La falta de médicos condiciona también la atención en la cárcel

Instituciones Penitenciarias reconoce el mea culpa por no contar con médicos suficientes que atiendan las necesidades de los distintos centros, una consecuencia de la falta de facultativos que opten a este tipo de servicios. Como dato, a la oferta de 31 plazas de empleo público para médicos de prisiones en todo el país solamente se presentaron diez y únicamente cuatro han culminado el proceso y se han incorporado.

Una realidad que está causando más de un problema en la cárcel de Soria donde actualmente sólo un médico presta servicio. En verano se produjo la jubilación del compañero, según informaron desde Instituciones Penitenciarias, mermando la atención por una mera cuestión numérica.

Esta circunstancia está provocando una mayor carga de trabajo en las tres enfermeras que desarrollan su labor en el centro penitenciario de Soria, según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse, derivando en una «situación de presión laboral y enorme estrés». Según denuncian, deben atender a 165 internos, muchos de ellos con una gran demanda de asistencia, «sin que muchos días esté presente el médico del centro».

La secretaria provincial de Satse Soria, Silvia Aceña, destaca que al menos cien de los reclusos tiene problemas psiquiátricos y por lo tanto reciben tratamiento con psicofármacos, «teniendo en cuenta las dificultades que pueden generar este tipo de internos con los que hay que lidiar».

«Las enfermeras del centro se ven en muchas ocasiones en situaciones comprometidas, pues deben permanecer solas en el centro, prestando la asistencia sanitaria que se precise y realizar guardias localizadas sin un médico a quien recurrir en caso necesario», critica el sindicato.

A todo ello se suma el hecho de que las enfermeras no pueden prescribir medicamentos ya que el desarrollo del Real Decreto de prescripción enfermera está parado en Castilla y León, lo que agrava la situación.

Satse Soria critica que solo haya un médico en este centro penitenciario y que «muchos días no se encuentre en el mismo, lo que obliga a las tres únicas enfermeras de la prisión a asumir la responsabilidad de toda la asistencia directa de la salud de los internos».

El sindicato destaca que las tres enfermeras llevan años trabajando en este ámbito y por lo tanto tienen experiencia en la materia, pero la situación se ha hecho «insostenible» al no poder afrontar todos los retos que los reos presentan cada día. De hecho, las profesionales se ven obligadas a recurrir a los servicios médicos extrapenitenciarios para que sea un facultativo el que pueda realizar un diagnóstico y por lo tanto una prescripción médica. «Si no está, tienen que llamar al servicio de urgencias y emergencias 112, lo que ocurre con mucha frecuencia, o bien hacer un traslado al hospital, porque ellas no pueden hacer frente a todo eso», explica Aceña.

En ese sentido, desde Instituciones Penitenciarias insisten en que aunque exista falta de médicos, algo generalizado en cárceles de toda España, la atención a los internos está garantizada precisamente por la posibilidad de atenderles extrapenitenciariamente. «Si surgen un problema y el médico no está se deriva al hospital, ese es el protocolo establecido, pero los internos están atendidos», recalcan desde Instituciones Penitenciarias.

Satse considera que se deben cubrir todas las plazas existentes en la prisión de Soria según la relación de puestos de trabajo, RPT, «para que haya presencia médica en el mismo todos los días porque de lo contrario, las enfermeras se están viendo en una situación muy comprometida». El sindicato afirma que verbalmente les han confirmado la autorización para contratar a un médico durante seis meses, aspecto que no confirma Instituciones Penitenciarias.

Asimismo, reitera Satse su reclamación de que se cumpla la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que determina la transferencia de los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas, de modo que esos servicios sanitarios se integren plenamente en los respectivos servicios de salud autonómicos. «Esto tenía que haber sido efectivo a los 18 meses de la entrada en vigor de la citada Ley en 2003 y han pasado 16 años», reivindica el sindicato. Una reclamación que también hace Instituciones Penitenciarias, que considera necesario ese traspaso de competencias que actualmente sólo existe en Cataluña y País Vasco, aunque se está trabajando en ello en Navarra y Baleares.