El retraso de la A-15 hacia Ágreda deriva en una prórroga de la declaración de impacto

Sin obras a la vista en la A-15 hacia Ágreda, la tramitación se acumula y hay que poner al día no sólo el trazado (penúltimo paso publicado en parte), sino también el visto bueno ambiental. La declaración de impacto está a punto de caducar y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se acoge a la posibilidad de prórroga que ofrece la legislación. Una ampliación de dos años para que el documento no pierda su vigencia, como ya sucedió en 2012. La demora en arrancar los trabajos motiva este paso ante el riesgo de tener que iniciar de nuevo la enrevesada tramitación para el recorrido de Fuensaúco a Ágreda.

El Ministerio de Transportes lanzó la solicitud de prórroga el 27 de enero ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el 24 de febrero se inició la fase de consultas. Los ayuntamientos afectados, la Junta, la Diputación o las confederaciones hidrográficas del Duero y del Ebro son, básicamente, las administraciones consultadas. Aunque el vencimiento de la declaración es el 6 de abril, la petición de Transportes viene a paralizar el plazo. Se acoge así a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, que señala que «la solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de vigencia de cuatro años».

Por otra parte, las administraciones consultadas tienen un mes para emitir sus consideraciones. Según la misma Ley, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene tres meses para aceptar o no la prórroga desde que se registró la petición. Más allá de este plazo y sin resolución expresa «se entenderá desestimada la solicitud de prórroga», señala la norma.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, confirmó la tramitación de la prórroga y mostró su confianza en el visto bueno y que no habrá consecuencias para el documento publicado en 2018. «A este Gobierno no le ha caducado ninguna declaración de impacto ambiental», explicó.

Las penurias en torno al visto bueno ambiental de la A-15 hacia Navarra y sus proyectos aparecen recogidas en la propia solicitud de Transportes, con una larga relación de ‘antecedentes administrativos’ que comienza en 1999, cuando se lanza la redacción del estudio informativo y anteproyecto de la A-15 entre Medinaceli y Tudela. Entonces se hablaba de autopista de peaje. La A-15 hasta Soria lleva años en servicio, pero en dirección a Navarra lleva años empantanada en proyectos y retrasos. Al menos, en todo este tiempo desapareció la intención de establecer peajes.

La declaración de impacto ambiental del recorrido hacia Ágreda se publicó en junio de 2007 en el Boletín Oficial del Estado. En  junio de 2012  no había obras, de manera que «perdió su vigencia al no haber comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cinco años desde la fecha de la autorización o aprobación del proyecto, y no haber solicitado al órgano ambiental pronunciamiento sobre la vigencia». Así que hubo que volver a la casilla de salida.

En diciembre de 2016 la Dirección General de Carreteras dio el visto bueno a la actualización del proceso ambiental de la Fuensaúco-Ágreda y en diciembre de 2017 comenzaba su exposición pública. El 6 de abril de 2018 el Boletín Oficial del Estado sancionaba con la publicación la declaración de impacto del tramo de la A-15.

La causa de la prórroga es clara: no hay obras. El documento pierde su vigencia cuando no ha comenzado la ejecución en los cuatro años o la ampliación de dos (y si aquí no ha arrancado, ya no hay más ampliaciones, se vuelve al punto de partida). La Ley señala como ejecución «cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones» y «así conste a la administración».