Acción Social incorpora un nuevo recurso con la vivienda cuna de Mesta

El último pleno en el que los concejales tenían que votar algo se llenó con los recuerdos del móvil. Intercambio de fotos. Acabada la sesión, la popular María José Fuentes tuvo la idea de inmortalizar a los concejales del PSOE y el alcalde, Carlos Martínez, correspondió a continuación desde los asientos de su grupo, con Luis Rey dirigiendo las operaciones y Jesús Bárez, en el otro extremo, sumándose al equipo de imagen. Luego, posado de familia. Volverán todos a reunirse pasadas las elecciones con el único fin de ratificar el acta de lo sucedido ayer, una asamblea que despidió el mandato incorporando al área de Acción Social un nuevo recurso. Una vivienda cuna en los pisos que el Consistorio ha ido rehabilitando en la calle Mesta. Unanimidad en la aprobación inicial de su Reglamento.

Como una muestra de las políticas en pro de la «igualdad real entre hombres y mujeres» presentó el servicio el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz. Se trata de una estancia temporal de mujeres embarazadas o con bebés de muy corta edad, con la inserción sociolaboral como finalidad del apoyo y seguimiento individualizado. Las beneficiarias estarán en situación vulnerabilidad o riesgo de exclusión y la vivienda facilitará el «tránsito a la vida autónoma», con el «interés superior del menor» como base del recurso.

La norma atiende a mujeres sin medios para acceder a una vivienda y que carezcan de redes familiares o sociales a las que acogerse. Mayores de edad o menores emancipadas, pero también menores gestantes o con un bebé que no tenga más de 18 meses. En este caso podrán estar acompañadas por su progenitora. Si al margen del más pequeño la mujer tuviera otro menor a su cargo, podrá estar acompañada de él.

La permanencia en Mesta conlleva un programa de atención integral, individualizado y a cargo del personal técnico del Consistorio, que supondrá un respaldo para que la usuaria deje atrás la situación de vulnerabilidad que le llevó a asistirse del programa.

Prevención actual para facilitar una vida normalizada a un colectivo en un contexto de fragilidad, con una ayuda a cargo de la administración. Sin pretenderlo, el pleno había marcado en ese momento un sutil contraste con la historia encerrada en la declaración institucional con la que había comenzado. Un reconocimiento oficial hacia aquellos que fueron privados de la vida a causa de una acción del poder. El del Imperio Otomano que durante la Primera Guerra Mundial señaló a sus súbditos armenios, a los que concentró en condiciones infrahumanas, asesinó e hizo marchar en formaciones de la muerte.

«El pleno del Ayuntamiento de Soria acuerda el reconocimiento oficial del genocidio armenio y condena los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el mismo», señaló la declaración institucional. La ciudad da un paso adelante, teniendo en cuenta que la calificación es fuertemente rechazada por Turquía y que España no se refiere a los hechos con ella. En cambio, Francia persigue penalmente a quienes pongan en duda la muerte de un millón y medio en una persecución que generó además una masiva diáspora.

El Consistorio había sido instado por la asociación Ararat a sancionar que lo sucedido fue un genocidio. Una entidad que lleva el nombre de la montaña donde la Biblia señala que se detuvo el arca de Noé y que los armenios contemplan, cerca de su frontera, en Turquía.

Los reconocimientos de grado llevan a las discrepancias

No parecía que con el dictamen unánime en la Comisión de Personal el punto del reconocimiento de grados a laborales y funcionarios fuera a generar discusión. Con los años cumplidos al tiempo de la solicitud y la formación correspondiente, el paso es automático. Y al que no tiene los requisitos se le niega mecánicamente. Sin embargo, hay trabajadores que han reclamado el incremento en la carrera profesional y como su plaza no está en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) quedan en un limbo. O no, porque como no parten de un grado no se les puede asignar otro y el pleno no tiene más remedio que desestimar la pretensión. El concejal de IU, Enrique García, hizo causa señalando la situación, lo que le dio ocasión de cuestionar la política de personal del equipo de Gobierno y aspirar a dos votaciones. No estaba claro cómo, pero Jesús de Lózar, por Ciudadanos, consideraba que lo que pretendía García era un pronunciamiento aparte sobre los de la RPT y otro sobre el resto. Carlos Martínez consideró que el «dictamen de la Comisión es claro y viene en un sentido» y que para aclarar las cosas y poner o quitar votaciones fraccionadas ya está la Junta de Portavoces, donde se pueden debatir estas cosas. Así que IU y Sorianos se pronunciaron en contra del punto, que fue respaldado por PSOE, PP y Ciudadanos.

El alcalde despidió la sesión, última sustantiva, reconociendo el «esfuerzo, trabajo y dedicación» de todos los ediles «en beneficio de la ciudad». En estos años ha habido «encontronazos» y también «puntos de encuentro y de consenso», como muestra que casi siete de diez votaciones del pleno fueran unánimes en 2019. Martínez reiteró a los corporativos lo que dijo en el Nombramiento de los Jurados. Son «parte de la historia viva de esta ciudad».