El PP reclama la «nulidad» de la modificación de la quinta planta

La nueva legislatura echa a andar y el PP recupera una de las polémicas que marcaron el final del anterior mandato y la propia campaña electoral, la quinta planta del edificio de Pajaritos II. El nuevo grupo popular liderado por Belén Izquierdo ha presentado un escrito de alegaciones a la aprobación inicial de la modificación urbanística 32 en las que pide que se declare la «nulidad» del citado cambio urbanístico aprobado por la sesión plenaria del 20 de marzo.

En aquel Pleno el PSOE se valió de su mayoría absoluta para aprobar esa modificación puntual, pese al rechazo de toda la oposición. El equipo de Gobierno llevó el debate a la ordenación urbanística –cambiar la edificabilidad de una parcela municipal adyacente a la parte superior del complejo–, e incluso reconoció la «voracidad» de una empresa que construyó una planta más –que con este cambio sí sería posible– cuando trámites urbanísticos vinculados como la permuta o los expedientes sancionadores abiertos no habían terminados.

El asunto fue protagonista en la primera semana de campaña cuando se conoció la resolución del expediente de restitución de la legalidad abierto por el Ayuntamiento que ratificaba que la promotora, Domus, debía derribar las construcciones por encima de la cuarta planta en el plazo de dos meses. Esa decisión ya fue criticada por Izquierdo en la previa a la cita con las urnas que acusó al alcalde, Carlos Martínez, de dejación de funciones en este caso.

Ahora el PP retoma el proceso amparado en el periodo de exposición pública del expediente. Una vez conformada la nueva Corporación desde el PPse ha presentado un extenso escrito de alegaciones, firmado por Saturnino de Gregorio, en el que se reclama que «previo informe de los servicios jurídicos y técnicos de Urbanismo, se declare la nulidad de la modificación puntual número 32 del Plan General de Ordenación Urbana».

La principal justificación que plantea el PP para revertir el cambio urbanístico aprobado por el Pleno es que «no puede tramitarse una modificación puntual sobre un documento técnicos que obvia la situación actual de la modificación existente, constando expresamente que no hay edificaciones». Este argumento ya se utilizó en el Pleno de mayo y básicamente pone de manifiesto que el informe que avala la modificación dice que no hay construcciones cuando en la parcela hay un edificio completo y con una planta más de lo permitido.

En este sentido, el PP insiste que no puede sustentarse la aprobación sobre unos informes de Urbanismo que «siguen obviando tales circunstancias en sus informes, a pesar del conocimiento directo de la situación de hecho de la parcela».

Ahondando en la cuestión, el grupo popular, pone de manifiesto que la obra comenzó «al menos» y a tenor de la documentación existente, en el mes de mayo de 2021. Las pruebas aportadas por el PP derivan de las quejas de vecinos de la zona por la suciedad generada por las obras. Sobre esas quejas hay una orden de ejecución de limpieza emanada de Alcaldía en julio de 2021, según el escrito del PP. Hay que tener en cuenta que la licencia de obras se concedió en agosto de 2020, pero sin la posibilidad de iniciar las obras por la falta de documentación como el aval bancario.

La fecha de mayo del 2021 es importante porque es mucho anterior porque evidencia el comienzo de una obra antes de que se realizara el Estudio de Detalles –julio de 2021– que fue denegado y que supuso el origen a la modificación puntual que luego se aprobó. En opinión del PP «tanto el estudio como la modificación son posteriores, al menos, a la cimentación de la obras y por tanto, tienen como objeto la legalización de la obra existente». El PP recalca que al empezar la cimentación de una obra «las zapatas son diferentes para cada proyecto», por las diferencias de altura y volumen que se aplicarían a un edificio de cuatro o cinco plantas. «Nada se dice al respecto en los informes técnicos», lamenta.

Desde el PP consideran que la nulidad de la modificación puntual planteada y aprobada debe ser nulo porque «no se realiza con un real interés general, sino por los intereses particulares de la promotora, como así consta en la justificación, eliminando medianeras, edificabilidad en la parcela municipal –que será objeto de una permuta– y viviendas en las mismas dándoselas racionalmente al edificio colindante, de propiedad privada». Para el PP no se puede dar la aprobación a una modificación que suponga una «pérdida de derechos edificatorios» y en consecuencia una pérdida del «valor» de la parcela que termina recayendo en el «promotor privado» sin que «conste interés municipal alguno y obviando la obligación de la Corporación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos».