Heraldo-Diario de Soria

Capital

El TSJ falla que Soria no entregue suelo por el Cerro de los Moros

La sentencia rechaza el recurso interpuesto por la antigua sociedad de los Ridruejo que reclamó al Ayuntamiento de la capital 14.000 metros cuadrados urbanizables en otra parte de la ciudad 

Vista de San Saturio desde el Cerro de los Moros.

Vista de San Saturio desde el Cerro de los Moros.MONTESEGUROFOTO

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJ, da la razón esta vez al Ayuntamiento de Soria y le evita tener que entregar 14.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en la ciudad a la antigua sociedad de Cerro de los Moros, que presentó la demanda para ver compensada una edificabilidad en el paraje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, no contemplaba, pero que sí estaba recogida en el convenio firmado entre los propietarios y el entonces equipo de Gobierno del PP, en 2004.

La sentencia, ante la que cabe recurso al Tribunal Supremo, reboca el fallo de la Audiencia Provincial de Soria que el pasado mes de octubre de 2023 obligaba al Consistorio capitalino a compensar a la sociedad de Cerro de los Moros con los 14.000 metros cuadrados de terreno urbanizable en otra zona de la capital. Dicha resolución del tribunal soriano rechazaba la demanda de la sociedad de que el Ayuntamiento le abonara 1,3 millones por lo que consideraba una edificabilidad no satisfecha, pero sí aceptó la alternativa de compensarlo con suelo.

Una sentencia «tranquilizadora» desde el punto de vista económico, como destacó el alcalde, Carlos Martínez, al dar cuenta de ella tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. El regidor recordó que la antigua sociedad de Cerro de los Moros, autora de la demanda, ingresó 42 millones de euros fruto del convenio con el equipo de Gobierno del PP, que planteaba una edificabilidad que luego no llegó a contemplar el PGOU pero que le dio una plusvalía de la cantidad mencionada. «Se generaron unas plusvalías para una familia insigne vinculada al PP», matizó.

El pleito inicial reclamaba al Ayuntamiento, «y por tanto a los bolsillos de los vecinos», unos 4,5 millones de euros que luego se quedaron en 1,3 millones, o en su defecto, 14.000 metros cuadrados de suelo edificable en otro sector en desarrollo.

«Hoy podemos decir con satisfacción que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos da la razón, e inadmite la demanda. No se accede a la solicitud del reconocimiento a favor de la sociedad de Cerro de los Moros del aprovechamiento equivalente a los 14.000 metros cuadrados ni al 1,4 millones que nos reclamaban», recalcó el alcalde, quien aseguró que esto no es óbice para poner en evidencia «lo equivocado del convenio».

Martínez se refirió al «pecado original de toda esta trama o caso, que al estar en una ciudad como Soria no tiene grandes titulares mediático pero tenía que esta ahí puesto el foco», y que en definitiva se trata de un convenio para la cesión de unos metros cuadrados de suelo rústico con el que, por otro lado, se pudo desarrollar el proyecto de Márgenes del Duero. «Todavía tenemos estos flecos en los que se puede ir mucho dinero, porque todavía cabe recurso en el plazo de un mes», añadió.

Y se suma a otros recursos como el abierto en el terreno de la actual depuradora. La sociedad Cerro de los Moros entiende que ha habido una ocupación ilegal de la parcela, que data en torno al año 1990. «Por la mala gestión, 30 años después se nos plantea una reclamación económica de 1,4 millones de euros», indicó Martínez, sobre un juicio celebrado en diciembre y del que esperan resolución en breve después de quedar visto para sentencia. «Ojalá sea satisfactorio para la arcas municipales pero que son fruto de una gestión nefasta del PP en el urbanismo de esta ciudad», insistió.

Se trata de una expropiación que tramitaba el Ayuntamiento y pagaba la Junta. «Se reclama por una ocupación que ellos consideran ilegal, y llama la atención que tarden 30 años», apuntó el alcalde, matizando que en este barco están las dos partes que defienden el posicionamiento, la Junta como responsable del pago y la tramitación del expediente, y el Ayuntamiento.

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