La Junta compromete 80 oposiciones en 2020 para bajar la interinidad al 10%

El ya inminente 2020 será el año de la estabilidad laboral en el sector público, o al menos esa es la intención de la Junta de Castilla y León. El consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció ayer una auténtica oleada de convocatorias para reducir la tasa de interinidad por debajo del 10%. En la actualidad hay capítulos donde se sitúa en más del doble de porcentaje.

«Tenemos unas tasas de temporalidad que no son deseables y por tanto uno de los esfuerzos principales con el que estamos comprometidos es con reducir esas tasas de interinidad o temporalidad. Evidentemente» las cifras actuales «no son buenas porque generan inestabilidad en las personas que están ocupando esas plazas de modo temporal», aseveró en el marco de un acto sobre conciliación.

Por ello anunció durante su visita a Soria que «antes de octubre de 2020 tenemos previsto en la Junta convocar hasta 80 procesos selectivos para conseguir que las tasas de temporalidad, que ahora superar el 20%-25% en algunos sectores, puedan reducirse incluso por debajo del 10%» como norma general. «Es un objetivo que creemos que puede ser alcanzable para el año 2020. Por eso vamos a convocar, como decía, hasta 80 procesos selectivos», reiteró Ibáñez.

El consejero insistió en que «nuestra apuesta por la consolidación del empleo público va a ser decidida para esta legislatura» y puso un ejemplo cercano. Fue el de la aprobación reciente de la «oferta de empleo público para el año 2019, que tendrá 3.500 plazas asignadas. Ya hemos puesto en marcha otras convocatorias de empleo público anteriores, de 2017 y 2018».

En términos más precisos «esta misma semana se convocan ya hasta cuatro procesos selectivos para 650 personas, de las cuales 60 serán para la provincia de Soria. Principalmente, centrados en el desarrollo de actividades profesionales vinculadas al ámbito de los servicios sociales». La intención es «que podamos desarrollar a lo largo de esta legislatura una mayor consolidación de empleo público».

No es el único proceso relativo al empleo público contemplado a muy corto plazo. «El de esta misma semana se complementará con otros cuatro procesos en la primera semana de enero. Van a ser ocho. Pero hasta 80 convocatorias haremos antes de octubre de 2020».

En clave local, la puesta por la estabilidad laboral del Ejecutivo autonómico tiene un peso muy significativo. No en vano Ibáñez recordó que «la Junta de Castilla y León es la empresa más grande de toda la provincia de Soria porque da empleo a 5.300 personas que en distintas facetas trabajan para prestar unos servicios de calidad a la provincia de Soria».

Preguntado por la posibilidad de atraer profesionales médicos, uno de los grandes debe del empleo público, anunció que se trabaja en ello aunque eludió concretar cómo. «Sin ánimo de introducirme en competencias de otra consejería, creo que desde Sanidad se está haciendo un esfuerzo para poder hacer cambios en la sanidad de Castilla y León. Todos los cambios pueden generar algún tipo de situación de rechazo. Tenemos que ser capaces de explicarlo bien. Y entre esos cambios se incluirán estrategias que permitan disponer de profesionales allí donde se necesitan».

«Soria es un ejemplo de esas necesidad», prosiguió el consejero de Presidencia. «Hay determinados especialistas que son complicados de cubrir. Se está también tratando de que esa situación se pueda corregir tanto en Soria como en otras provincias de Castilla y León. Sin duda es otro de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en esta legislatura».

Por otro lado y debido al cariz del acto en el que iba a presidir, con hijos de los trabajadores de la Junta, presentó la convicción de que en los próximos años la conciliación será uno de los grandes ejes de Gobierno. «La Junta de Castilla y León durante esta legislatura va a poner en marcha y desarrollar reglamentariamente la reciente Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral que se aprobó por parte de las Cortes en abril de 2019 con distintas iniciativas».

Entre ellas hay subvenciones para la reducción de jornada por el cuidado de los hijos o de dependientes; la puesta en marcha del programa Canguros para prestar atención en los municipios más pequeños; e importantes ayudas y deducciones fiscales para las familias en apoyo a la natalidad, con especial atención al medio rural, familias numerosas, aquellas que tienen al cuidado a personas con discapacidad; así como deducciones en la cuota del IRPF por nacimientos o adopciones. «Porque unos empleados que estén satisfechos y prestando bien su desarrollo profesional evidentemente podrán generar mejores servicios públicos para todos los ciudadanos».

No obstante la idea es que se llegue más allá y las empresas transiten esta misma senda. La propia Ley «contempla que poco a poco, en el ámbito de la empresa privada se vayan incorporando también medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral. Es muy importante. Estamos ante uno de los retos que más nos ocupan como Comunidad Autónoma, que es el reto demográfico». Eso sí, «siempre respetando la libertad» de maniobra del sector privado.

«Evidentemente tener familias es fundamental para el desarrollo de una tierra como Castilla y León y eso sólo se consigue si todos generamos un clima en el que la gente pueda desarrollar sus proyectos familiares, que sean compatibles con sus trabajos», concluyó Ibáñez.