Dudas en la expropiación atascan la solución del acceso a Valcorba

La Diputación provincial de Soria lleva meses tratando de buscar soluciones a los accesos del polígono industrial de Valcorba, en concreto su conexión con la carretera SO-P-3003, pero las dificultades para proceder a la expropiación tienen varado el objetivo por el momento. Las conversaciones entre todas las partes implicadas, tanto junta de compensación como la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Diputación y el Ayuntamiento de Soria se han intensificado estas últimas semanas para tratar de hallar una vía de salida a una situación «atascada», como reconoce el propio presidente provincial, Luis Rey, quien asegura que todos los esfuerzos están centrados ahora es desbloquear esta situación.

El problema tiene carácter técnico, ya que los acuerdos firmados en la Diputación sostienen que esta administración no puede efectuar la expropiación de los terrenos para los accesos, unos 2.500 metros cuadrados, propiedad de tres titulares, la propia Diputación, Adif y una agropecuaria privada. Dichos acuerdos recogen que es la junta de compensación quien asume el compromiso de hacerlo. En la junta de gobierno de 4 de septiembre de 2012 se adoptó el acuerdo de autorizar el entronque de la carretera SO-P-3003 con el polígono de Valcorba y su texto recoge: «Esta Diputación se limita a autorizar las obras de conexión. Todos los permisos o autorizaciones, o expedientes que tenga que tramitar la junta de compensación deberá obtenerlos o tramitarlos ante los organismos que corresponda, no realizando esta Diputación ninguna actuación, hasta la recepción del entronque».

Ante esta coyuntura, el proceso está atascado, puesto que tampoco el Ayuntamiento de Soria puede hacerse cargo de esa expropiación, ya que parte de los 2.500 metros cuadrados se encuentran ya en término municipal de Alconaba, al que no se ha pensado en involucrar en este asunto.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Consistorio capitalino, Javier Muñoz, reconoce que es «una cuestión compleja», y aunque la predisposición por todas las partes existe, «la normativa técnica no lo permite y lo que hace falta es buscarle un encaje legal», y en ello trabajan actualmente.

Muñoz recalca que no es sólo una cuestión económica. «Si fuera un conflicto entre particulares ya estaría resuelto, pero entre administraciones no funciona así», puntualiza. Insiste en la predisposición de las partes, para empezar porque los propietarios disponen de unos terrenos «y pierden dinero por no poder desarrollarlos».

Desde la Diputación provincial han recurrido a Sepes para que abone la cantidad que solicitan los propietarios de los terrenos, pero como administración no está autorizada a pagar por encima de la valoración oficial que se hizo de dicho suelo. «Nadie le autoriza a hacer ese pago que es más elevado», señala Rey, quien no obstante califica de poco relevante la cifra que Sepes tendría que afrontar, teniendo en cuenta que se está hablando de un polígono industrial cuyo coste estimado seria de 36,5 millones de euros, según calcula la Entidad Pública Empresarial de Suelo.

A pesar de las dificultades que están arrojando los accesos –el otro posible, ubicado en la vertiente opuesta, está pendiente de la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial en tramitación, por lo tanto con una solución más dilatada en el tiempo–, la puesta en marcha del polígono de Valcorba está actualmente pendiente de la recepción parcial de las obras de urbanización, lo que permitiría la comercialización al fin de las parcelas. «Dicha recepción parcial incluiría la totalidad de las obras de urbanización ejecutadas hasta el momento en dicho ámbito, al encontrarse las mismas en condiciones adecuadas para su entrega a uso público al tener el polígono un acceso suficiente actualmente para dicha actuación», señala Sepes en una respuesta parlamentaria fechada el 30 de noviembre pasado.

La recepción parcial fue condicionada por los técnicos municipales a la adecuación de ciertas actuaciones en la subestación eléctrica que dotará de suministro al polígono y cuyas obras estaban finalizadas a falta de estas prescripciones técnicas.

Sepes señala que está a la espera de la contestación a respecto de dicha recepción parcial por parte del Ayuntamiento de Soria.

Estima que el coste para el desarrollo del polígono se elevaría a 36,5 millones, de los que Sepes aportará 17,9 millones. Hasta ahora ya ha abonado 16,12 millones. La Entidad Pública adquirió 30 parcelas con una superficie de 420.886 metros cuadrados en el año 2011, lo que representa el 41,6% en su cuota de participación en la junta de compensación. Asimismo, la intervención de Adif es del 12,9%, mientras que el resto de la junta de compensación tiene el 6,5% y los propietarios privados el 38,7%.