El fiscal no ve indicios de delito en la presunta red de trata de blancas

La Fiscalía de Soria ha solicitado al juez del Juzgado de Almazán, que instruye la causa, el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra los implicados en el caso de la presunta red de trata de blancas que se desarticuló en 2016 gracias a la operación Gavelo desarrollada por la Guardia Civil conjuntamente con las Policías de China, Francia y Andorra, coordinada por Europol.

La Fiscalía pide el sobreseimiento por no encontrar indicios suficientes de delito, dado que no hubo pruebas contundentes que avalaran lo derivado de las conversaciones telefónicas, claves para la investigación de los implicados, siete de ellos ingresados en prisión y cinco en libertad con cargos como consecuencia de esta operación policial que concluyó con el desmantelamiento de una organización dedicada a la trata de seres humanos en las provincias de Madrid, Soria, Lleida, Girona, Valencia, Zaragoza y Toledo, y la liberación de 29 mujeres que presuntamente estaban siendo explotadas sexualmente por la organización.

Ninguno de los implicados se encuentra en prisión desde hace más de dos años.

Entre ellos el ciudadano chino residente en Ólvega L.L., regente de un bazar en dicha localidad soriana desde hacía años, que fue detenido en Madrid en el marco de esta operación internacional contra la trata de blancas, que fue considerado cabecilla de la trama por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán y como tal presunto autor de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, prostitución y trata de blancas con fines sexuales.

Según se derivó de la operación Gavelo, una vez captadas las mujeres chinas para obligarlas a ejercer la prostitución, él era el encargado de asignarles un destino. Además de los 29 detenidos se practicaron 22 registros domiciliarios (10 en Madrid, dos de ellos en locales de ocio, cuatro en Valencia, dos en Soria, tres en Zaragoza, uno en Gerona, otro en Lérida y uno en Toledo).

Durante la investigación se averiguó que las mujeres eran captadas en distintas zonas de China, para posteriormente, mediante engaño y con falsas promesas laborales, ser trasladadas a España. Algunas previamente hacían escala en otros países, donde igualmente ejercían la prostitución, tal y como informó en su momento la Subdelegación del Gobierno.

Una vez en España, las víctimas eran distribuidas en viviendas con pésimas condiciones de habitabilidad que la organización poseía en diferentes provincias, ejerciendo las ‘madames’ y los hombres de la red un férreo control mediante sistemas de vídeo vigilancia en las viviendas; los traslados para ejercer la prostitución eran realizados por conductores de la trama. Para vencer la resistencia de las víctimas, en sus viviendas, hoteles o locales de ocio, eran obligadas a ingerir drogas y medicamentos.

La investigación se inició un año antes, en 2015, tras una inspección en un local de alterne de la localidad soriana de Adradas, en el que los agentes identificaron a dos mujeres de nacionalidad china que presumiblemente se encontraban en el mismo ejerciendo la prostitución contra su voluntad. La investigación permitió identificar a una persona, regente de un bazar en Ólvega, como el que había enviado a esas dos mujeres a trabajar como prostitutas en ese local.

La Guardia Civil destacó en su momento que la presencia de cinco agentes chinos junto a los españoles en los registros, así como el análisis de documentación, la asistencia a las víctimas y las consultas en bases de datos de delincuencia del país asiático son un hito en la colaboración policial a nivel internacional. Era la primera vez en España que este tipo de colaboración operativa sobre el terreno se traduce en la presencia física de policías desplazados expresamente desde China.