Una trabajadora de la residencia Gaya Nuño denuncia por acoso a la dirección

Una trabajadora de la residencia juvenil Gaya Nuño ha presentado una querella criminal contra el director y la gobernanta del centro por un presunto delito continuado contra la integridad moral en el ámbito laboral, admitido a trámite para iniciar las diligencias oportunas. Según la denuncia de M.Y.S.S., que ejerce de cocinera en régimen de interina, actualmente de baja, tanto el director, J.S.P., como la gobernanta, T.M.C., «abusan de su posición de superioridad», «realizando de manera constante actos hostiles que producen un desequilibrio moral» sobre la querellante, lo que supone «un grave acoso». La querella hace referencia a un «hostigamiento constante» y «persecución» sobre la trabajadora, «asignándole tareas que exceden de sus competencias con la finalidad de agobiarla y así poder desacreditarla y hacerla quedar como una inútil, lo cual plasman tanto el director como la gobernanta en informes y partes con la finalidad de denigrarla moralmente en su ámbito de trabajo».

Los hechos a los que se refiere la querella se remontan al año 2017 cuando se produjeron varios episodios que supusieron la apertura de un expediente y sanciones muy graves a la trabajadora, que finalmente fueron anuladas por decisión del Juzgado de lo Social de Soria, tal y como hace constar la documentación incluida en la denuncia.

El primer momento de tensión objeto de la querella se produjo en marzo de 2017 motivado por la elaboración de unas tostas de jamón por parte de una de las ayudantes de cocina, al parecer de una manera que no satisfizo a la gobernanta, apenas unos días después de que la cocinera M.Y.S.S. hubiera ordenado tirar cerca de cien hamburguesas en mal estado, después de haber comunicado al director cómo se encontraba el género. Días más tarde, la querellante recriminó a la gobernanta que no estuviera en el almacén la comida a tiempo para elaborarla, teniendo en cuenta que en la residencia comen más de 90 personas. La acusó de mala profesional y de no realizar los pedidos a tiempo y lo comunicó al director para quejarse.

El tercer incidente se produjo al solicitar un día libre por prueba médica el otro cocinero, el día de descanso de la querellante. Aunque la dirección le dijo que tendría que trabajar, ella se negó, y tanto el director como la gobernanta se personaron con una nota de régimen interno para que fuera firmada por M.Y.S.S., algo que no hizo por no llevar sello de registro. Finalmente la denunciante trabajó ese día por falta de más personal en la cocina. Esa misma jornada, tal y como consta en la querella criminal, la trabajadora sufrió síntomas de un ataque de ansiedad, «a causa del estrés durante toda la jornada» y recibió la baja.

A tenor de estos hechos, el director, J.S.P. emitió un informe imputando a la cocinera incidencias ocurridas durante varios días en el servicio de cocina, alegando que «no tiene respeto ni hacia sus compañeros ni hacia sus jefes directos», y haciendo constar «la dificultad que supone la presencia de M.Y.S.S. a la hora de realizar el trabajo diario, insinuando que no realiza el trabajo con la diligencia debida, tachándola de incompetente».

Al incorporarse de la baja seis meses después, la querellante se negó a recibir un pedido, por entender que era competencia de la gobernanta, quien emitió un informe de incidencias contra la trabajadora. La comisión paritaria dictaminó posteriormente que la cocinera tenía razón al negarse. El director emitió otros dos sobre este aspecto y la ausencia de una ayudante de cocina, de lo que hizo responsable a la querellante.

Ya en marzo de 2018, la gobernanta recriminó a la trabajadora que los pedidos no estuvieran colocados en el almacén y le dijo que acudiera al despacho del director. Éste emitió un nuevo informe, lo que finalmente derivó en un procedimiento disciplinario, «por no desempeñar correctamente su trabajo, incurrir en faltas de respeto hacia sus compañeros y desobedecer las órdenes e instrucciones de la dirección». Éstas fueron anuladas por el Juzgado.

La querellante insiste en que constantemente se emitieron informes de incidencia «que no tienen una justificación razonable».