«Los perros ya tenían las orejas cortadas cuando los compré»

El juicio por delito continuado de maltrato animal celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal de Soria quedó visto para sentencia con la petición por parte de la Fiscalía de un año de cárcel para el acusado J.M.L., propietario de una perrera en el término municipal de Almazán, para el que la defensa solicita la libre absolución. «Los compré así, con mes y unos días y ya venían con las orejas cortadas», declaró ante la jueza de lo Penal el encausado, quien matizó que los adquirió en la Feria de Almazán, «sin factura ni recibo». Aseguró desconocer «de quién eran los perros», ni a quién se los compró. Las cartillas y los microchips no son obligatorios a esas edades tan tempranas, ya que su tramitación suele coincidir con las primeras vacunas.

El fiscal elevó a definitivas sus calificaciones en las que señala que el acusado contaba en enero del año pasado, cuando se practicó la inspección rutinaria por parte de la Guardia Civil, con 35 perros, de los que cinco tenían las orejas cortadas y en dos de los casos J.M.L. no pudo justificar que tuvieran las orejas cortadas ni que se hubiera practicado la operación por parte de un veterinario. El encausado insistió en que ya los adquirió así, negando que fuera él mismo quien hubiera efectuado el corte a los perros.

El juicio es consecuencia de la operación Podencos de la Guardia Civil, que ha investigado perreras y rehalas, con el resultado de tres encausados, según indicó el delegado provincial de la Federación de Caza de Castilla y León, José Sanz, que acudió a la vista oral como público, junto a otros integrantes de la Asociación de Rehalas Regionales Especiales, tal y como podía leerse en el chaleco que portaban durante el juicio.

Los agentes de la Guardia Civil que interpusieron la denuncia declararon que la perrera del acusado presentaba todas las condiciones higiénicas y de salubridad adecuadas, con perros «bien alimentados y cuidados», y que la única incidencia fue la de los dos perros con las orejas cortadas sin justificar. «No quería decirnos por qué», señaló uno de los guardias civiles que compareció ayer ante la jueza para explicar lo ocurrido cuando se produjo la inspección. Incluso otro de los agentes, por videoconferencia, reconoció que la perrera «cumple con la normativa de bienestar animal con creces».

Por su parte, el veterinario titular del encausado afirmó que el corte de orejas no suponía «ningún perjuicio para los animales, no tienen problemas psicológicos, están completamente igual que otros perros». El profesional aseguró que esta práctica es «habitual desde la antigüedad para evitar patologías» en los animales, ya que los perros que participan en la práctica de la caza sufren enganchones o rasguños con la vegetación que les pueden ocasionar infecciones, además de tumores en las orejas. Eso sí, recalcó, deben practicar las operaciones los veterinarios, aunque se pueden realizar en las propias instalaciones sin acudir a ninguna clínica. De hecho, en el caso del ganado, es el propio ganadero quien se encarga, siempre que se realice con las condiciones adecuadas. El veterinario destacó la importancia de la supervisión de un profesional, «anestesia y hacerlo en una zona limpia para evitar la infección».

La intervención de los peritos en el juicio dejó constancia de que esta práctica de cortar las orejas a los perros es habitual en las rehalas y que lo más adecuado es hacerlo en edades tempranas, antes incluso del mes.

Desde la Federación de Caza de Castilla y León incidió su delegado provincial en Soria que esta práctica «no es delito», en todo caso falta administrativa, aunque la ley que entró en vigor en febrero de 2018 ya no permite que se corten las orejas a los perros, situación que ha derivado en las denuncias y en el juicio celebrado ayer.