Asden exige a la Junta que se derogue el decreto del PEMA

La asociación ecologista Asden ha invitado a la Junta de Castilla y León a que derogue el decreto del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y al Ayuntamiento de Garray a que inicie el trámite de modificación de las normas urbanísticas municipales, es decir, la recalificación de suelo rústico de 447 hectáreas en el municipio, circunstancia que los ecologistas creen supondría sacar adelante el parque aéreo industrial de la empresa Layônair. La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, ya dejó claro ayer que la propuesta de Asden es inviable porque «todas esas actuaciones se plantean fuera del PEMA y por mucho que ampliemos fuera del PEMA, ¿qué hacemos con las canalizaciones, irnos otros cinco kilómetros fuera teniéndolas en la puerta de casa?», se preguntó.

Los ecologistas sorianos, después de su comunicado de hace unas semanas en el que insistían en la necesidad de derribar las Cúpulas de la Energía para retirar el recurso de casación interpuesto en el Tribunal Supremo contra la PEMA, volvió a dar ‘señales de vida’ para plantear lo que ellos consideran una solución «inmediata»: habilitar suelo rústico pero alejado del Parque Empresarial del Medio Ambiente. Ambos, eso sí, se emplazan a una nueva reunión que podría acercar posturas, aunque después de la celebración de las elecciones generales del 10N.

Asden explica en su comunicado que «el presidente de la Diputación de Soria y dos de sus vicepresidentes, José Antonio de Miguel y María José Jiménez, han señalado a Asden como la entidad responsable de la imposibilidad de desarrollo del proyecto aeroportuario de Garray», y añade que «de forma general se ha divulgado su discurso sin mediar un análisis contrastado de las informaciones y afirmaciones que estas personas estaban lanzando, todo ello dando por válidas las demagógicas perspectivas de creación de entre 400 y 1.500 empleos», Los ecologistas sorianos, por tanto, vuelven a poner en tela de juicio el número de puestos de trabajo que generaría el parque aéreo industrial.

Asden-Ecologistas en Acción reprocha también que hace 15 días presentó «unas sencillas consideraciones» al proyecto de aeroparque para que la Diputación las tuviera en cuenta. Documento y estudio que «los propios técnicos de la Diputación de Soria y de Garray podrían haber elaborado previamente con mayor calidad urbanística y jurídica, y así permitir que las autoridades conocieran las ventajas, obstáculos y posibilidades de desarrollar el proyecto antes de divulgarlo tan alegremente». No ha gustado nada entre los ecologistas que «a pesar de las consideraciones que se enviaron a la Diputación de Soria, algunos de sus representantes se mantienen en sus infundadas descalificaciones hacia Asden».

Por ello desde la asociación precisa que el pasado viernes remitió un nuevo documento a la Diputación «en el que se muestra de forma más detallada y gráfica la disponibilidad de terrenos ajenos al PEMA que están a disposición del proyecto de Layonair con una mínima tramitación urbanística municipal», y precisa que existe una parcela de 10 hectáreas urbanizadas (con calles, aceras, tomas de agua, luz, etc) y un aparcamiento de la antigua Ciudad del Medio Ambiente de 7.254 m² de superficie que están fuera del litigio judicial».

Asden finaliza su propuesto recordando que «en un proyecto aeroportuario (y en sus previsiones de empleo) es esencial la planificación y ejecución de una pista de más de 3 kilómetros de longitud (similar a la del aeropuerto de Teruel) que según la cartografía de Layônair invadiría la superficie ya urbanizada por el PEMA».

Para la alcaldesa de Garray, sin embargo, ironizó sobre la actitud de los ecoligistas: «La culpa nunca la tienen ellos. Tenemos que ser más serios y ellos saben que si retiran el recurso ante el Supremo podemos entregar ya esas licencias a las empresas y desarrollar el proyecto del parque aéreo industrial. Debemos ser más serios», reiteró.

Jiménez subrayó que «no se puede separar el PEMA porque todo es uno, un proyecto», y recordó a Asden que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «es favorable a la Junta, y a partir de ahí, Asden tiene en su mano retirar esas alegaciones y nosotros conceder mañana mismo esas licencias».

La Diputación, que ha mantenido contactos con la empresa, aboga por mantener un encuentro «con el presidente de Asden, ya que ellos lo cerraron de un carpetazo, y que no bloqueen un proyecto que ahora mismo es el único que hay sobre la mesa en la provincia».

En cualquier caso, las negociaciones, efectivamente, se posponen hasta el 11 o 14 de noviembre, al margen del proceso electoral, «para que no nos acusen de electoralismo», explicó la alcalde de Garray.

Así las cosas, las posturas parece que se acercan en el sentido de celebrar nuevas reuniones, si bien las exigencias de Asden se recrudecen, ya que antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, pide a la Junta que derogue el decreto del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que de momento cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.