Demetrio Madrid insta a «salir de la M-30» y «de la calle Santiago»

La descentralización administrativa como una de las cuestiones que hay que abordar de cara al reto demográfico. Demetrio Madrid, expresidente de la Junta, defendió ayer esta medida puesta sobre la mesa por el Ejecutivo central, algo que no sólo debe arrastrar al Estado, sino que también debe producirse en el plano regional. «Hay que salir de la M-30 de Madrid» para dar más oportunidades a los territorios. Y «también las comunidades autónomas tienen que salirse del ámbito de la calle Santiago». Madrid ilustraba así ambas descentralizaciones con espacios conocidos y simbólicos, tanto de la capital de España como de Valladolid: uno de los cinturones de circunvalación de la capital de España y la céntrica calle de la ciudad que nuclea Castilla y León, considerada como representación de otras tantas capitales de las comunidades.

Demetrio Madrid participó ayer en Presura, la Feria Nacional para  la Repoblación de la España Rural organizada por El Hueco, acompañado en uno de los diálogos de Rosa Valdeón. La exvicepresidenta de la Junta se refirió a la fiscalidad diferenciada, sobre la que aseguró que «no tenemos ninguna duda». La fiscalidad como mecanismo de justicia para los ciudadanos no puede tener de cara a los territorios desfavorecidos un cariz de «café para todos». En este sentido, «si no hay una serie de medidas favorecedoras, vamos mal». Valdeón animó además a «quitarnos un poco ese victimismo», pues «no queremos ser víctimas».

La descentralización que asume el expresidente alcanza igualmente al sector privado. Aparte de «determinadas instituciones, determinadas corporaciones», también «la empresa privada tiene que salirse de los centros industriales e irse a determinadas comarcas». En su momento, el PSOE al frente del Ejecutivo regional identificó 58 comarcas naturales en Castilla y León, que necesitaban «especial intervención política, administrativa y presupuestaria». Si bien no todos estos espacios pueden acumular todos los servicios (por ejemplo, un hospital), sí pueden abordarse «determinados lugares que sirvan de centro», realizar instalaciones en «centros estratégicos».

Eso sí, se requiere una «continuidad» en las acciones, más allá del gobierno de turno y, si no, declaraciones y esfuerzos serán «humo». Aquí Demetrio Madrid introdujo el principio de subsidiariedad, que supone espacios competenciales propios, en el que el nivel superior debe obrar cuando el precedente no pueda hacerlo por sí, aunque en primer lugar es este el que tiene que actuar. Este principio «hay que empezarlo a practicar con las márgenes», indicó Madrid, quien antes se había referido a la Constitución y al Estatuto de Autonomía como garantes de la igualdad de los ciudadanos y del derecho a estar en el propio territorio. En el inicio del Estatuto «ya se recoge en aquel momento que una de las situaciones para cualquier institución es dedicarse a la situación de las personas, cómo viven, cuál es la dispersión». Así, «cualquier política de cualquier consejería debe terminar dando solución a esos problemas».

En estos momentos «las administraciones públicas están ya todas comprometidas» con el reto demográfico, refirió Valdeón. «Se ha dado una sensibilización y además en positivo» y «sí que hemos avanzado en estos años». Con la Constitución, los mimbres «ya estaban ahí, igual los habíamos ignorado, pero ya estaban ahí». En la actualidad «hay una visión poliédrica, todos podemos aportar» y «en pocas cosas puede haber tanto que sumar» por «muchas diferencias» que pueda haber. La despoblación «nos afecta a todos, es un problema social por antonomasia», indicó la exvicepresidenta.

El pueblo español alcanzó con la Constitución «la libertad en este país, que nos ha costado mucho», recordó Madrid, quien lamentó que la libertad no ha conllevado «derechos, derechos inmediatos y capacidades». En este sentido, «si no conseguimos la igualdad de oportunidades, los medios para desarrollar esas capacidades, estamos todavía en un estado medio, no hemos desarrollado el mandato del pueblo». Esto implica la «descentralización política», que es «la responsabilidad máxima que hay», y «una responsabilidad que cae de pleno en las comunidades».