Absuelto el acusado de Almazán de cortar las orejas y el rabo a dos perros

El Juzgado de lo Penal de Soria ha absuelto a uno de los 18 propietarios de perros investigados dentro de la Operación Podencos de un delito de maltrato a animales domésticos por el corte de orejas y rabos a perros de caza.

El mencionado órgano judicial juzgó el pasado 5 de febrero a J. M. L., vecino de Almazán, como presunto autor de un delito de maltrato a animales domésticos por el corte de orejas y rabos a perros de caza. Ahora el Juzgado de lo Penal ha dictado sentencia en la que se considera que: «Ninguna prueba practicada en el acto del juicio acredita que el acusado fuera el autor de las lesiones de los animales».

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desarrolló durante prácticamente todo el año pasado una operación para controlar las amputaciones de orejas y rabos en los perros de caza y verificar que los dueños de animales los mantengan en buenas condiciones higiénico y sanitarias y les proporcionen alimentos y bebida.

La operación, que tenía alcance nacional y provocó la reacción de rechazo por la Asociación de Rehalas Regionales, Caza y Libertad (Arrecal) que incluso llegó a convocar acciones de protesta que con posterioridad se suspendieron, se saldó con 18 propietarios de perros investigados en la provincia de Soria, en la mayoría propietarios de rehalas.

El Juzgado de lo Penal de Soria ha absuelto a este acusado en una sentencia conocida ayer, y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Soria, en la que se declara de oficio las costas causadas en el presente procedimiento judicial.

En la resolución judicial se considera probado que el acusado posee una perrera en la localidad de Almazán, que cuenta con autorización de núcleo zoológico. Justo hace un año, el 11 de enero de 2018, siempre según los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal, el acusado tenía en las instalaciones 35 perros, de los cuales cinco de ellos tenían las orejas cortadas y a otros dos de ellos «se les había practicado la intervención relativa al corte de orejas».

Sin embargo, según la sentencia, «no consta acreditado que J. M. L. practicara por sí mismo dicha intervención, siendo que había adquirido ambos perros siendo cachorros con las orejas ya cortadas por su anterior dueño, el cual no ha sido identificado».

En los fundamentos de derecho de la sentencia se indica que: «Ninguna prueba se ha practicado por la acusación que acredite que el acusado haya sido el autor de las lesiones de los animales. La acusación se funda en una único indicio: la tenencia por parte del acusado de estos dos animales».

En los fundamentos de derecho de la sentencia se relata que: «Los agentes del Seprona que han declarado en juicio manifiestan que, en el núcleo zoológico, había otros tres perros con las orejas cortadas, pero que constaba documentalmente, en sus cartillas sanitarias, que dicha intervención se había practicado por veterinario. Por ello, no parece lógico que el acusado hubiera realizado personalmente el corte de orejas a dos perros siendo que a los otros se lo había practicado un veterinario».

Asimismo en la sentencia se abunda en que: «Los agentes del Seprona manifiestan que los perros se encontraban en perfectas condiciones de salud y que no mostraban ningún rechazo hacia el ser humano, que el acusado pasa todos los controles sanitarios y veterinarios de la Junta y que el estado de aseo, alimentación y cuidado de los perros y de la perrera es modélico».

Este juicio es consecuencia de la Operación Podencos en la que se realizaron en la provincia cerca de 180 inspecciones en rehalas y perreras, se controlaron 1.100 perros y se detectaron un total de 177 infracciones administrativas por diferentes conceptos a la normativa sobre protección de animales de compañía y de sanidad animal, que fueron denunciadas ante el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, según la información facilitada en su momento por el Seprona y por la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Operación Podencos va a tener continuidad en los tribunales y este juicio es el primero en el que se ha juzgado a un propietario de perros al que la Fiscalía imputaba un presunto delito de maltrato animal por el corte de orejas a dos perros y para el que solicitaba un año de prisión y la prohibición de tener animales durante tres años.

Según ha sostenido hasta la celebración del juicio el Ministerio Fiscal, el acusado realizó él mismo la intervención, «sin tener conocimientos veterinarios para ello». Sin embargo, ahora el Juzgado de lo Penal de Soria ha absuelto al acusado.