El Defensor del Pueblo pide mejoras del área de detenidos de los juzgados

El Defensor del Pueblo pone su mirada en la sede de los juzgados y la Audiencia de Soria y, en concreto, en el área de detenidos. Una visita sin previo aviso el pasado marzo ha desembocado en una serie de recomendaciones, centradas en cuestiones como su ubicación, la limpieza, la seguridad o la confidencialidad en la asistencia letrada, entre otras. La institución que dirige Ángel Gabilondo reclama una respuesta para el seguimiento de las sugerencias, para conocer su curso, si se han aceptado o no. En parte no han sido contestadas, señala la última información disponible.

Y es que, de las seis cuestiones planteadas por el Defensor consta la aceptación de una. Se trata de un tema relacionado con la seguridad, en los momentos previos al traslado a la sede judicial. La institución apelaba aquí a «que se impartan las órdenes necesarias que garanticen el adecuado registro personal de las personas privadas de libertad con anterioridad a las conducciones efectuadas desde el ámbito penitenciario y policial con destino al Palacio de Justicia de Soria».

El emplazamiento del área de detenidos ya en los Condes de Gómara suscita reparos del Defensor. Estima la necesidad de una «ubicación» en «una zona que impida comprometer la seguridad, así como los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen de las personas privadas de libertad». Esto, dado que «se ven expuestas al coincidir con el público que acude a estas dependencias». Por otra parte, el aseo del punto en que se realizó la visita en marzo parece que encontró algún reparo. Por ello, explica que sería preciso que se den «las indicaciones oportunas que garanticen una adecuada limpieza en la zona de detención».

Al Defensor del Pueblo no le constan respuestas en torno a estas sugerencias y tampoco en torno a las relativas al interior de los calabozos y el seguimiento interior. Convendría implantar medidas «que garanticen la indemnidad física de las personas que permanecen en el interior de los calabozos judiciales», así como que «se remuevan aquellos elementos que puedan ser utilizados como sistema de anclaje para fines autolíticos». Fuera de estas dependencias, habla de incrementar «la cobertura del sistema de videovigilancia y videograbación a todas las zonas por las que transiten las personas detenidas a excepción del interior de los aseos».

De la visita resultó que son igualmente mejorables las condiciones en que se abordan las relaciones entre el detenido y el abogado. Reclama que se hagan «las gestiones oportunas que garanticen la asistencia letrada de las personas privadas de libertad sin que se comprometa la seguridad y que la misma se desarrolle con las debidas garantías de intimidad y confidencialidad».

Fueron dos técnicos de la institución quienes se acercaron hasta la sede de los juzgados y la Audiencia Provincial en marzo. Lo hicieron dentro de las funciones de la institución como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, señala la referencia del Defensor.

La sexta propuesta de la institución tiene que ver con el registro. Recuerda así «que se doten los calabozos de las sedes judiciales dependientes del Ministerio de Justicia con un libro registro, supervisado por los distintos decanatos de los juzgados y tribunales, en el que se anoten las incidencias relacionadas con el mantenimiento, limpieza y disponibilidad de recursos materiales de las zonas de detención y custodia, con expresión de la fecha, incidencia advertida, identificación de la persona que realiza la anotación, así como el momento en el que se subsana dicha incidencia, así como que su emplazamiento sea conocido, a los efectos pertinentes».