Lozano sale del Ayuntamiento con el área de Personal en plena ebullición

A principios del mes de marzo de 2024 el Ayuntamiento de Soria incorporaba como asesor para el Área de Personal a Alberto Lozano, destacado sindicalista con una larga trayectoria de representación laboral y que en su última etapa había estado al frente de la federación de Servicios Públicos de UGT. El objetivo era encauzar la delicada situación del área con conflictos históricos atascados entre el Ayuntamiento y los representantes laborales. Cuando aún no se ha cumplido un año de ese nombramiento de libre designación Lozano abandona el Ayuntamiento para regresar a UGT, aunque en este caso a la nueva ejecutiva autonómica que se saldrá del congreso que está celebrando el sindicato en Zamora, según las fuentes consultadas por este medio. El asesor deja el área de Personal sin lograr apenas avances y con la representación laboral en pie de guerra contra el equipo de Gobierno.

Ayer se inició en Zamora el Congreso autonómico de UGT en el que Óscar Lobo tomará el relevo de Faustino Temprano. En la directiva confeccionada por el nuevo secretario general del sindicato, según las fuentes consultadas por este medio, figura Alberto Lozano, que cuenta con la total confianza de Lobo. Su entrada en la Ejecutiva autonómica de UGT hace «incompatible» su labor en el Ayuntamiento de Soria. Una vez que se haga oficial la nueva Ejecutiva de UGT Castilla y León, Lozano oficializará su salida del Consistorio soriano ya que, tal y como está explicado, ambas funciones son incompatibles.

El propio alcalde de Soria, Carlos Martínez, justificó el fichaje de Lozano como una apuesta por reforzar el área de Personal del Consistorio, ya que precisamente ese departamento era «una debilidad», según explicó el regidor. Lozano se incorporó de forma inmediata para dar apoyo al concejal de Personal, Eder García, ante la importante labor que había por delante con prioridades como el proceso de estabilización, o la negociación de un nuevo convenio o la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

En estos 10 meses de trabajo en el Ayuntamiento de Soria el área de Personal sigue siendo una fuente de conflictos. El único asunto que se ha logrado desatascar es el inicio del proceso de estabilización de Personal, vinculado a una actualización de la RPT que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE, pero con el voto en contra de toda la oposición y el rechazo explícito de los sindicatos. Queda pendiente una verdadera actualización de la RPT y la renovación de los acuerdos laborales tanto con los funcionarios como con los laborales.

El clima entre los representantes de los trabajadores y el equipo de Gobierno tampoco ha mejorado. Como muestra, el plantón de la semana pasada al concejal de Personal en la negociación para las bases generales para la oferta de empleo público correspondiente a los años 2023 y 2024 provocando que se desconvocara la reunión.

Ayer mismo, desde el Comité de Empresa del Ayuntamiento volvió a evidenciarse la mala sintonía entre las partes con una nueva acusación por parte de los sindicatos sobre la «privatización» de servicios públicos, en este caso, el almacén municipal. A través de un comunicado, el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria, conformado por las centrales sindicales CCOO, UGT, CSIF y USO, expresó su rechazo ante lo que consideran «un proceso de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos en el municipio».

La representación sindical recuerda que hace seis meses rechazaron por unanimidad el boceto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentado por el Ayuntamiento, que fue finalmente aprobado en el Pleno de diciembre «con el rechazo contundente de la parte social». En ese momento trasladaron su «desconcierto» al recibir un documento «sin la base técnica necesaria, con escasos aumentos en el empleo municipal, y que además contempló la reducción de personal en el almacén municipal, disminuyendo en once trabajadores las plazas anteriormente contempladas».

«El almacén municipal es fundamental para el mantenimiento de los edificios municipales y de los colegios de primaria y secundaria», tareas que ahora, según denuncian los sindicatos, «serán asumidas por empresas privadas». En su opinión este hecho se enmarca «dentro de una serie de medidas que ya se han materializado como la privatización de la piscina del Castillo, una de las instalaciones más emblemáticas de la ciudad».

El Comité de Empresa considera que esta estrategia es «una clara maniobra de privatización, cuyo objetivo es reducir el empleo público en favor de la externalización de servicios, lo que supone un grave perjuicio tanto para los trabajadores como para los ciudadanos de Soria». Los sindicatos alertan que estos cambios no solo incrementarán los costos para los sorianos, sino que además afectarán la calidad de los servicios que reciben.

«Es una falta de compromiso con el empleo público y con los sorianos, que tendrán que pagar más por un servicio que antes era realizado por personal municipal. No podemos permitir que se sigan desmantelando los servicios públicos de esta manera», agregó.

Los sindicatos anunciaron que continuarán luchando contra estas políticas y exigen al Ayuntamiento que cumpla con el convenio en aspectos clave como la carrera profesional de sus trabajadores, la promoción interna y el acceso de personas con discapacidad a los puestos de trabajo municipales, entre otras muchas cuestiones que ya han sido denunciadas con anterioridad.