El IBI subirá un 1,8% el próximo año con el ajuste del tipo impositivo al IPC

Decisiones sobre la fiscalidad en otoño, de manera que los cambios entren en vigor en el siguiente ejercicio. Han pasado doce meses desde que la Comisión de Hacienda se reuniera para dictaminar las novedades en las ordenanzas y ayer volvió a hacerlo con tiempo suficiente para finalizar el proceso antes de que acabe el año. Si el año pasado se decidió que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) fuera uno de los ingresos que permanecieran invariables en 2019, de cara a 2020 sucederá lo contrario. El tributo subirá en un 1,8% al ajustarse el tipo impositivo a la inflación. Y el resto de impuestos y tasas queda congelado, frente al IPC aplicado a 12 ingresos en 2018 para afrontar este año. El equipo de Gobierno busca así que la recaudación esté al día y evitar desajustes.

El 1,8% de elevación resulta de modificar el tipo impositivo, que pasará del 0,55% al 0,56%. Como en otras ocasiones se suaviza la propuesta de los técnicos, ya que el área económica consideraba preciso llegar el 0,57%. El alza se traduce en «prácticamente el incremento del IPC en estos dos años», señaló el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. Es decir, de la referencia de la inflación de 2018 y 2019. Una vez amortizada en 2018 la cuesta de la ponencia de valores que entró en vigor en 2009 y que supuso un «esfuerzo» para los vecinos en el recibo de cada año en el periodo, ahora el objetivo es no «perder poder adquisitivo», expresó Muñoz.

El equipo de Gobierno no encontró ayer pronunciamientos favorables en la Comisión de Hacienda, más allá de su propio dictamen. Pero tampoco la oposición se mostró como un bloque. Mientras PP y Ciudadanos mostraron su disconformidad negativa, Podemos se abstuvo. «No podemos perder capacidad de ingresos en relación con el coste de la vida», insistió el concejal de Hacienda.

El descarte del IPC en el cobro de 2019, con las elecciones municipales por delante, y su recurso a él para 2020 nada tienen que ver con un cálculo político, señaló Muñoz. A fin de cuenta, recordó, la ponencia de valores catastrales dejó su impacto en un periodo largo, de diez años. Vigente desde 2009 su alcance al alza en el recibo se elevó a una media del 8% anual hasta 2018. Y en ese tiempo se registraron los comicios locales de 2011 y 2015 sin que el impuesto bajara. El equipo de Gobierno mantiene «políticas fiscales que lo que nos hacen es mantener el poder adquisitivo y el poder de ingresos en el Ayuntamiento para prestar servicios», resumió.

La precedente congelación del IBI llegó acompañada de dos novedades en el apartado de las bonificaciones. Así, el equipo de Gobierno incluyó un 60% para las víctimas del terrorismo y de violencia de género y para las familias monoparentales con dos o más hijos menores de edad, sin ingresos por pensión alimenticia, compensatoria o de orfandad.

La segunda ventaja se centró en los locales comerciales sin uso, cuyos propietarios permitan instalar al Ayuntamiento elementos de ornato, con el fin de mejorar la imagen de la ciudad. Para beneficiarse de esta reducción del 20% es necesario que los establecimientos se encuentren inscritos en la bolsa municipal de locales vacíos.

El IBI ha centrado en los últimos años importantes debates en el Consistorio y sus elevaciones han motivado además la recurrente queja de los empresarios. El punto de partida es la actualización de los valores catastrales, medida instada durante el último mandato del PP en el Consistorio (2003-2007) y que contó con el respaldo del PSOE. Hay que tener en cuenta que la ponencia precedente entró en vigor en 1994. La actual, en 2009.

El impacto en el recibo se decidió distribuirlo en diez años y en los primeros el Consistorio atenuó la situación bajando el tipo impositivo, que en 2008 se encontraba en el 0,5%. De esta manera, en 2009 quedó en el 0,475% y en los años siguientes continuaron las disminuciones, que tocaron suelo en 2014. Se determinó entonces un 0,42%, cerca del mínimo legal.

A partir de 2015 el tipo impositivo comenzó una progresión al alza, teniendo en cuenta la aplicación de unos coeficientes reductores a los valores que determinaban su práctica congelación. Con el fin de no perder ingresos y seguir manteniendo los niveles de servicios, inversión y empleo, en 2015 la referencia fiscal se acrecentó al 0,45% y un año después se ajustó al 0,49%. En 2017 al recibo se aplicó un 0,52%, hasta llegar al 0,55% con que se congeló en 2018. Con motivo de la inflación quedará en el 0,56% en 2020.

A la postura negativa de la oposición en los últimos años (al comienzo, las rebajas del tipo para atenuar el impuesto que en cualquier caso iba a subir una media del 8% contaron con su apoyo), se ha sumado la presentación de alegaciones por parte de la patronal FOES, en busca además de bonificaciones. El punto de mayor desacuerdo se produjo en 2017, cuando de cara al acuerdo de elevación de 2018 los empresarios no sólo aportaron reclamaciones, sino también más de 6.500 firmas de rechazo que fueron registradas en el Consistorio. La recogida se realizó a pie de calle, internet y la sede de Vicente Tutor y también a través de formularios en establecimientos y empresas.

Pese a los vaivenes, los datos del IBI de la capital soriana se encuentran en un punto más bajo que las medias de las ciudades españolas. Desde el punto de vista del tipo impositivo asume el decimoctavo menos oneroso, en un entorno parecido al de Córdoba y Logroño. Se trata de la referencia de 2019, que iguala la posición del ejercicio precedente. En este año Zaragoza se significó como la ciudad con el menor gravamen, un 0,4239, y Tarragona como la más cara, un 0,953.

Si se tiene en cuenta la cuota media, Soria se sitúa en la parte baja de la tabla de las capitales españolas. Al cruzar la cuota líquida con el número de recibos se obtiene una cantidad de 274,8 euros. De esta manera su recibo medio sería parecido al de Jaén o Alicante.

Tal ha sido el punto de llegada de las peripecias del impuesto, que en 2008 movilizaba 5,3 millones y un recibo medio de 128,3 euros. En el presente ejercicio, las perspectivas de recaudación (derechos netos) suman 13 millones.