Heraldo-Diario de Soria

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El Ayuntamiento de Soria da una tregua al cerro de los Moros al parar los plazos

Voto favorable de PSOE y Podemos y negativa de PP y Ciudadanos a una suspensión determinada por la seguridad jurídica, una pausa que puede durar de tres a seis meses

Un momento del pleno extraordinario. GONZALO MONTESEGURO

Un momento del pleno extraordinario. GONZALO MONTESEGURO

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JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO
Soria

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Aunque a mediados de febrero el Ayuntamiento ya tenía claro que la tramitación del cerro de los Moros debía suspenderse, no contaba con que la fórmula elegida no aportaba la certeza deseada. Tras la Comisión de Urbanismo de entonces los servicios jurídicos alertaron este miércoles de que parecía no bastar con una resolución de Alcaldía y que convenía que el pleno ratificara la paralización de los plazos. La modificación del PGOU sobre el sector del cerro se da así la tregua de la mano de un pleno urgente. No está claro cuánto durará el ‘interregno’ del polémico suelo. En la sesión se habló de una horquilla de tres a seis meses. PSOE y Podemos aprobaron la suspensión de los tiempos del procedimiento, mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra.

La decisión de llegar al pleno agrega un plus de seguridad, si bien del informe se desprende que «no hay ningún guión claro», señaló el alcalde, Carlos Martínez. Al parecer, la situación es bastante inédita y la normativa urbanística no permite precisar cómo proceder. Considerando una inactividad municipal, el promotor del cerro lanzó por su cuenta la exposición pública en 2021, salvando así la aprobación inicial que tendría que haberse dado en el pleno.

Hasta el 6 de marzo tenía el Ayuntamiento para pronunciarse sobre la documentación y las alegaciones, con lo que se cerraría la segunda y final etapa local: el visto bueno provisional. El definitivo corresponde a la Comunidad Autónoma. Y antes de ese 6 de marzo, el lunes, quedan suspendidos los plazos. La parte municipal estima que la promotora Pilares del Arlanzón no ha puesto sobre la mesa algunos informes preceptivos (trámite ambiental, Patrimonio y Protección Civil) y reacciona con lo que aparenta más sólido.

Más allá de esto, el no detenerse ahora «abre la posibilidad de subrogación por parte de la Junta de Castilla y León». Por «autonomía local», interesa que la Comunidad no resuelva el segundo paso, como podría en ausencia de iniciativa local, y se conforme con el tercero, la aprobación definitiva que siempre le atañe.

La oposición coincidió como punto de partida en que la interrupción es al filo de la hora. Las conclusiones fueron distintas y se hicieron patentes desde el principio con la votación de la urgencia, como pleno extraordinario. El ‘sí’ de Podemos antecedió al de la cuestión de fondo y lo mismo la negativa de PP y Ciudadanos.

«Esto se ha hecho mal», expresó Marisa Muñoz, de Podemos, pero «no vamos a dejar pasar ese plazo». Se trata de una «prórroga que nos concedemos» y eso que «la Ley ni siquiera tiene previsto cómo actuar». El ‘no’ del PP se sustentó en que «no son las formas las adecuadas», indicó Ignacio Soria. Para Saturnino de Gregorio, por Ciudadanos, «lo estamos alargando innecesariamente», cuando lo que procedería es la «denegación del expediente», básicamente por la caducidad hace años del trámite ambiental, que no se ha reabierto, aunque juzgó que la falta de los otros dos documentos preceptivos era cuestionable.

El caso es que el informe municipal sobre la suspensión apunta a la «imposibilidad» de denegar, refirió el alcalde. Ni se puede seguir adelante ni ‘tumbar’ sin más la modificación del PGOU presentada por la empresa. Esto segundo sería un acuerdo «nulo de pleno derecho» y además «estaríamos prevaricando». Martínez defendió continuar por la «senda» de los técnicos locales y «no saltarnos los informes preceptivos». Si no, «seguramente puedan caer más de las que ya tenemos», vaticinó sobre una reclamación patrimonial añadida a las dos que hay en curso.

El asunto del cerro de los Moros y la posibilidad de albergar 1.300 viviendas viene de antiguo y los antecedentes no podían faltar en el pleno. El PSOE recordó el «pecado original» del convenio de 2004, por el que el PP aumentó una edificabilidad que fue asumida por el PGOU de 2006. La oposición expresó que han pasado muchos años desde entonces y que se podía haber corregido el caso, bien por una modificación, bien por la prescripción de plazos. Cuando esto iba a suceder en el otoño del año pasado, la Junta aumentó en otros dos la opción de presentar la ordenación. Y la ‘pesadilla’ del cerro no se ha despejado, por más que el Consistorio haya más o menos logrado que la edificabilidad se concentre en la vaguada y queden libres las faldas del Castillo y el propio montículo. Aunque la empresa ha acelerado en los últimos años, poco tiempo después del PGOU ya tramitó una aprobación y ella misma la dejó caducar.

Mientras, se han producido las dos reclamaciones: 1,3 millones por el exceso de edificabilidad que no se puede materializar en el sector; y otra, por algo relacionado con la zona: que el Ayuntamiento pague el justiprecio del suelo de la depuradora. Ambas de la propiedad inicial, la familia Pastor Ridruejo, que vendió el sector a la actual promotora y en varias décadas no se enteró de que no le habían pagado el terreno de la EDAR. Por otra parte, la venta del cerro se produjo por 42 millones, una ‘cifra mágica’ que echa para atrás la idea de dar cualquier paso en falso, pues Pilares del Arlanzón iría con ella al juzgado en el caso de no poder construir injustificadamente.

Ignacio Soria, ayer portavoz en ausencia del titular Javier Muñoz Remacha, reconoció que el acuerdo de 2004 «quizás no fue el más adecuado» y que «hoy por hoy no firmaríamos un convenio con esas características». Pero «ha habido tiempo suficiente para haber modificado esto» y no que «explote en la cara», como está sucediendo. Este «ahora no lo haríamos» causó «sonrojo» en el alcalde, pues el lío en curso se originó con una familia tan ligada al PP como contraparte. Más allá del convenio, el núcleo o «crimen» es el PGOU, que reconoce unos «derechos consolidados de los propietarios» que no perecen por un cambio.

«Teníamos que haber traído aquí la denegación», insistió De Gregorio. Es decir, «desestimarlo y asumir esos riesgos» de reclamación posterior. Y «con ello abrir las puertas de los Condes de Gómara», rechazó el alcalde, en referencia al edificio de los juzgados. Sin una «solución «mágica», la defensa del patrimonio local pasa también por no arriesgar la «chequera» pública.

En clave de partidos, el alcalde expresó al PP su sorpresa por el alineamiento con Ciudadanos, con una semiportavocía del segundo que atribuyó al «nuevo fichaje del señor De Gregorio, que ya manda más que ustedes». Sobre este posible salto al PP, el aludido manifesfó al alcalde que «creo que lo tiene usted más claro que yo» sobre «mi futuro político».

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