Comienzan los trámites para las expropiaciones de la depuradora

La expropiación para ocupar los terrenos donde se ubicará la depuradora y los relacionados con colectores se ponen en marcha. Sale a la luz la relación de los bienes y derechos afectados por los proyectos y los afectados tendrán a partir de la publicación de los anuncios (en medio de comunicación y Boletín Oficial del Estado, al tratarse de la Confederación Hidrográfica del Duero) 15 días para expresar alegaciones. El paso completa viene a cerrar los frentes del proyecto de depuración conjunta entre Soria y Los Rábanos, después del acuerdo de mediados de junio por el que el Consejo de Administración de Acuaes daba luz verde a la licitación del emisario a Sinova, donde se ubicará la planta.

La familia Villar (a través de Hermanos Villar Hernández SL e Industrias Cárnicas Villar SA) es la propiedad más afectada, teniendo en cuenta que el proyecto señala algo más de cinco hectáreas para la ocupación definitiva. Los propietarios han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a que la planta se emplace en el punto elegido en la finca de Sinova y han llegado a ofrecer una alternativa en el mismo espacio. La inundabilidad del espacio y el perjuicio empresarial son los reparos expresados, junto a la consideración de posibles acciones. No obstante, la modificación del proyecto supondría un encarecimiento al tener que prolongar el colector y también se traduciría en una demora en los plazos.

La depuradora se encuentra adjudicada desde octubre de 2013 a la UTE formada por Aqualogy y Aldesa. Se trata de una inversión de 19,3 millones de euros. Entonces el proyecto implicaba además al consistorio de Golmayo y el dinero no pudo ejecutarse debido a las reticencias de esta localidad y de la capital por unos plazos que no garantizaban la ausencia de sobrecostes más allá de lo pactado con Europa. El programa suponía una aportación del 80% en fondos europeos canalizados a través de Acuaes y el resto era el gasto local. Pero todo lo que no estuviera ejecutado en diciembre de 2015 se cargaría directamente a la parte local y en 2014, cuando se declinó el plan, no estaba licitado el emisario y tampoco estaba clara su fórmula de financiación de cara al siguiente periodo europeo.

Los actuales criterios de reparto de la UE cargan un mayor porcentaje a la parte local: un 65%, mientras que la financiación europea se limita al 35%. La intervención de la Junta alivió la situación para los consistorios de la capital y de Los Rábanos, al asumir la mitad de la inversión que correspondería a las localidades. En la actualidad la UE aporta el 35% y el resto se divide a partes prácticamente iguales entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad Autónoma (acordó una subvención de 22,2 millones a favor de Acuaes). La capital devolverá el dinero adelantado por la entidad estatal mediante el recargo de las tarifas, según marca la normativa, lo que se prolongará durante 40 años. La Comunidad Autónoma se hará cargo del mínimo coste que representaba en el proyecto el municipio de Los Rábanos. Por su parte, Golmayo se salió de él al considerar resueltas sus condiciones de depuración. La Junta asumirá la ampliación de su planta.

Con las expropiaciones en fase inicial se cierra un ciclo, pues el túnel colector hasta Sinova se encuentra en el anuncio previo a su licitación. Y hay margen para construir el conjunto, que tiene que estar en servicio en 2023.