Junta y defensa recurren el fallo contra la directora del Santa Isabel

Tanto la Junta de Castilla y León como la defensa de la directora del colegio de educación especial Santa Isabel recurrirán en apelación, ante la Audiencia Provincial de Soria, la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal que considera a la acusada culpable de los delitos de revelación de secretos y otro leve de maltrato de obra, con una pena total de un año de cárcel y 2.100 euros de multa, además de exigirle una indemnización de 3.000 euros que abonar a la denunciante, trabajadora del centro en el momento de los hechos juzgados. La sentencia de lo Penal, por otro lado, absuelve a la encausada del delito de trato degradante que le atribuye la acusación particular, al no encontrarlo acreditado.

Fue el delegado de la Junta de Castilla y León, Manuel López, quien avanzó ayer que recurrirán a la Audiencia Provincial por no estar de acuerdo con la sentencia al entender, «con pleno respecto a la labor de la judicatura, que quizá es excesivo condenar a un director o empleado público por revelación de secretos, por leer un informe que ha hecho la Inspección de la Dirección Provincial de Educación y comunicarlo al claustro». La sentencia recoge las declaraciones de la directora del centro, María Luisa Andrés, en las que reconoce que leyó al claustro el informe, que contenía datos médicos y de salud de la denunciante, y que lo dejó para que el personal del turno de noche lo conociera de forma personal. Dijo que lo hizo en aras a la normalización de las relaciones laborales, dado que la trabajadora había presentado una queja sobre el trato de la directora, y que antes de leerlo pidió autorización al director provincial. No obstante, el fallo del Juzgado de lo Penal matiza que «el hecho de que se concediese autorización para su lectura por la Dirección Provincial de Educación no exonera de responsabilidad penal a la acusada».

El delegado de la Junta, administración que se personó en la causa por su condición de responsable civil subsidiaria, ya que el centro es de titularidad autonómica, indicó que si bien los servicios jurídicos lo tienen claro en lo que concierne al recurso de la condena por revelación de secretos, todavía están estudiando si harán lo propio en la condena por el delito leve de maltrato de obra.

Por su parte, la representación legal de la acusada también informó ayer de su decisión de recurrir la sentencia . En su opinión, se trata de un fallo «absolutamente injusto. Ha sido condenada por elementos externos pero muy cercanos a la posición de la judicatura en Soria». Según la defensa, «no se han tenido en cuenta los argumentos de la defensa y sí otras circunstancias personales de la denunciante», señalando la relación de ésta con la judicatura de Soria. Tal y como consta en la sentencia de lo Penal, la queja de la denunciante ante la Dirección Provincial de Educación, de la que se derivó el informe revelado, se produjo tras una discusión entre ambas. La denunciante, M.A.H.P., comunicó a la directora su intención de solicitar un permiso para ir al médico al día siguiente, pero como el personal que se quedaría en el centro sería insuficiente, Andrés le dijo que se fuera esa misma tarde a urgencias, «iniciándose una discusión entre ambas con gritos mutuos». La denunciante rompió la petición y se fue llorando a una sala, de donde la directora la sacó agarrándola «fuertemente» del brazo, diciéndole «fuera de aquí, ¿no querías ir al médico?», ante lo que M.A.H.P. abandonó el centro «muy nerviosa y disgustada».