Inspección impone 30 sanciones por fraude detectado en los ERTE

Los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, han sido una tabla de salvación para los trabajadores y por supuesto también para las empresas en tiempos de covid, pero no todos lo han hecho bien. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria, que ha mantenido el celo durante la pandemia, ha detectado 30 infracciones en la provincia que han conllevado sanciones por un valor total de 48.209 euros. 

Un fraude que ni de lejos es la tónica general puesto que las investigaciones llevadas a cabo durante este periodo –desde marzo del año pasado hasta ahora– suman 177 expedientes abiertos, de los cuales han finalizado 161. Esto supone que ha aflorado un 18,6% de infracciones cometidas por las empresas de la provincia. Por relativizar, a principios de año la Delegación del Gobierno en Castilla y León informaba de un 8,7% de fraude en el conjunto de la comunidad autónoma. 

La Inspección de Trabajo ha realizado 886 informes, a petición de la autoridad laboral, en otras tantas empresas que solicitaron un ERTE por la situación devenida de la pandemia, para comprobar que efectivamente estaba justificado. En concreto, han sido 715 en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, además de otros 171 en relación con los ETOP –suspensión temporal del contrato o reducción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción–. 

Es decir, de los 886 expedientes informados en un primer momento, se han iniciado las mencionadas 177 investigaciones posteriores para comprobar si las empresas estaban cumpliendo con los requisitos de la normativa del ERTE que les fue autorizado. «Hasta ahora han finalizado 161 actuaciones pero la actividad continúa y se sigue investigando», explica Paloma Ibáñez, jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Unidad Especializada de la Seguridad Social, quien explica que su labor ahora en relación a los ERTE es  comprobar que efectivamente no hay fraude sobre las exenciones, el mantenimiento del empleo durante los seis meses que se estipuló o la comunicación al Servicio de Empleo, SEPE, de las variaciones, entre otras.

Precisamente una de las principales causas de infracción es la ausencia de comunicación al SEPE de los cambios que se han producido, de la reincorporación del trabajador a su puesto o las modificaciones de horario. «Que estuviera el trabajador compatibilizando el ERTE con el trabajo es una falta muy grave y así la empresa se lo ahorra, pero de ese tipo no se han detectado muchas», señala Ibáñez, quien indica que las multas por este concepto oscilan entre los 6.251 y 187.515 euros, si bien nunca se ha llegado a esta última cifra tan alta.  

 

FALTAS GRAVES 

Son más habituales las faltas graves, como la no información al Servicio de Empleo, cuya cuantía va de 626 a 6.250 euros. Otro de los fraudes detectados en Soria ha sido la presencia de trabajadores sin dar de alta en la empresa, a pesar de tener aún empleados dentro del ERTE.

«Todo esto está previsto en la Ley de Seguridad Social y es cierto que al principio hubo desconocimiento, porque era algo masivo, sobrevenido, pero el Ministerio hizo una labor de información a todas las asesorías y por lo tanto no se puede justificar que se desconociera», afirma sobre los incumplimientos descubiertos.

Según explica la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se ha constatado en toda la Comunidad que empresas en ERTE, con trabajadores regulados y percibiendo prestaciones por desempleo, continúan prestando servicios en la empresa beneficiaria. Del mismo modo, se detectan empresas que no comunican al SEPE las afectaciones y desafectaciones de trabajadores en ERTE, y tampoco se da de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. Así, mientras la empresa aplica un ERTE se comprueba que no ha comunicado el alta de otros empleados. Por último, la Inspección comprueba otros ilícitos administrativos en materia de tiempo de trabajo, como las horas extra.

En cuanto a los sectores, la  jefa de la Inspección Provincial apunta que se han detectado irregularidades en todos, «no es cuestión de sectores sino de empresas concretas», matiza. 

Además, las liquidaciones por exoneraciones indebidas, tras la intervención de la Inspección de Trabajo, ascienden a 6.447 euros. Dichas exoneraciones son las que se aplican para ayudar a las empresas y están vinculadas al mantenimiento del empleo durante seis meses, pero en caso de no cumplirlo están obligadas a devolverlo. «No han sido muchas», reconoce Ibáñez.

Asimismo, las actas de liquidación –lo que no se ha ingresado voluntariamente– de las que informa la Inspección de Trabajo, para liquidar lo que no se ha cotizado, llegan a 38.475 euros, mientras que la liquidación inducida –la que hace la empresa de forma voluntaria– suma 823 euros.

Por otro lado, además de investigar los cumplimientos del ERTE, la Inspección también realizó labor de seguimiento respecto a las condiciones sanitarias y las medidas preventivas relacionadas con el covid. «Al principio hubo desconocimiento pero poco a poco se ha ido normalizando cuestiones como la mascarilla, la distancia de seguridad, etc», añade la responsable provincial.