«La vivienda tiene un problema crónico de financiación en Castilla y León»

Garantizar que se cumple el derecho constitucional y estatutario a la vivienda, sobre todo para los colectivos más vulnerables, pasa hoy por más financiación pública, mayor colaboración institucional, profesionalización de la gestión privada, una apuesta por la vivienda social en alquiler y la implicación de las grandes empresas en la promoción de pisos en suelo propio.

Son los ejes básicos que debería guiar una estrategia regional de futuro en materia de vivienda, según el doctor arquitecto Juan Luis de las Rivas que ayer desgranó en el Club de Prensa de EL MUNDO de Castilla y León el estudio técnico que coordinó para el Consejo Económico y Social (CES).

«Castilla y León tiene un problema crónico de financiación de la vivienda». Este es el contundente diagnóstico crítico de partida sobre el que se asienta la visión del informe, que lo considera «determinante» para cualquier análisis de la situación, no solo por la crisis financiera con matiz inmobiliaria que vivió España, sino por «el derrumbe de un modelo inmobiliario fundamentado en la alianza entre el sector bancario y el promotor», y por la brecha creciente que se abre entre salarios cada vez más bajos y viviendas cada vez más caras.

«El peor contexto para una política de vivienda es la escasez», abundó De las Rivas, para advertir de que esta carencia se agudiza con «el problema dramático» de «ciudades medianas y pequeñas con una economía pobrísima» y con una también «dramática» escasa tradición de viviendas sociales. En ese sentido, De las Rivas propone más fondos públicos para abordar «el problema» de falta de viviendas de alquilar social y sobre todo no hablar solo del derecho a la vivienda sino ampliar el ámbito al «derecho a la ciudad».

El coordinador del estudio del CES sobre Estrategias para el impulso de un nuevo modelo de política de viviendas en Castilla y León recordó que España es el país de Europa con más viviendas de propiedad colectiva y el que más ascensores tiene del mundo. La propiedad domina sobre el alquiler. Sin embargo, advirtió de que el bajo precio de la financiación en Europa está marcando en los últimos años una tendencia alcista a la propiedad.

Pero el punto de partida para que las políticas públicas funcionen con eficacia es la urgencia de conocer las necesidades de vivienda de Castilla y León, lo que permitirá evaluar su dimensión y fundamentar estrategias, prioridades y acciones del plan. Y sobre todo, cuantificar y concretar las dimensiones y los perfiles de los colectivos de especial protección y localizar las situaciones de infravivienda y chabolismo. Su propuesta de estudio adquiere más relevancia por las numerosas viviendas vacías que hay sobre todo en el mundo rural de la Comunidad autónoma. «Ni sabemos cuántas hay, ni cuáles son accesibles».

Al respecto, destacó que ese estudio permitiría converger con las acciones de regeneración urbana y estimar el número y la localización de las viviendas necesitadas de rehabilitación y en riesgo de ser infravivienda por estar en edificaciones en mal estado por criterios constructivos y de habitabilidad, al tiempo que se podrían agrupar en tipos y en la urgencia social de su rehabilitación.

El coordinador del estudio para el CES lamenta que en Castilla y León y en España haya una fuerte sensibilidad, a diferencia de países como Francia y sobre todo EEUU, hacia la gratuidad de la educación y la sanidad, y no exista una «dirección» similar hacia las carencias en vivienda.

Juan Luis de las Rivas elogió la normativa del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. También la agilidad de la Junta de Castilla y León en firmar el convenio y en impulsar este derecho en su ley de 2010; pero todo esto es insuficiente. El «complejo» marco normativo exige «avanzar» hacia un «marco colaborativo» entre las administraciones central, autonómica y local, que establezca estrategias claras para garantizar la vivienda a los más vulnerables: jóvenes, mayores y personas con discapacidad. También en cumplir y redirigir el plan nacional y sobre todo conseguir más recursos para «financiar la demanda de vivienda insatisfecha».

El especialista en el sector de la vivienda se congratuló del «consenso» existente en los planes de vivienda del Gobierno central y de la Junta sobre la eficacia del alquiler en los planes orientados a los colectivos más vulnerables y defendió la necesidad de impulsar un parque regional más amplio tanto en ciudades como en entornos rurales, que sea capaz de incorporar al sector privado. Eso sí, que los principales municipios aporten fondos propios a los del Estado y la Junta.

Aunque la moderación dominó en los aspectos críticos de su exposición, Juan Luis de las Rivas no dudó en pedir al sector promotor un enfoque diferente. Sobre todo con iniciativas «inteligentes» que persigan dotarse de más financiación y con un componente relevante de la formación que posibilite la innovación y la «profesionalización en la gestión».

No dudó en advertir de que este giro podría reportar al sector «menos ganancias», pero lo haría más «viable» en el futuro.

De las Rivas se preguntó en el foro de EL MUNDO si «es posible un urbanismo sin plusvalías». La respuesta al interrogante quedó en el aire, pero lo que sí dejó claro es que «la generación de plusvalías ha enriquecido a unos pocos».

El autor del informe considera que la garantía de convertir el derecho a la vivienda en propiedad debe partir de análisis «muy precisos y evitar clichés y mantras que se repiten».

De manera genérica también se preguntó por la efectividad de los millonarios beneficios fiscales a a la vivienda, cifrados en 2.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado, que podrían estar beneficiando solo a las clases medias y no a los colectivos más vulnerables que no hacen la declaración de la renta.