Sociedad
La Junta devuelve en Soria 400 multas de movilidad y reunión en pandemia
El Servicio Territorial de Sanidad tramitó 665 sanciones pero 267 no fueron abonadas. Los afectados tienen que aportar sus datos bancarios
Sanidad sancionó por incumplir la movilidad entre Comunidades Autónomas y la reunión de personas.
Cuando el Tribunal Constitucional tumbó en octubre de 2021 el Real Decreto por el que se declaró el segundo estado de alarma en época de pandemia, como había hecho con el de la primera, los sancionados durante su permanencia en vigor, desde octubre de 2020 a mayo de 2021, se vieron liberados de las multas. Pero más de dos años después, no todas se han devuelto. El pasado 18 de diciembre, la Delegación Territorial de la Junta en Soria dictó la resolución para devolver aquellas sanciones impuestas en la provincia al incumplir las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas, así como las de reunión, ambas competencias otorgadas al Servicio Territorial de Sanidad de Soria.
Con su publicación ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, se da ya cumplimiento en Soria a la sentencia del Tribunal Constitucional y 398 personas que fueron multadas en la provincia podrán recuperar la cuantía. Las sanciones a imponer podían ser de entre 601 euros y 30.000 euros. Durante el periodo del segundo estado de alarma se sancionó a un total de 665 pero 267 de ellas no llegaron a abonar ningún pago.
Desde hoy mismo, los afectados –cuyo listado figura en el Bocyl– podrán iniciar los trámites para recibir la devolución, comunicando sus datos bancarios y aportando el documento que acredite la titularidad de la cuenta, al Servicio Territorial de Sanidad de Soria, mediante el formulario que recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. Pueden hacerlo de forma electrónica o presencial. Además de ver reintegrado el dinero, se les añadirán los intereses legales de dicha cantidad desde que se pagó la sanción hasta la devolución.
La resolución de la Delegación Territorial de la Junta en Soria revoca las resoluciones sancionadoras en los procedimientos tramitados por incumplimiento de la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la comunidad de Castilla y León, así como de las medidas restrictivas de permanencia en grupos, todo ello regulado en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, el segundo, para contener la propagación de infecciones causadas por el covid. La sentencia del Tribunal declaró inconstitucional varios artículos del Decreto, que incluía la delegación de competencias por parte de las comunidades autónomas. Eliminó así el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad competente, por delegación del Gobierno de España, y que les habilitaba para dictar las órdenes, resoluciones y disposiciones sobre limitaciones de derechos de los ciudadanos.
«Teniendo en cuenta que el acto ha sido dictado en virtud de una norma del presidente de la Junta de Castilla y León, en su condición de autoridad competente delegada, la cual ha sido declarada inconstitucional, procede dejar sin efecto la sanción impuesta a través de dicha resolución», tal y como señala la Delegación Territorial de la Junta en Soria, en su res0lución.
La misma se refiere a dos cuestiones concretas, como son la movilidad entre comunidades autónomas y las reuniones, que se encargó de gestionar Sanidad, ya que el resto de restricciones, como las que afectaban al toque de queda, fueron tramitadas desde la Agencia de Protección Civil –también algunas referidas al derecho de reunión–.
Estas últimas sanciones impuestas, que también resultaron anuladas, ya fueron devueltas por la Junta de Castilla y León, que en abril de 2022 ya publicó las resoluciones de las nueve delegaciones territoriales por las que se revocaban las multas impuestas por incumplimientos de la libertad de circulación en horario nocturno durante el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, al haber sido declarado igualmente inconstitucional. En Soria fueron 249 los expedientes por este motivo, y la cuantía 15.900 euros, según la información del Gobierno regional en su momento.
El segundo estado de alarma impuso el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 23.00 horas hasta las 6.00, permitiendo a las comunidades autónomas adelantarlo o atrasarlo una hora en su territorio, y se prohibieron las reuniones de más de seis personas. Además, el estado de alarma se estableció como instrumento legal para permitir a las comunidades autónomas cerrar sus fronteras y realizar confinamientos parciales o totales.