Los alojamientos rurales exigen a la Junta que replantee las nuevas restricciones

Cuatro asociaciones profesionales de alojamientos rurales de la Comunidad se han unido para reclamar a la Junta su derecho a trabajar dignamente y con libertad, de la misma manera que están al corriente de los impuestos y que además, recuerdan, no han mermado durante la pandemia.

Tursoria, Valladolid Rural, Atra Ávila y Asastur (Arribes Salmantinas de Turismo Rural), entidades que en su conjunto suman más de 500 asociados, se han dirigido estos días al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para exigir que la Administración cumpla con un turismo rural acorde con la normativa y la situación actual, ya que las nuevas medidas aplicadas desde el fin del estado de alarma les parecen “abusivas, injustas e incoherentes”.

En el comunicado, firmado por los presidentes de las cuatro asociaciones, Beatriz Calavia, Luis Ángel Chico, Daniel Pérez y Óscar Hernández Pascua, lamentan, asimismo, que la Junta haya abandonado al sector a su suerte durante la pandemia con escasas ayudas al turismo rural, y ponen de manifiesto que ya que bloqueó sus negocios podía haber ayudado económicamente a mantenerlos.

Y es que los cuatro colectivos profesionales temen que las últimas aplicaciones de restricciones en los alojamientos rurales de Castilla y León tras el fin del estado de alarma les perjudiquen aún más. De este modo, se anticipan con la carta que dirigen Presidencia y a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta porque ven peligrar un año más de pérdidas y temen los resultados del próximo verano que llega después de un 2021 “muy duro y sin ingresos”.

De hecho, Beatriz Calavia constata que apenas hay movimiento en el sector, y las pocas reservas que hay para la época estival podrían irse al traste con todas las nuevas restricciones.

Por eso, en el comunicado solicitan que se revisen nuevamente las restricciones porque les parecen “abusivas, injustas e incoherentes”.

Recuerdan que desde el mes de septiembre de 2020 les están haciendo cómplices de una pandemia que nada tiene que ver con el sector. De hecho, aseguran que la mayoría han permanecido cerrados, bloqueados sin turistas, mientras que los niveles del virus han seguido aumentando. A este respecto, se defendieron ratificando que no son el foco ni los transmisores de un virus que a estas alturas no tienen controlado.

Insisten en que quieren que les dejen trabajar en sus entornos rurales limpios y con los protocolos de seguridad, higiene y normativa que marca el ICTE. Asimismo, piden que den apertura al mundo rural, que “es el entorno más limpio y libre de Covid que podemos encontrar y donde en estos momentos gran parte de la población, mayores, se encuentra vacunada”.

Por ello, exigen que se respete su derecho al trabajo “como dice la Constitución”, que se está viendo seriamente perjudicado. Porque intentan poner nuestros espacios y alojamientos al nivel de las necesidades del transporte urbano, autobuses de línea, trenes o centros comerciales, donde el número de convivientes y niveles de ocupación no son equiparables.

Destacan que las reuniones privadas en domicilios como las reuniones en alojamientos rurales deben ser respetadas por igual, siendo incoherente un trato diferenciado.

Además, estos cuatro colectivos se desmarcan de la manifestación de hoy convocada por SOS Turismo Rural frente a la sede de las Cortes de Castilla y León para protestar contra las medidas «injustas» de restricción de aforos que se aplicarán a sus negocios por parte de la Junta. Aseguran que no se sienten representados por esta plataforma porque no es una asociación registrada legalmente en la Junta como estas cuatro profesionales, con la normativa exclusiva de alojamientos rurales. De hecho, señalan que está liderada por un propietario de viviendas de uso turístico, en pisos con  literas y sin la legislación exhaustiva que se les exige a los establecimientos de turismo rural.