Una riqueza verde sin explotar

Si Castilla y León fuese un órgano dentro del cuerpo de España, sería un pulmón. De color verde, pero con severas dificultades respiratorias. Y no es que la Comunidad sea fumadora, sino que desaprovecha la buena salud de sus montes y bosques en beneficio propio. El desconocimiento de esta riqueza es precisamente el freno de mano a una respiración a pleno pulmón.

Para realizar un diagnóstico correcto es preciso retrotraerse hasta 1983, año en que la región recibió del Gobierno central las competencias sobre aprovechamientos forestales. Cerca de dos décadas se necesitaron después para articular un plan que perfilara la política y la estrategia que sustentan esta materia. Y no fue hasta 2009 cuando las Cortes de Castilla y León dieron luz verde a su norma suprema, la Ley de Montes. Cinco años más tarde, en pleno fervor de la crisis económica y como respuesta a la misma, el Ejecutivo autonómico aprobó el Programa de movilización de los recursos forestales con el objetivo de dinaminizar el empleo a través de su puesta en valor. Pequeños pasos en una correcta dirección que, a día de hoy, se antojan insuficientes en relación con las dimensiones que maneja la región.

Con casi cinco millones de hectáreas, Castilla y León abarca más de la mitad –un 51%– de la superficie de uso forestal del país. Es la comunidad que reina en este ámbito al triplicar la media nacional, multiplicar por seis la europea y duplicar la mundial, según los últimos datos del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3). En este reinado, lo público inclina la balanza de la titularidad con casi un 55% frente al 45% de privada.

Precisamente en este punto, el de la propiedad, aparece el primer desfase contraproducente para la propia actividad. Los montes de la Comunidad se dividen entre un pequeño número de titulares que cuentan con más de 100 hectáreas –tamaño a partir del cual la gestión es viable–, frente a una desorbitada cifra de personas que tiene en su poder minifundios, por debajo de las cinco hectáreas. Es decir, alrededor de 7.000 propietarios concentran aproximadamente el 70% de la superficie forestal regional; mientras que más de 700.000 personas se reparten cerca de la misma cantidad de hectáreas.

Con este mapa como escenario de fondo, afloran las grandes debilidades de la silvicultura: la falta de rentabilidad para los particulares y la ausencia de una gestión forestal sostenible. Profundizar en la misma es la tarea pendiente del sector para hacer frente a su peor enemigo: el abandono, que da lugar a un crecimiento descontrolado de la vegetación, la acumulación de combustible y la proliferación de incendios forestales. Sin olvidar las plagas, esos inquilinos que no necesitan que medie invitación para arrasar con todo. Ejemplo de ello es la chinche americana, ocupa de los piñoneros y responsable directa de la caída dramática del rendimiento de la piña, con sus respectivas consecuencias en la industria.

El amplio abanico que abre la potencialidad de este ámbito conforma la artillería de contraataque al desamparo. La madera, los frutos como piñones y castañas, los hongos o la caza son algunas de las vías que devuelven altos rendimientos. Asimismo, favorece la biodiversidad, regula el ciclo hídrico, previene la erosión y captura el dióxido de carbono. Beneficios entre los que destaca, de suma importancia en el caso concreto de la Comunidad, el jaque mate a la despoblación.

Estratégico

Todo ello dibuja, a ojos de la propia Junta de Castilla y León, un sector estratégico al nivel de la automoción o la agroalimentación. A pesar de gozar de esta consideración, en la actualidad no garantiza una estabilidad de ingresos suficiente. La producción anual se sitúa en una media de 20 euros por hectárea, que asciende a los 36 en el caso de arbolado denso y contrasta con los 400 de las explotaciones agrarias.

Otra carencia que denuncian los silvicultores, conscientes de la dificultad de elevar su lucha a Bruselas, es la inexistencia de una Política Forestal Común Europea. Hasta ahora, aseguran, los problemas se han ido solventado con parches. Una petición que cobra intensidad si se tiene en cuenta que estas superficies no están contempladas dentro del primer pilar de los fondos de la PAC, sino que están relegadas a un segundo plano donde tan solo perciben un irrisorio impulso económico del 2,25%.

Aquí entran en juego las asociaciones provinciales, para exprimir las fortalezas y oportunidades del sector, pero especialmente para proteger sus retos y debilidades. Los propietarios de la región ven en el asociacionismo una clara apuesta de futuro que revertirá en una mayor profesionalización, la integración e involucración de los dueños en la gestión forestal, y una mejora de las estructuras que facilitará la canalización de la oferta productiva.

Hace ya tres décadas que estas nueve entidades fusionaron sus singularidades en la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle) que, desde entonces, levanta la voz ante la desconsideración con el sector.

Las raíces que Fafcyle lleva regando treinta años tienen como sustrato la mejora de la organización de la propiedad, de la producción y de la rentabilidad forestal; la defensa de los intereses del colectivo al que representa; el asesoramiento a los propietarios, sean públicos o privados; y el refuerzo a un uso sostenible de la silvicultura.

Los bosques y montes de la Comunidad conforman, a pesar del desconocimiento que planea sobre ellos, una riqueza verde que merece una explotación a la altura, que permita que los beneficios que de ella derivan salgan vencedores de plagas, enfermedades y, sobre todo, incendios. Castilla y León no debería permitirse el lujo de abandonar una joya natural que le permitiría plantar cara al gran éxodo rural que amenaza sus rincones.