La Fiscalía pide un año de prisión por cortar las orejas a dos perros

El Juzgado de lo Penal de Soria juzgará el próximo mes a uno de los 18 propietarios de perros investigados dentro de la denominada Operación Podencos como presuntos autores de delitos de maltrato a animales domésticos por el corte de orejas y rabos a perros de caza.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desarrolló durante prácticamente todo el año pasado una operación para controlar las amputaciones de orejas y rabos en los perros de caza y verificar que los dueños de animales los mantengan en buenas condiciones higiénico y sanitarias y les proporcionen alimentos y bebida.

La operación, que tenía alcance nacional y provocó la reacción de rechazao por la Asociación de Rehalas Regionales, Caza y Libertad (Arrecal) que incluso llegó a convocar acciones de protesta que con posterioridad se suspendieron, se saldó con 18 propietarios de perros investigados en la provincia de Soria, en la mayoría propietarios de rehalas.

No obstante, dentro del marco de la Operación Podencos se realizaron en la provincia cerca de 180 inspecciones en rehalas y perreras, se controlaron 1.100 perros y se detectaron un total de 177 infracciones administrativas por diferentes conceptos a la normativa sobre protección de animales de compañía y de sanidad animal, que fueron denunciadas ante el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, según la información facilitada en su momento por el Seprona y por la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Operación Podencos va a tener continuidad en los tribunales y ya hay señalamiento para el primer juicio en el que se juzgará a un propietario de perros al que la Fiscalía imputa un presunto delito de maltrato animal por el corte de orejas a dos perros y para el que solicita un año de prisión y la prohibición de tener animales durante tres años. Este es el primer procedimiento que se ha tramitado en el juzgado y que ha calificado el Ministerio Público.

Según el Ministerio Fiscal en las conclusiones preliminares, este acusado, uno de los 18 investigados en la Operación Podencos, tiene una perrera en la localidad de Almazán, que cuenta con autorización de núcleo zoológico. Justo hace un año, el 11 de enero de 2018, siempre según el relato de la Fiscalía en las conclusiones preliminares, el acusado tenía en las instalaciones 35 perros, de los cuales cinco de ellos tenían las orejas cortadas.

Dos de esos perros, según el Ministerio Público en el Ministerio Público, pertenecían al acusado desde su nacimiento, «habiéndoles practicado este la intervención relativa al corte de orejas por si mismo».

Según sostiene el fiscal, el acusado realizó él mismo la intervención, «sin tener conocimientos veterinarios para ello, practicando esta operación sin anestesia para evitar el dolor aparejado a la misma, ni suministrando los antibióticos necesarios para evitar posibles infecciones, suturando las heridas de manera incorrecta, sin haber observado las condiciones mínimas de higiene durante su desarrollo ni la posterior amputación, obviando los riesgos de infecciones provocadas por el lugar donde se encuentran alojados los perros».

La Fiscalía apunta en su escrito de acusación que las intervenciones quirúrgicas se realizaron «sin las condiciones sanitarias y clínicas básicas» que supusieron «un gran quebranto para la salud de los animales».

Para el Ministerio Fiscal, el acusado es autor de un delito de maltrato animal y le pide una pena de un año de prisión, e inhabilitación especial durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, así como para la tenencia de animales.