este déficit casi histórico? Porque todo apunta a que será difícil a corto plazo pactar un modelo entre todas las comunidades.

R.-La dispersión de la población es un elemento que ya incorpora el sistema de financiación actual, y el anterior también, el que se acordó en el año 2000 coincidiendo con las transferencias. Ya incorporaba un porcentaje de la financiación autonómica no solamente por habitante, sino también por mayores de 65 porque hay más cronicidad y más consumo sanitario. Asimismo incorpora la dispersión de la población, mecanismos correctores, y el asunto de los menores por la educación. Por lo tanto ya está recogido. ¿Que esto haya que ajustarlo más en la discusión del sistema de financiación autonómica? Pues para eso están las matemáticas, para hacer las fórmulas de la complejidad que se requiera para que la financiación sea más justa. La dispersión de la población lo hace más costoso, pero el sistema actual ya recoge la dispersión y el envejecimiento, las dos características de esta comunidad autónoma.

P.-La evidencia es que las listas de espera siguen aumentado. ¿Desde el Gobierno se puede actuar o es una batalla perdida?

R.-No, batalla perdida no. Es todo consecuencia de lo mismo. Si alguien pensaba que se pueden retirar recursos de un sistema como éste y que atiende a toda la población, con estos estándares de calidad, se parte de un error de valoración total. Clamoroso. Si retiras recursos se va a resentir el sistema y éstas son las consecuencias. Estamos ante un real decreto de 2012 cuyos efectos se están notando ahora, lógicamente.

P.-Hace días conocíamos el caso de una anciana, dependiente de grado máximo, que residía en Madrid y recibía 290 euros, al trasladarse a su pueblo en Soria, Cueva de Ágreda, la ayuda de dependencia se ha reducido a 36 euros. ¿Cómo se concibe esa situación?

R.-Depende de cada comunidad autónoma, de cómo distribuye sus recursos en dependencia. Desde la Administración General del Estado lo que se hace es una distribución acorde con los dependientes calificados por las comunidades. Los recortes que se produjeron, los reales decretos famosos de 2012 y 2013, introdujeron muchas restricciones y cada autonomía las aplicó a su manera. Nosotros queremos trabajar en mejorar el sistema de información. Que no solamente nos indiquen el número de dependientes incorporados, sino también qué tipo de servicios, prestaciones y que calidad, que haya mayor transparencia de cómo se distribuyen esos recursos, y que esta información no la conozcamos por los medios de comunicación sino que desde la propia Administración se pueda compartir con las comunidades, colectivamente, esta información en tiempo y forma. Y analizaremos los reales decretos para intentar evitar que se produzcan estas situaciones. Pero entra dentro del ámbito de la distribución competencial de las comunidades autónomas.