El PP exige la dimisión «inmediata» de Rey por el caso de la quinta planta

Con la misma contundencia con la que se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, exigió, otra vez, la dimisión «inmediata» del concejal de Urbanismo del Consistorio, Luis Rey, por el caso de la quinta planta. La petición llega después de la citada sentencia en la que se ratifica la resolución judicial en primera instancia que declaraba ilegal la polémica quinta planta y ordena su derribo en el plazo de 2 meses. Izquierdo considera que la concejalía ha quedado «manchada» por una gestión «negligente» y pide también explicaciones al alcalde, Carlos Martínez. Desde el equipo de Gobierno se mostró su «absoluto» respeto por la decisión judicial y su portavoz, Javier Muñoz, recordó que fue el propio Ayuntamiento quién inició los procesos de restitución de la legalidad y sanción cuando se detectó el caso.

El TSJ emitió esta semana las dos sentencias pendientes sobre el caso de la quinta planta que abordaban los recursos de Domus Nebrija contra las sentencias del Contencioso de Soria que, por una parte ordenaba el derribo de la planta construida sin amparo de licencia, y por otra ratificaba la sanción de 150.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por infracción urbanística grave. En ambos procedimientos se desestiman todas las alegaciones aportadas por Domus y se condena a la empresa a asumir las costas, tal y como informó este medio en su edición de ayer.

«La justicia pone negro sobre blanco lo que el PP lleva denunciando desde 2023, y algunos antes», explicó Izquierdo recalcando que «Domus, bajo el amparo del Gobierno del PSOE, ha jugado con las normas». Para la portavoz popular la sentencia del TSJ es «clara y contundente» y evidencia que «la actuación urbanística que nos han intentado colar es un fraude». «No hay interpretaciones ni matices», recalcó. Desde el PP celebran que la justicia «les haya parado los pies» y subrayan que desde el TSJ «se ha desestimado la totalidad de los recurso de Domus, ratificando los criterios de las sentencias anteriores y asumiendo el criterio del PP».

Izquierdo recalca que la resolución judicial pone en evidencia «un fraude» y «la falta de escrúpulos con los que han actuado, las excusas, las maniobras y las justificaciones que se han dado para tapar lo evidente». «No hay escapatoria, se ha intentado hacer una chapuza contra el planeamiento vigente y por tanto, contrario a derecho, pretendían beneficiar a una empresa a costa de una interpretación partidista de la normativa y contra el interés general».

«¿Qué intereses había?», se cuestionó Izquierdo asegurando que «el PSOE, hasta el último momento, ha estado tratando de forzar una operación que como dice la justicia, es un fraude». En este contexto, la líder del PP municipal reclamó la dimisión «inmediata» de Rey y explicaciones a un alcalde «más preocupado por Valladolid». «Han tratado de colarnos una operación fraudulenta, han jugado con la legalidad y con la inteligencia de los sorianos y la justicia les ha desenmascarado, no vale la callada por respuesta, tiene que haber dimisiones y consecuencias», aseveró.

El concejal popular Saturnino de Gregorio recordó que en ambos procedimientos se deja abierto el recurso de casación ante el Supremo. De Gregorio ve pocas posibilidades de que prospere ese tipo de procedimiento, debido a las circunstancias que deben cumplirse, pero sí considera que la empresa explorará esa vía en aras a «jugar con los tiempos» y retrasar la demolición. Un recurso de este tipo, hasta su resolución, puede paralizar todo el procedimiento entre 6 meses y un año y hasta ese momento la sentencia no sería firme y, por tanto, no se puede proceder a solicitar su ejecución. Si la empresa no presentara recurso en 30 días la sentencia del TSJ será firme.

De Gregorio añadió dos ingredientes más a este procedimiento y es que están pendientes tanto la licencia de primera ocupación –cuando hay vecinos viviendo desde primeros de 2024– y la modificación puntual número 32 del PGOU que sí daría cobertura legal a la quinta planta. Ese procedimiento administrativo cuenta con la aprobación inicial y pasó el periodo de exposición pública, en el que el PP presentó alegaciones. Ahora queda pendiente la resolución de esas alegaciones, la aprobación provisional que debe hacer el Pleno y la definitiva que corresponde a la Junta. «No se puede legalizar», advirtió De Gregorio. Desde el PP insistieron en que no descartan recurrir a la vía judicial de nuevo, incluso a la vía Penal si se dan las circunstancias. De la misma forma insistieron que su intención es la defensa del interés general y lamentaron la situación de los «compradores de buena fe» de esos pisos que «han sido engañados» por «la promotora y el Ayuntamiento».

PSOE

«Cuando hay una sentencia, respeto total y absoluto», de esta forma se pronunció el equipo de Gobierno, Javier Muñoz, sobre la sentencia del TSJ relativa a la quinta planta. El edil quiso recordar que «fue el propio Ayuntamiento, cuando se entera de las irregularidades, el que inicia dos procedimientos para la restitución de la legalidad y la sanción económica». Muñoz reconoció que «los técnicos» vieron una posible salida «a petición de la empresa» que evitaba la demolición –las placas solares– y que «es lo que se plantea». «Si la justicia dice que no se pueden colocar las placas, poco más que decir», insistió. «Desde el Ayuntamiento siempre hemos tenido claro que no se podía utilizar como vivienda», afirmó.

El concejal no ocultó la complejidad de un asunto ya que el mandato judicial obliga a la demolición de un planta en un edificio que tiene vecinos residiendo. «Lo primero es pedir disculpas a los que pueden verse afectados, tenemos que actuar con pies de plomo para que no afecte a esos vecinos», explicó avanzando que «no tardando mucho» se expedirá la licencia de primera ocupación. «Haremos cumplir la ley, y si hay que demoler, la empresa lo tendrá que ejecutar, recordar que quedaba la vía del Supremo que paraliza las acciones, pero respetamos la decisión judicial que no es muy diferente a lo que dictó el propio Ayuntamiento». Por último, con respeto a la modificación puntual en tramitación, Muñoz indicó que hay que esperar para conocer la opinión técnica sobre ese procedimiento.