El juez obliga a Soria a dar 1,4 hectáreas a los Ridruejo por el Cerro de los Moros

Cuando el Ayuntamiento no ha resuelto las alegaciones sobre el desarrollo urbanístico del Cerro de los Moros, a cargo de la empresa Pilares del Arlanzón, llega una novedad por parte de los antiguos propietarios. La familia Ridruejo, a través de la sociedad Cerro de los Moros. Era uno de los frentes abiertos en esta compleja materia, una reclamación patrimonial por el exceso de edificabilidad que se veía venir a raíz del polémico convenio de 2004, ‘validado’ por el PGOU de 2006. Una sentencia obliga al Ayuntamiento a entregar a la antigua propiedad 14.000 metros cuadrados (1,4 hectáreas) de suelo urbanizable por los derechos que no se pueden ejecutar en el sector.

El alcalde, Carlos Martínez, dio cuenta ayer de la decisión judicial que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fallo actual da un relativo respiro al Consistorio, pues la pretensión de la sociedad era monetizar los derechos, o sea, que el Ayuntamiento abonara 1,3 millones de euros. La sentencia «le da la razón en el sentido de una forma parcial», señaló el regidor, pues «no le estima la valoración» de los 1,3 millones. «Sí le estima que le tengamos que otorgar esos 14.000 metros cuadrados», explicó. Que no haya que abonar dinero es «la única parte, entre comillas, positiva» y en su caso el suelo se asignaría en «cualquier sector» en desarrollo. El acuerdo de 2004 fue «legal», pero venía a suponer un «auténtico pelotazo». Y no sólo por la imposible concesión al Consistorio del área de servidumbre de la línea ferroviaria, unos 43.000 metros cuadrados.

Y es que sociedad Cerro de los Moros (en el convenio de 2004 representada por Rafael Pastor Ridruejo y Diego López Ridruejo) vendió en su momento el sector, haciendo una «caja» de «42 millones de euros». El acuerdo otorgaba unos derechos edificables que no tenían cabida en la zona, de manera que el propio documento señalaba la entrega de suelo como salvaguarda. Lógicamente, el Consistorio no pudo obtener las ‘vías del tren’, observó el alcalde.

La sentencia tiene una lectura en el plano político, ya que el convenio que cerró el PP entonces al frente del Ayuntamiento fue sumamente discutido en su momento y desde entonces. Es una larga herencia de «aquellos que van alardeando de buena gestión» y que está desembocando en reclamaciones «importantísimas». Martínez lamentó estas «malas praxis», ya que «las consecuencias acaban llegando».

Queda pendiente otra reclamación judicial de la familia Ridruejo, en este caso con consecuencias en la depuradora. En su construcción, la Junta y el Consistorio realizaron un expediente de expropiación del suelo, pero parece que el justiprecio nunca llegó a los propietarios, los mismos que el Cerro de los Moros. En este caso la reclamación asciende a 1,2 millones «por la ocupación del espacio de la actual depuradora». Desde el punto de vista del Ayuntamiento, los terrenos «son de propiedad municipal».