Las certificaciones de eficiencia energética crecen un 20% en sólo un año

En un año el número de certificados de eficiencia energética de edificios entre viviendas y edificios terciarios en la provincia ha repuntado casi un 20% y principalmente los de las viviendas individuales que se encuentran en bloque, es decir, apartamentos o pisos. En total, se han emitido 691 nuevos, de los que 479 han sido de este tipo, lo que supone el 70% de todos los realizados en 2019. El motivo, según el sector inmobiliario, es la mayor concienciación entre los propietarios de contar con la inspección a la hora de alquilar o vender. Algo que ha costado seis años, desde que entró en vigor la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en junio de 2013, una normativa que aprobó el Gobierno central para adaptarse a la nueva directiva europea de 2020. Y es que la Unión Europea estableció una serie de objetivos en el ‘Paquete 20-20-20 Energía y Cambio Climático’ para todos los países miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% de energías renovables, junto a un objetivo indicativo de mejorar la eficiencia energética en un 20%.

Este estudio energético se trata de un trámite obligatorio en caso de arrendamiento o compraventa de un inmueble. Desde entonces, la Junta de Castilla y León ha dado vía libre a 4.490 certificados de eficiencia energética en la provincia de inmuebles, entre viviendas y edificios terciarios, construidos antes de 2007, cuando entró en vigor el nuevo Código Técnico de Edificación, que es el que contemplaba el requisito. De ellos, 84 se han tramitado a edificios nuevos. 

No obstante, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE), que data del año 2011, todavía quedan más de 32.000 viviendas anteriores a esa normativa que no cuentan con el certificado y que en caso de entrar en una operación comercial deben pasar por la inspección, o se podrían enfrentar a sanciones de entre 300 y 6.000 euros, según el proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que aprobó hace dos años el Gobierno de cara a adaptarse a la nueva directiva europea para 2020. De ellos, casi 10.000 inmuebles están vacíos y todavía más susceptibles de poderse poner a la venta o en arrendamiento. La norma establece un control externo e independiente de las certificaciones, de forma que las inspecciones de los edificios de nueva construcción terminados e inscritos en registro deben ser realizadas por técnicos de Industria y Consumo. La finalidad del certificado de eficiencia energética es dar un elemento decisorio más al comprador o arrendatario y realizar este trámite puede conllevar cuatro o cinco días si se tiene en cuenta la visita del técnico, la elaboración del informe y la presentación en el registro. 

Precisamente la antigüedad de los inmuebles hace que suspendan la mayor parte de las viviendas que se someten a la certificación de eficiencia energética. Del total, 4.490, sólo el 13% ‘aprueba’, 592. El resto suspende en eficiencia energética, según los datos facilitados por la Delegación de la Junta en Soria.  

En esta escala que va de la A (más eficiente) a la G (menos), la mayoría de las 4.490 viviendas ya existentes certificadas en Soria falla en eficiencia. El 87% fueron calificados de la letra D hasta la G. Y la mitad de ellas contó con la calificación E, muy por debajo del nivel considerado como óptimo tanto para el medio ambiente como para el bolsillo. Solo 249 obtuvieron la calificación A y 82 la B, 261, el certificado C, 561 consiguieron la calificación D, 2.073 la E, 422 la F y 488, la G. Esto supone que el grueso de las edificaciones que cuentan con el visado energético desde el 1 de junio de 2013 emite más de 17 kilos de CO2 por cada metro cuadrado de vivienda al año y la mitad de ellos supera los 26 kilos por metro cuadrado, cifras muy por encima de los 6,8 kilos por metro cuadrado de las viviendas más eficientes que cuentan con la letra A. Es más, más de un 10% de los inmuebles certificados se encuentra en la franja roja (la letra G), la menos eficiente y con emisiones de más de 70,9 kilos por metro cuadrado a la atmósfera. Cálculos a partir del análisis del aislamiento de las viviendas, desde las paredes, suelos y techos hasta las ventanas y puertas, y también los equipos de calefacción, refrigeración y ventilación, si los hubiera.

Si se analizan los datos de la calificación de eficiencia energética en función del consumo de energía, aprueba el mismo porcentaje. Sólo 195 edificios obtuvieron la calificación ‘A’, 73 la ‘B’, 251 la ‘C’, 540 la ‘D’, 2.253 la ‘E’, 349 la ‘F’, y 481 la ‘G’.

A estos se suman los 296 certificados realizados a edificios terciarios, o de uso público o común. De ellos, 17 consiguen la categoría A; otros 19, la B; 77, la C; y el resto también suspende: 99 cuentan con la letra D; 64 reciben la calificación E; 48, la F; y 30, la G.